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Daniel Ortega y Rosario Murillo han hecho de Nicaragua un régimen inamovible. El aparato sandinista, además de mantener el control de todos los poderes del Estado y ser en la práctica un sistema de partido único, endurece o relaja los engranajes de la represión en función de sus intereses económicos o de sus equilibrios diplomáticos. Pero el Gobierno también ha encontrado otra palanca para desafiar al país que, pese a ser su principal socio comercial, también es el que más lo golpea a través de las sanciones: Estados Unidos.

El aeropuerto de Managua recibió en el último año más de 1.000 vuelos chárter cargados de migrantes procedentes de Haití, Libia, Marruecos, Uzbekistán o India. Una vez aterrizados y tras pasar el filtro de una red de cobros extraoficiales, los pasajeros comienzan su camino hacia la frontera norte de México. Una larga travesía por Centroamérica y México que, sin embargo, les ahorra las penurias de cruzar la peligrosa selva del Darién. Y esta es solo la última mezquindad de un régimen aislado políticamente, que es capaz de hacer negocios incluso con la migración irregular.

Ortega ha condenado en las últimas semanas a lo que en la práctica es un arresto domiciliario a su propio hermano, Humberto, antiguo jefe del Ejército de Nicaragua. El general en retiro criticó la gestión del Ejecutivo en una reciente entrevista y descartó la figura de Murillo, esposa del mandatario y vicepresidenta, y sus hijos como hipotéticos sucesores. La respuesta fue fulminante: las fuerzas de seguridad le requisaron los teléfonos móviles y los ordenadores y lo citaron en comisaría. Después lo confinaron en su domicilio, del que solo salió días después para ser trasladado al hospital militar con síntomas de infarto.

Humberto Ortega sufre lo que han padecido cientos de presos políticos en Nicaragua desde el recrudecimiento de la represión, que se aceleró tras las protestas de 2018. La mayoría de ellos, del obispo Rolando Álvarez a Dora María Téllez, la Comandante Dos de la revolución sandinista, fueron después liberados, desterrados y despojados de su nacionalidad y de sus bienes. Sin embargo, aún quedan en Managua 141 detenidos por razones políticas. Estos presos no solo padecen la persecución de un régimen autoritario, sino que afrontan también el olvido de buena parte de la sociedad, y sus familiares lamentan que no haya campañas públicas para exigir su liberación al ser considerados opositores con poca exposición.

Pero este aciago panorama resulta aún más grave por la falta de perspectivas. La oposición ha sido aniquilada y desarticulada por el sandinismo, una eventual transición está rodeada de incertidumbre y la pareja gubernamental rechaza de forma sistemática cualquier amago de mediación desde el fracaso de los últimos intentos de diálogo. Nada se mueve en Nicaragua, y la principal consecuencia es un país condenado a la barbarie totalitaria.

EDITORIAL, EL PAÍS