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El gobierno de Daniel Ortega ha empezado a confiscar las propiedades de antiguos presos políticos y disidentes obligados al exilio, al igual que hizo el país en la década de 1980.

Trabajadores con chalecos de construcción de color naranja brillante se presentaron en una casa en la capital de Nicaragua, Managua, con herramientas para forzar la cerradura y quitar los armarios.

Días antes, empleados de la oficina del fiscal general fueron a otra casa de Managua y dijeron que ahora era propiedad del Estado. Los hombres que llegaron en camiones de la policía a una tercera casa en las afueras boscosas de la ciudad venían con mazos.

Camilo de Castro, un cineasta cuyo trabajo es crítico con el gobierno, dijo que los agentes de la policía que llegaron a su puerta estaban dispuestos a derribarla.

De Castro y los otros dos propietarios, Gonzalo Carrión y Haydee Castillo, son todos activistas de derechos humanos que se encuentran entre los más de 300 nicaragüenses declarados traidores este año por el gobierno sandinista, sin derecho a la ciudadanía ni a la propiedad.

En los últimos días, el gobierno ha empezado a hacerlo oficial de forma descarnada, desplegando y confiscando propiedades de sus oponentes, incluidas las casas de dos exministros de Relaciones Exteriores.

La campaña es una reminiscencia de la primera época del partido de izquierda en el poder, en la década de 1980, cuando los sandinistas expropiaron viviendas, lo que desencadenó litigios judiciales que duraron años. El actual líder del país, Daniel Ortega, lideró la Revolución sandinista que los llevó al poder y vive en una casa que confiscó hace décadas.

Ortega fue derrotado en las urnas electorales en 1990, pero tras algunos cambios en la Constitución que posibilitaron su triunfo, Ortega reclamó la presidencia en 2007. Pasó la siguiente década mermando la democracia del país a través de su interferencia a la Asamblea Nacional, las elecciones y la Corte Suprema.

Decenas de miles de personas se levantaron contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, en 2018, acusándolos de convertirse exactamente en aquello contra lo que una vez lucharon: líderes de una dinastía familiar dictatorial. La oposición del gobierno llevó a cientos de personas a prisión, y al menos 300 murieron tras recibir disparos mientras protestaban.

Más temprano este año, 222 prisioneros políticos fueron liberados y exiliados.

La medida para comenzar a tomar el control de las propiedades en días reciente se realiza tras la confiscación de una importante universidad jesuita y la detención de varios sacerdotes. El lunes, los sandinistas tomaron el control de una facultad de negocios privada fundada por la Universidad de Harvard hace casi 60 años. La campaña gubernamental está demostrando que, incluso cinco años después de un levantamiento fallido, la disidencia tiene graves consecuencias.

“No le bastó apresarme y enviarme al exilio además de estigmatizarme como terrorista y como vende patria”, dijo Castillo, quien ahora vive en Baton Rouge, Louisiana.

Murillo, quien actúa como portavoz del gobierno, no respondió a una solicitud de comentarios. Ella y el presidente han dicho que consideran terroristas a los activistas de la oposición por intentar derrocar al gobierno bloqueando carreteras, paralizando el comercio y recurriendo ocasionalmente a la violencia. Muchos de ellos, como De Castro, han sido acusados de terrorismo.

La comunidad internacional ha criticado ampliamente al gobierno de Ortega, y las Naciones Unidas lo han comparado con los nazis, que cometieron crímenes contra la humanidad.

Ortega ayudó a liderar una insurgencia que en 1979 derrocó a la dictadura corrupta de Anastasio Somoza Debayle. Siguió una guerra civil, durante la cual el nuevo gobierno sandinista confiscó los numerosos botines mal habidos de la familia Somoza. En un principio, la confiscación pretendía devolver al pueblo nicaragüense lo que le había sido robado, mediante la redistribución de la tierra a través de la reforma agraria.

Pero los sandinistas también se apoderaron de las casas de las personas que huyeron, acusándolas de ser aliadas del régimen de Somoza o declarando la propiedad abandonada.

Cuando fueron expulsados del poder en 1990, al perder las elecciones, los sandinistas aprovecharon el periodo de transición para conseguir documentación legal para las propiedades que habían repartido entre sus aliados, una repartición conocida como la “piñata”.

Aunque el gobierno racionalizó en su momento las transferencias de propiedades, afirmando que hasta 200.000 pobres recibieron títulos de propiedad, los críticos afirmaron que los altos mandos se tomaron unas 6000 viviendas, incluidas algunas de las mejores propiedades de bienes raíces del país, como grandes fincas y casas de playa.

El propio Ortega aún vive en un complejo de seis dormitorios en Managua, que ocupa toda una cuadra, que arrebató a un antiguo adversario que décadas más tarde se convirtió en su vicepresidente.

Moisés Hassan, antiguo miembro de la junta sandinista que gobernaba en aquel momento, dijo que todo lo que Somoza poseía había sido robado previamente, así que fue perfecto que haya sido “devuelto a Nicaragua”. Esas casas, explicó Hassan, se iban a utilizar como asilos u orfanatos, pero entonces esos “zánganos se aprovecharon y empezaron a robar casas”, acusando a la gente de ser somocistas.

Durante su mandato, los funcionarios sandinistas que vivían en alojamientos palaciegos mantenían la ficción, según Hassan, de que las casas eran propiedad del Estado y que simplemente les había sido “asignada”.

Hassan, uno de los primeros sandinistas que rompieron con el partido, huyó del país a Costa Rica hace dos años y es uno de los opositores políticos que fueron despojados de su ciudadanía nicaragüense. Recientemente, funcionarios del gobierno le confiscaron la casa de siete habitaciones que compró en Managua en 1980, que había sido valorada hace poco en 280.000 dólares.

Hassan, de 81 años, dijo que esa casa era la única cosa material que poseía, además de su pensión, que también le quitaron.

Carrión, el activista de derechos humanos, huyó a Costa Rica hace cinco años, cuando el gobierno disolvió la organización de derechos humanos que dirigía. Gastó al menos 70.000 dólares en su casa del centro de Managua y había terminado de pagarla.

Carrión dijo que los condenaron sin juicio y se llevaron la casa, a pesar de que la ley dice que solo pueden hacer eso si una propiedad se utiliza en la comisión de un delito.

Un transeúnte tomó fotos que mostraban un trozo de su cocina tirado en una montaña de escombros delante de la casa.

Carrión, de 62 años, que también perdió su pensión, confía en que el gobierno Ortega-Murillo acabe derrumbándose y se recuperen las casas.

Los expertos dicen que será un largo camino antes de que las propiedades sean devueltas a sus dueños. Tuvieron que pasar décadas para que las personas que perdieron sus casas en la década de 1980, muchas de las cuales eran o llegaron a convertirse en ciudadanos estadounidenses, fueran indemnizadas, y eso solo después de que los sandinistas dejaran de ocupar la presidencia.

Hizo falta la presión de Washington y las amenazas de retener la ayuda estadounidense para hacer mella en los miles de reclamos, dijo Peter Sengelmann, de 87 años, quien perdió su casa en 1979, presumiblemente porque sus dos hermanos estaban asociados con el gobierno de Somoza y más tarde dirigió el Comité para Recuperar las Propiedades Estadounidenses Confiscadas en Nicaragua.

“El gobierno sandinista me pagó alrededor de un tercio de lo que valía, y lo acepté, porque pensé que era mejor que nada”, dijo Sengelmann, quien ahora vive en Miami. “Demoró unos 15 años”.

Le pagaron 85.000 dólares.

Jason Poblete, un abogado estadounidense que se especializa en reclamaciones internacionales de propiedad, sobre todo de Cuba, dijo que hace aproximadamente un año y medio comenzó a recibir llamadas de propietarios en Nicaragua. Le decían que estaban siendo acosados con facturas falsas de impuestos a la propiedad sin pagar, otra táctica que el gobierno utiliza para dar a las confiscaciones “una apariencia de legalidad”, dijo.

Es probable que la cuestión se convierta en un punto de fricción durante mucho tiempo, como lo es en Cuba, donde casi 6000 ciudadanos y empresas estadounidenses perdieron casas, granjas, fábricas, ingenios azucareros y otras propiedades por un total de 1900 millones de dólares cuando los Castro tomaron el poder en 1959. Cientos de miles de cubanos también perdieron propiedades, dijo Poblete, sin compensación.

“Los cubanos aprendieron a hacer esto y enseñaron a los nicaragüenses”, dijo Poblete. Es una forma más sofisticada de intimidación política”.

De Castro, que en el pasado trabajó brevemente como asistente de reporteros del New York Times, dijo que ningún abogado de Nicaragua aceptaría sus casos. Añadió que varios activistas que fueron despojados no solo de sus propiedades, sino también de su ciudadanía, planifican presentar un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el argumento de que las medidas violan el derecho internacional. Entre los demandantes se encuentra su madre, la escritora Gioconda Belli, cuya casa también fue tomada.

Mientras el régimen esté en el poder, dijo De Castro, no podrán regresar y recuperar sus casas. Y no cree que el gobierno vaya a detenerse ahí.

NYT