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Miles de personas marchan en estos momentos frente el Congreso en Buenos Aires en apoyo a los jubilados. A diferencia de la manifestación del miércoles pasado, marcada por la presencia de hinchadas de fútbol y sin una organización clara, esta vez ocuparon la plaza sindicatos estatales, movimientos sociales y partidos de extrema izquierda. Muchos más estructurados, los grupos se desplegaron en puntos específicos con la intención de evitar los incidentes de hace una semana, cuando un centenar de manifestantes terminaron presos y hubo una decena de heridos. A siete días de aquella manifestación, el fotógrafo Pablo Grillo se debate entre la vida y la muerte tras recibir el golpe de una bomba de gas en la cabeza.

El Gobierno, con todo, se preparó para la guerra. El discurso de la mano dura es el que más disfruta y mejor le sienta. Es también el que más cala en su electorado. Ya en la víspera, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escenificó una reunión con el estratega del Gobierno, Santiago Caputo, y los jefes de los servicios de inteligencia del Estado. Por la tarde, difundió en redes las fotos de una treintena de supuestos barras bravas a los que acusó de protagonizar incidentes hace siete días. Para completar el combo, la ministra ofreció una recompensa de 10.000 dólares a aquellos que denunciasen a los violentos durante la manifestación.

El operativo de amedrentamiento comenzó bien temprano, con la intención de evitar que la gente se sumase a la manifestación. Las pantallas de todas las estaciones de tren, el medio más eficaz y rápido para entrar a la capital desde el extrarradio, mostraron desde la primera hora una advertencia en letras mayúsculas: «Protesta no es violencia. La policía va a reprimir cualquier atentado contra la República». Por si algún pasajero iba distraído, el mensaje sonó durante todo el día por los altoparlantes de las estaciones.

Las protestas nunca deben ser violentas. Fin.

– Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2025

El Gobierno cedió además ante su obsesión por garantizar el libre tránsito y desde las nueve de la mañana impidió con vallas el acceso de coches y transporte público en 15 manzanas que rodean el Congreso. Los manifestantes debían pasar una serie de controles para atravesar el perímetro, mientras policías antidisturbios repetían con megáfonos la advertencia de que habría represión si la marcha se tornaba violenta. Milei, en tanto, siguió todo el operativo desde una Casa Rosada blindada por la policía.

El presidente tenía un doble interés. Además de seguir de cerca el operativo policial desplegado a menos de 15 calles de distancia, tenía su atención en la sesión de Diputados que debía aprobar o rechazar el decreto que, con su firma, lo autoriza acordar un nuevo rescate financiero con el Fondo Monetario Internacional. La sesión fue evidencia del deterioro que padece la política argentina, con insultos, gritos y hasta una diputada del Gobierno increpando con un megáfono al presidente de la Cámara, que es de su mismo partido.

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