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Trece jóvenes murieron asfixiados y aplastados durante un operativo policial en la discoteca Thomas RestoBar en el distrito de Los Olivos, de la ciudad de Lima. Según los familiares de las víctimas los policías lanzaron bombas lacrimógenas dentro del local generando así el pánico entre los asistentes.

La masacre, en la que murieron aplastados 13 jóvenes, de los cuales 12 eran mujeres, se produjo cuando la Policía de la localidad de Los Olivos en Lima intervino en un local donde se llevaba a cabo una fiesta no permitida. Según los familiares durante el allanamiento la Policía tiró gases lacrimogenos dentro del lugar lo que provocó una estampida ante las primeras señales de asfixia, lo que terminó con el saldo de los 13 muertos y al menos 6 heridos, por aplastamiento.

El ministro del Interior, Gral. Jorge Montoya Pérez, declaró rápidamente que la policía en ningún momento utilizó bombas lacrimógenas y que tampoco actuaron generando temor a los asistentes. Exculpando así toda de toda responsabilidad a la institución policial.

El brutal estado de sitio impuesto en Perú le dio a las fuerzas represivas vía libre para llevar adelante todo tipo de atropellos. Mientras que mantienen un control militarizado de la capital, millones de personas se ven obligadas a viajar y trabajar en condiciones de precariedad con el riesgo de contagiarse. Muchas de ellas deben soportar no solo esta situación sino los recurrentes atropellos de la Policía.

Es en este escenario represivo en el que tuvo lugar el allanamiento del sábado por la noche.

Una persecución de clase

Los hechos llevan a poner la lupa sobre el accionar de la Policía, el Estado y la prensa desde inicios de la cuarentena. Por un lado, en los distritos de clase alta ha habido aglomeración de personas en los supermercados, muchos otros salían a correr durante el confinamiento obligatorio y se reunían en casas de playa o campo realizando fiestas y casamientos. En ningún momento hubo intervenciones policiales, arrestos, agresiones y represión policial a estos sectores, como así tampoco hostigamiento por parte de la prensa por acudir a los supermercados a hacer compras o agruparse en el coqueto paseo del malecón de Miraflores, en Lima.

Por otra parte, en distritos de la periferia la represión policial y municipal se hizo evidente contra los comerciantes ambulantes y contra el pueblo en general. La prensa hostigó a las personas que hacían sus compras en los mercados, que utilizaban transporte público o que salían para poder llevar alimentos a sus casas.

De esta manera, se evidencia entonces, el verdadero distanciamiento social que existe en la sociedad peruana, donde unos, por su estatus económico y social, tienen carta blanca para realizar actividades y movilizarse sin ser imputados, agredidos o asesinados y otros son violentamente reprimidos, perseguidos y estigmatizados.

Desde el principio el Gobierno de Martín Vizcarra instaló un relato para que la sociedad se culpe a sí misma de los contagios y de la represión policial. Este caso no es una excepción y en lugar de mirar hacia la responsabilidad del Estado y la Policía, se culpabiliza a la misma sociedad por ser «desobediente» y se justifica la represión.

Ese relato que es el que permite «combatir» la pandemia con represión, es el que viene envalentonando a las fuerzas represivas y avanzando sobre los derechos civiles, dando libertad de disparar, golpear o entrar en las viviendas.

Tras el escándalo de los jóvenes muertos, ahora el Gobierno busca responsabilizar únicamente al empresario dueño de la discoteca (quien por cierto fue beneficiario del plan de subsidios «Reactiva Perú»), cuando es muy bien sabido que éstas ilegalidades no pueden sostenerse sin la complicidad, corrupción y descomposición de instituciones como los municipios y las comisarías locales.

El operativo, que en última instancia pudo haber terminado con la clausura y cierre de un local, terminó convirtiéndose en la muerte de 13 personas debido a los métodos de la Policía y a la corrupción de las instituciones públicas.

Mientras que la carta blanca para reprimir de las fuerzas de represión incluye las prerrogativas que les brinda el Gobierno de Martin Vizcarra, como la ley del gatillo fácil, por ejemplo, que les da impunidad para arremeter contra el pueblo sin ser sancionados penalmente. Miles de peruanos siguen muriendo por falta de oxígeno y camas en los hospitales y el presupuesto destinado a las fuerzas represivas no se toca. Hay un claro interés del estado en darle más importancia a sus políticas represivas antes que salvar las vidas ante la pandemia que azota al país.

LA IZQUIERDA DIARIO