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«Nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno», dice el documento leído en Montevideo.

Bajo la consigna «Por la democracia y contra la corrupción», la central sindical uruguaya se movilizó este lunes luego de la polémica por el caso del narcotraficante Sebastián Marset y los intentos gubernamentales de ocultar pruebas a la justicia.

Para el gobierno de Lacalle Pou el caso está cerrado tras la renuncia de los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber, pero para la central de trabajadores «esto recién empieza».

A la convocatoria del PIT-CNT se sumaron la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y el Frente Amplio.

Entre los asistentes al acto en la emblemática plaza Cagancha de Montevideo estuvieron la intendenta de la capital uruguaya, Carolina Cosse, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. «No hay nada más fuerte contra el escándalo que escandalizarse. Y escandalizarse supone diversos niveles de protesta», declaró Pereira al diario El Observador.

Cientos de personas acudieron al llamado del PIT-CNT, organizaciones sociales y el Frente Amplio, portando banderas y pancartas con frases como: «Corrupción, narcotráfico, tráfico de influencias, abuso y explotación infantil. Luis (Lacalle Pou): No te comiste un garrón. Te comiste la corrupción». Otro decía: «Presidente: muy turbia la transparencia que nos prometió».

«El gobierno intentó ocultar pruebas»
Luego de entonar las estrofas del himno nacional uruguayo, tomó la palabra Gustavo González, secretario de la FUCVAM. «Estamos aquí porque nuestro país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. Hablamos del caso más escandaloso dentro de una larga sucesión de eventos de corrupción protagonizados por distintos estamentos del poder ejecutivo, ante el cual debemos decir con claridad que debe llegarse hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de los hechos», decía el comunicado del acto leído por González.

El líder cooperativista agregó ante cientos de manifestantes en la explanada de la intendencia de Montevideo que «el gobierno le entregó un pasaporte a un narcotraficante que ahora está prófugo. El gobierno le mintió al Parlamento y a la ciudadanía y lo sigue haciendo. El gobierno intentó ocultar pruebas a la justicia. Elaboró una estrategia institucional política y comunicacional con participación directa de la presidencia para mentir, ocultar y destruir pruebas. Gravísimo».

El comunicado del PIT-CNT incluyó menciones al caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia presidencial detenido en septiembre pasado tras ser acusado de participar de una organización que falsificaba pasaportes. También se refirió a la situación del policía Carlos Taroco por haber entorpecido la investigación en la causa contra el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, denunciado por abuso sexual.

Por la mañana, en la previa de la movilización, los sindicatos y organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa en la que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que en el caso Marset «de manera significativa se establece una acción desde dentro del poder ejecutivo, tanto para faltar a la verdad, para mentirle al Parlamento nacional como para ocultar información en el poder judicial».

Abdala dijo que se trata de «un caso vinculado a un hecho bochornoso que es la facilitación de un pasaporte a un narcotraficante importante». Para el presidente de la central obrera «queda mucha tela para cortar de parte del poder judicial, que debe ir a fondo para que a la gente le quede claro por qué se le facilitó un pasaporte a un narcotraficante» y «por qué se convocó a una reunión con el objetivo de ocultar información». Y agregó que «inclusive debería avanzar hasta las propias responsabilidades del presidente» Luis Lacalle Pou.

¿Lacalle Pou a declarar?
La semana pasada se reveló que la Fiscalía –la cual investiga la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y el ocultamiento de datos a la justicia por funcionarios– analiza citar al presidente de la Nación, quien podría declarar por escrito. Según el Portal de Medios Públicos, el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, tiene previsto citar esta semana a Lacalle Pou por la presunta destrucción de documentos que denunció la exvicecanciller Carolina Ache.

En su declaración, Ache aseguró que el exasesor en comunicación de Presidencia, Roberto Lafluf, le dijo telefónicamente que había destruido un documento en el que estaban certificados los chats entre ella y el exsubsecretario de Interior, Guillermo Maciel. Es de esperar también citen a Lafluf a declarar.

Lacalle Pou dijo públicamente que el documento en cuestión era «una hoja protocolizada por un escribano», pero Ache entregó un sobre «de carácter reservado» que contenía doce páginas de chats. La discrepancia entre estas afirmaciones plantea interrogantes sobre la evidencia y su relevancia.

Una vez que reciba la citación, Lacalle Pou tendrá la opción de responder a través de un escrito o recibir al equipo fiscal, como se hizo con la exfiscal Gabriela Fossati cuando se investigó la venta de pasaportes a rusos por parte de una organización que encabezaba el entonces custodio presidencial, Alejandro Astesiano.

El fiscal Machado comunicó que aún no hay definida una agenda de comparecencias ni el tipo de convocatorias. «El concepto general es que declaren todas las personas que la sede entienda pueden aportar a la causa», señaló el vocero de Fiscalía, Javier Benech, consultado por la posible comparecencia del presidente.

El fiscal general Juan Gómez señaló que, ante esa eventualidad, el protocolo indicaría que Lacalle Pou comparezca por escrito. Este lunes el medio La Diaria informó que Lacalle Pou solicitó ante el Parlamento la autorización para ausentarse del país desde el 18 al 25 de noviembre para visitar China y reunirse con su presidente, Xi Jinping.

La trama del narco más buscado

Por el «narcoescándalo» renunciaron el entonces canciller Francisco Bustillo; los número uno y dos del Ministerio del Interior, Luis Heber y Guillermo Maciel; y el asesor presidencial Lafluf. A Marset lo busca la policía de toda la región y en agosto consiguió escapar de un operativo para detenerlo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. En Paraguay se sospecha, además, que puede tener vinculación con el asesinato, en mayo del año pasado, del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, atacado a tiros en una playa de Cartagena, Colombia.

El suegro de Marset fue condenado el miércoles pasado a seis meses de libertad a prueba por tenencia irregular de arma, una causa sin conexión con el accionar del narco. La detención del hombre de 61 años se produjo cuando los efectivos llegaron a una chacra en el departamento de Canelones en busca del cuñado del narcotraficante, Mauro García Troche, sobre quien sí pesa una alerta roja de Interpol por considerarlo parte del esquema de tráfico de drogas y lavado de activos.

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