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El presidente, que ha delegado la tarea en Tarek William Saab, ha planteado una modificación de 80 artículos que debería estar lista en mayo para someterla a aprobación

En uno de los últimos episodios de Súper Bigote, la animación de propaganda que protagoniza Nicolás Maduro como un superhéroe con calzoncillos sobre mallas y anillo de esmeralda de poder, la reforma constitucional es presentada como una nueva herramienta para salvar a Venezuela de sus enemigos. En la serie, y también en sus alocuciones oficiales, el mandatario ha dicho que la transformación en la Constitución de 1999 busca “hacerla más fuerte contra quienes han llevado acciones en detrimento del país”. A 25 años de su creación, el traje constitucional que también es el legado de Hugo Chávez que sustenta la revolución bolivariana, ha comenzado a quedarle estrecho al heredero.

Venezuela pretende una nueva reforma constitucional que, de acuerdo a lo dicho por el propio Maduro, será despachada en apenas tres meses por una comisión donde reúne a sus más leales. En manos del fiscal Tarek William Saab; de su esposa, Cilia Flores; la vicepresidenta Delcy Rodríguez; las demás cabezas de los poderes políticos que controla y otros funcionarios y aliados ha quedado la revisión de la propuesta que abarca 80 de 350 artículos de la actual carta magna. “Esta muchacha (la Constitución) cumplió 25 años apenas y estamos listos para abrir las compuertas de un debate que la adapte a los nuevos tiempos. Es el momento preciso”, dijo Maduro cuando presentó el documento en una carpeta roja.

El chavismo tiene por delante la consolidación de un modelo autocrático cerrado, en el que pueda gestionar sin riesgos el amplio rechazo popular que abrió una huella las pasadas elecciones. Maduro comenzó un tercer mandato en medio de las denuncias de la oposición de haberse robado la elección en un proceso que no puede considerarse democrático, como han denunciado los observadores internacionales que estuvieron el 28 de julio. Antes, en 2017, el chavismo ahogó meses de protestas ciudadanas con la convocatoria a una Asamblea Constituyente que operó por más de dos años sin redactar una nueva Constitución. El objetivo político de entonces era bloquear el trabajo del Parlamento que por primera vez había conquistado la oposición. El escenario hoy es otro.

“La intención de esta reforma es mantenerse en el poder sin tener la mayoría”, señala Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. “Eso hace pensar que presumiblemente vamos a tener un cambio en los mecanismos de legitimación, que hasta ahora habían sido por la vía electoral”. El año pasado ya se aprobaron una serie de leyes destinadas a aplicar un filtro a la participación política de opositores en elecciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que había amenazado con reformar las leyes electorales, ha recalculado para decir que estas deben esperar el cambio constitucional. “Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato absolutamente a ningún cargo de elección popular en Venezuela, nunca más”, justificó entonces.

Durante la presentación de la propuesta, Maduro instó a que se incluyan penas “draconianas” para quienes busquen atentar contra la paz del país. “En la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica y debe ser penada de la manera más draconiana posible”, dijo. Antes ya ha pedido aprobar la cadena perpetua para castigar la corrupción.

Poder comunal

Pero unas de las modificaciones que ha planteado Maduro de forma más concreta implica un cambio en la geometría del poder político, al incorporar una instancia comunal a la jerarquía de administración que hasta ahora forma el poder nacional, regional y municipal. Sobre las estructuras comunales descansa el aparato de control político y social del chavismo. Son estas instancias las que se activan en tiempos de elecciones, pero que también gestionan el modelo asistencial del reparto de comida y gas en las comunidades. En el último año, se han realizado varias elecciones, en las que no todo el país participa. En esos procesos de reducida concurrencia se aprueban proyectos que el Ejecutivo nacional financia directamente, saltándose los poderes intermedios.

El Estado comunal es una vieja obsesión del chavismo que en 2007 fue rechazada en las urnas durante la reforma constitucional de 69 artículos que propuso el mismo Chávez. Esta pretensión lo llevó a su primera derrota electoral y no tuvo otra opción que reconocerle a la oposición su “victoria de mierda”, como dijo entonces en televisión. Dos años después vino la revancha y a través de una enmienda introdujo la reelección indefinida en todos los cargos, lo que ha dinamitado por completo la alternancia política que sostiene a las democracias. La de entonces era una reforma sobre una Constitución que fue parte sus primeras obras cuando llegó al poder en 1999. Chávez juró sobre una carta magna que llamó “moribunda” e inició su Gobierno convocando a una constituyente para que Venezuela empezara de cero.

De esta nueva reforma poco se sabe. Maduro ha dado 90 días (hasta el 15 de mayo) para que la reforma esté lista para ser aprobada por Asamblea Nacional y luego en elecciones. Ese plazo se cumple poco antes de los comicios de gobernadores y diputados pospuestos para el 25 de mayo. El presidente ha mencionado, además de la inclusión del poder comunal, los otros tres objetivos que persigue: “una nueva sociedad para proteger a la familia de la mano de la tecnología y las nuevas formas de comunicación”, “el nuevo modelo económico para el futuro para una economía invulnerable a ataques externos” y la “actualización jurídica del engranaje constitucional”.

Entre juristas se teme que la reforma implique la aprobación de una nueva Constitución de contrabando para legalizar la “autocracia cerrada” a la que ha girado el Gobierno de Maduro luego de las pasadas elecciones. “Una reforma de esa magnitud requiere de una situación normal. Un país crispado por la represión y con problemas económicos enormes difícilmente está preparado para encarar un cambio constitucional así”, reflexiona un abogado constitucionalista que prefiere mantener su nombre en reserva por temor a represalias. “La Constitución está para prever los derechos y limitar el ejercicio del poder. Cuando se te hace incómoda empiezas a reformarla, pero lo que se juega es la paz. La sociedad va a terminar repudiando esa reforma y seguramente vendrán más tensiones políticas”.

Alarcón asegura que, según sondeos recientes, la disposición a votar en las próximas elecciones no llega al 20%. La oposición ha entrado en una especie de repliegue por la persecución a dirigentes políticos y testigos electorales luego del 28 de julio y ha vuelto a centrar su estrategia en el plano internacional. El rechazo a la reforma puede, sin embargo, convertirse en un nuevo frente de conflicto que aumente la presión interna al Gobierno.

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