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El oficialismo reacciona ante los sondeos, que dan un triunfo al “rechazo” en el referéndum vinculante del 4 de septiembre

Luego de intensas negociaciones que culminaron la noche del miércoles, los partidos que sostienen al Gobierno de Gabriel Boric han dado a conocer este jueves un documento en el que proponen mejoras y aclaraciones al texto de nueva Constitución que se plebiscitará el 4 de septiembre próximo. Lo hacen ante un panorama desfavorable para la propuesta que fue presentada por la convención constitucional a comienzos de julio, al menos de acuerdo a las encuestas, que le dan en torno a 10 puntos de distancia a la opción de quienes la rechazarán (47% contra 37%, de acuerdo al último sondeo de Cadem).

El acuerdo entre los dos bloques que apoyan a La Moneda –la alianza entre el Frente Amplio de Boric y el Partido Comunista y las formaciones del llamado Socialismo Democrático, que compone el Partido Socialista– representa un fuerte giro de moderación y apunta a asuntos clave relativos a la plurinacionalidad, los derechos sociales, seguridad, sistema político y Poder Judicial. No corrige, sin embargo, temas como la disolución del Senado, otro de los aspectos que han generado reticencias en el mundo político, especialmente del centroizquierda.

“El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”, asegura el escrito de cuatro páginas firmado por los 10 partidos y movimientos que arropan al Gobierno de Boric, aunque lo que se hace es corregir el texto de la convención constituyente y aclarar su implementación, en caso de que se apruebe. En el referéndum que se celebrará en poco más de tres semanas, habrá dos opciones en la papeleta: apruebo y rechazo. La Moneda ha decidido jugar un papel importante no solo en la información sobre el plebiscito, sino en empujar la opción de quienes respaldan la propuesta. El destino del texto está atado al Gobierno –así lo muestran las cifras–, por lo que para el proyecto del Ejecutivo resulta fundamental que se apruebe.

Las negociaciones del mundo político se han acelerado luego de que el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) hizo pública su posición el pasado 5 de julio, a solo horas de que se presentara oficialmente la propuesta: que, al margen del resultado del plebiscito, el proceso constituyente debe continuar. Expresó que ni la Constitución vigente ni el nuevo texto generan consenso entre los chilenos, por lo que trazó un camino de reformas en el caso de que gane el apruebo o el rechazo. Pese a las reticencias de ciertos sectores de la izquierda como el Partido Comunista, que se negaron inicialmente a corregir el texto de nueva Constitución antes del 4 de septiembre, finalmente el oficialismo ha dado este paso para calmar el electorado y que se apruebe el documento que fue trabajado durante un año por la convención constituyente de 154 miembros.

En el acuerdo dado a conocer este jueves, los partidos de Boric valoran la propuesta de la convención constitucional, dominada por sectores de la izquierda, que trabajó entre julio de 2021 y julio de 2022. Para el oficialismo, se trata de “un nuevo pacto social” que cumple con el anhelo de los derechos sociales que ha expresado la ciudadanía, a través de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la solidaridad. Los partidos del Gobierno aseguran que este nuevo texto posibilitará políticas públicas transformadoras y que asegurará “igualdad de oportunidades a todos y todas, con especial énfasis en la paridad, la niñez, las mujeres y las personas mayores”. Resalta que, de aprobarse, se trata de una Constitución que consagra “el trabajo decente, el Estado ecológico, que confiere poder real a las regiones, que promueve la participación ciudadana, entre muchos otros avances sustantivos”.

Los partidos del oficialismo, sin embargo, han creído necesario corregir y aclarar determinadas materias que generan mucha inquietud en la ciudadanía, como lo han medido las encuestas. Estos compromisos buscan empujar la aprobación del texto para, posteriormente, debatir estos asuntos democráticamente en el Congreso. En el ámbito de la plurinacionalidad, por ejemplo, la propuesta del oficialismo aclara que la consulta indígena solo se referirá a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos originarios. Indica, entre otros asuntos, que las autonomías territoriales contempladas en la propuesta de nueva Constitución “se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile”.

Uno de los temas que genera mayor debate en la sociedad chilena ha sido el de los sistemas de Justicia indígena que contempla el texto de nueva Constitución. El oficialismo de Boric asegura que no existirán regímenes de Justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. “La Justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La Justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la Justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”, asegura el documento.

El acuerdo político al que ha llegado la izquierda, en un proceso donde ha intervenido directamente el presidente Boric para llegar a consensos, se refiere a los derechos sociales. Como una de las preocupaciones de la gente tiene relación al futuro de sus ahorros para las pensiones dentro del sistema de capitalización individual, el texto presentado indica que el oficialismo se compromete a que “la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.

En materia de vivienda, en tanto, se asegura que “el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados” –ha sido otro de los temores de la ciudadanía dada la ambivalencia de la discusión constituyente y del texto propuesto–, y respecto del sistema de salud se aclara que “la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados”. Lo hacen en concordancia a lo que el oficialismo piensa que quiere la gente: tener la opción de elegir.

Se indica además que “la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada”, otra de las principales preocupaciones de la gente en un país como Chile, donde en torno a un 54% de la oferta educativa está gestionada por privados con ayuda del Estado. Es la apuesta de las familias ante la calidad deficiente de la educación pública.

Seguridad pública

En materia de seguridad, se propone establecer el Estado de emergencia “por grave alteración de la seguridad pública” –que se había eliminado del texto que se va a plebiscitar–, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar. En sistema político, en tanto, los partidos que sustentan el Gobierno de Boric se comprometen a lograr un mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el Gobierno central y las entidades territoriales. “Creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado”, se indica en referencia a una de los asuntos propuestos por la convención: que los parlamentarios pudieran, por ejemplo, liderar iniciativas de gasto. “Por último, acordamos que para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los propios procesos político electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente”, indica el oficialismo ante otra propuesta de la convención.

Este acuerdo de los partidos de Boric aborda un quinto tema que preocupa a la gente: la independencia de los tribunales y el riesgo de la politización de la Justicia. Junto con proponer reestablecer su nombre al Poder Judicial, indican la necesidad de revisar la composición del nuevo Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces, mientras enfatizan que “la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.

Pese a que las encuestas indican que el rechazo se impone al apruebo, los especialistas en opinión pública piensan que el resultado será estrecho, sobre todo considerando que será con voto obligatorio y sufragarán bolsones electorales que habitualmente no participan, como los no políticos y los jóvenes. Las correcciones del oficialismo se conocen solo horas después de que los principales partidos de la derecha –UDI, RN y Evópoli– dieran a conocer un documento con las reformas que debieran emprenderse en el caso de que gane su opción, el rechazo.

EL PAÍS