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El creciente descontento contra las políticas económicas de Mauricio Macri agita la calle. Los movimientos sociales realizaron este viernes una masiva movilización en Buenos Aires contra el Gobierno argentino. Con decenas de miles de personas llegadas desde todo el país, líderes sociales y sindicales consideraron roto el diálogo con el Ejecutivo macrista y expresaron su oposición a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las importantes subidas de precios de los servicios públicos que han golpeado a las clases medias y populares. «Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode», coreaban los presentes en la abarrotada Plaza de Mayo, desde la que exigían a la CGT, la mayor central obrera del país, que convoque una huelga general.

«Está fresco en la memoria de la sociedad el deterioro que implican las políticas del FMI. Pero el miedo se transformó en movilización», asegura el titular de la agrupación Barrios de Pie, Daniel Menéndez, en referencia al préstamo que el Gobierno de Macri negocia con el organismo internacional. «El Gobierno nos está llevando a 200 kilómetros por hora y tiene a 50 metros una pared. Le queremos alertar de que va a chocar, pero el Gobierno no escucha. El problema no es tanto que choque, en ese caso el Gobierno no ganará otra elección, sino que arriba de ese tren vamos millones de argentinos que vamos a quedar en una realidad social cada vez más difícil», agrega Menéndez.

La pobreza cayó del 32% al 25,7% entre septiembre de 2016 y fines de 2017. Sin embargo, los primeros meses de 2018 han sido «muy duros», advierte María Lucía, recién llegada a Buenos Aires desde Corrientes tras cinco días de marcha federal. Tiene a su cargo un comedor popular en en el que reparten la merienda a niños de familias sin recursos. «De 40 chicos pasamos a 120 en tres meses», cuenta esta correntina. Noelia Pereyra viajó desde José León Suárez, en la periferia norte de Argentina, hasta Plaza de Mayo para exigir «pan y trabajo». «Los alimentos suben cada día y nuestros sueldos bajan y bajan», lamenta esta argentina, madre de tres hijos, que trabaja en una cooperativa de reciclaje y es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. «No al tarifazo», puede leerse en la pancarta que sostiene una de sus compañeras.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Modernización, Andrés Ibarra, fueron blanco de cánticos e insultos de los trabajadores de empresas estatales, en pie de guerra contra el Gobierno por las negociaciones salariales para 2018. Consideran «una provocación» el aumento del 12% ofrecido por el Gobierno al estar muy por debajo de la inflación del 19,2% estimada por el FMI y más lejos aún del 22% que prevé el mercado. El anuncio realizado hoy de que el Gobierno recortará 20.000 millones de pesos (unos 800 millones de dólares) de los gastos de la Administración Pública ha echado aún más leña al fuego.

«El Gobierno de Mauricio Macri demostró una absoluta incapacidad de dialogar y una absoluta insensibilidad hacia el sufrimiento de quienes no pueden pagar las tarifas de luz, de gas y de agua y encima se las aumentan», destaca Juan Grabois, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), cerca del escenario montado en la plaza. A pocos metros de él, el secretario general del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, se muestra a favor de hacer un «paro nacional contundente» contra el Gobierno para mostrar el rechazo a sus políticas económicas. Los sindicatos más combativos y las bases de la CGT piden una huelga general; los oradores que hablaron hoy en Plaza de Mayo también. La cúpula de la central sindical da largas y ha pospuesto la decisión hasta el próximo jueves.

Por primera vez desde que asumió, en diciembre de 2015, la popularidad de Macri ha caído por debajo del 50%. El peronismo ha olido la debilidad del presidente y ha buscado debilitarlo esta semana también desde otro frente, el Parlamento. Ayer, jueves, la oposición aprobó una ley que daba marcha atrás a los últimos aumentos de los precios de los servicios públicos. Macri la tachó de «locura» y la vetó por su gran costo fiscal. El enojo por la decisión se veía hoy en las calles.

Mar Centenera
EL PAÍS