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La primera fase del proceso constitucional chileno, el segundo en menos de tres años, entró en su etapa decisiva. Este martes, el pleno de la comisión experta, compuesta por 24 integrantes que fueron nombrados por los partidos políticos con representación el Congreso, ha comenzado a votar los primeros 16 artículos del anteproyecto, y aprobó uno que pone una bandera que había sido levantada por años desde sectores de la centroizquierda: la consagración de que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Es un texto que ha sido elaborado a partir de marzo y ha contado con acuerdos políticos transversales, desde la extrema derecha a la izquierda más dura. Es, a la vez, un borrador, pues será entregado como base de trabajo al Consejo Constitucional, que fue electo a comienzos de mayo, y que asumirá el próximo 7 de junio con la tarea de presentar al país una nueva propuesta de Carta Magna.

Además, fue aprobado el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas «como parte de la Nación chilena» y el compromiso del Estado de respetar y promover sus derechos individuales y colectivos. También, entraron al borrador artículos que aseguran la participación política de las mujeres, como el que establece que la ley asegurará «el acceso igualitario de hombres y mujeres a los mandatos electorales y cargos electivos»; el interés superior de niños, niñas y adolescentes y, entre otros, que Chile «adopta para su Gobierno la República democrática con separación de poderes y régimen presidencial».

Este nuevo intento de cambiar la Constitución, que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se inició el 7 de marzo con la instalación de la comisión experta, una instancia que está constituida por una mayoría de juristas. Es un proceso completamente distinto al anterior y fue fruto de un acuerdo político que surgió tras el fracaso de la convención constituyente, cuyo propuesta de Carta Magna, que era muy transformadora, fue rechazada por el 62% en septiembre de 2022. Además, contiene 12 bordes constitucionales de los que los consejeros no podrán salirse, entre ellos que Chile es una República democrática, un Estado unitario y un Estado social.

Pese a eso, la arquitectura que debía tener la declaración de Estado social generó varias discusiones ideológicas dentro de la comisión entre las izquierda y las derechas, sobre todo respecto de la elección de las prestaciones de salud, que en Chile son públicas y privadas. Sin embargo, el tono moderado que presentaron los 24 expertos -12 hombres y 12 mujeres- desde que asumieron en marzo, permitió que llegaran amplios acuerdos que han sido destacados por sus propios integrantes aun antes de las votaciones de los artículos, las que se prolongarán durante toda esta semana. Un ejemplo de ello es lo que dijo, hace unos días, el consejero socialista Gabriel Osorio: «El acuerdo de la comisión experta para el anteproyecto de nueva Constitución es inédito. Esta es la primera vez que hay un acuerdo constitucional suscrito por representantes de todos los sectores políticos. Espero que este diálogo democrático continúe en el Consejo Constitucional».

Avances y acuerdos

La comisión trabajó en cuatro subcomisiones: sistema político, reforma constitucional y forma de Estado; función jurisdiccional y órganos autónomos; principios, derechos civiles y políticos, además de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fue la semana pasada cuando todos estos grupos llegaron a los primeros acuerdos transversales, por los que en los plenos que vienen se avizora el respaldo a sus propuestas. «Son normas que hacen sentidos, porque dialogan con nuestra tradición constitucional, que resuelven problemas de nuestro sistema político. Los momentos constituyentes no son refundacionales, sino que buscan escribir nuevas constituciones para resolver problemas concretos», comentaba el vicepresidente de la instancia, Sebastián Soto, nombrado por Evópoli, partido de derecha moderada.

Y, otra muestra más de cómo se ha ido a llegando a consensos, también se refleja en lo que dijo el único integrante del Partido Comunista, Alexis Cortés, previo a votar los primeros artículos: «Nuestras frustraciones mutuas son una buena noticia para el proceso». La comisionada Antonia Rivas, de Convergencia Social, partido del presidente de izquierdas Grabriel Boric, también destacó el tono conciliador: «Muchas veces los comisionados nos encontramos en la vereda política opuesta, y por momentos nuestras posturas parecían irreconciliables. El texto que hoy se vota, refleja que con diálogo, entendimiento y respeto es posible llegar a un acuerdo en común».

Dentro de los artículos que se votarán hasta la próxima semana, y que ya tienen consenso, se encuentran la consagración, por primera vez, del derecho a la vivienda, además de varias normas clave sobre sistema político. Por ejemplo, hay una cirugía profunda al sistema de partidos políticos, cuya fragmentación actual en el Congreso -hoy hay 21 colectividades- ha provocado tanto dispersión como falta de acuerdos.

Ante ello, la comisión experta ha propuesto que solo los partidos que alcancen un cinco por ciento de los votos en la elección de la Cámara de Diputadas y Diputados «tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en cada rama del Congreso Nacional». También se impulsó crea una norma antidíscolos, que consiste que el diputado o senador que «renuncie al partido que hubiera declarado su candidatura», perderá su cargo parlamentario. Actualmente, hay una veintena de independientes pero, salvo el diputado Carlos Bianchi, todos fueron elegidos en listas de partidos.

También se votará una norma sobre paridad, pero que será transitoria, para que en elecciones ningún sexo supere la proporción 60%-40%. En este caso, no se logró acuerdo en la propuesta del oficialsimo por alcanzar el 50%-50%.

El debate por el Estado social

Las primeras votaciones del anteproyecto este martes correspondieron a las normas que presentó la subcomisión de principios, derechos civiles y políticos para el primer capítulo, la de Fundamentos del orden institucional, que presidió Máximo Pavez, de la UDI, partido de derecha. «La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización», señala su primer inciso. El segundo es el que consagra que «Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas».

«En términos personales es muy satisfactorio. La consagración del Estado social y democrático de derecho es compatible con los derechos y libertades individuales. Es a mi juicio una muy buena noticia para Chile», dijo la presidenta de la comisión, Verónica Undurraga, del PPD, partido de centroizquierda que es parte del oficialismo.

Esta vez, si bien el consejo aprobó en forma unánime este principio, los dichos de los integrantes de derecha revelan los matices. Un ejemplo es lo señalado en el pleno por Teodoro Ribera, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional: «Creo que no estamos creando realmente un Estado social y democrático de derecho, más bien se trata de constitucionalizar y por ello darle un mandato a la autoridad para seguir implementando con mayor vigor el Estado social y democrático de derecho».

O lo que dijo Carlos Frontaura, del Partido Republicano, de extrema derecha. Recalcó que si bien el Estado social y democrático de derecho es parte de las bases constitucionales, «no puede convertirse en instrumento para confundir toda politicidad con estatalidad, pues si ello ocurre habremos destruido su sentido y objetivo».

Frontaura es el único representante de esa colectividad en la comisión experta. En cambio, en el Consejo Constitucional que asumirá el 7 de junio, el Partido Republicano tendrá una mayoría, pues en las elecciones de comienzos de mayo arrasó y se convirtió en el principal partido del país con un 35% de los votos, es decir, casi 3,5 millones de respaldos.

El Consejo Constitucional tendrá seis meses para trabajar. Y el 17 de diciembre de 2023, habrá un plebiscito de salida, en que los chilenos votarán si aprueban o rechazan la propuesta.

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