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Los servicios facturados por los políticos van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias

Los diputados mexicanos desviaron en la anterior legislatura 506,5 millones de pesos, unos 30,6 millones dólares al tipo de cambio de entonces, a través de más de un centenar de empresas fantasma. Entre 2013 y 2018 los diputados contrataron a 130 empresas que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de haber simulado sus operaciones. Los servicios que facturaron van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias, según una base de datos del SAT a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Sin embargo en los comprobantes fiscales no se identifica qué legislador o instancia administrativa realizó la compra. También desviaron a firmas fantasma recursos de la partida económica que reciben para sus labores de gestoría social y que eran para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas destinadas a apoyar a los ciudadanos de sus distritos. En 2019, ya bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los legisladores aprobaron una ley para castigar el uso de las empresas fantasma con las que se defrauda al fisco.
La empresa que más recursos recibió es Aacors Solucion, constituida el 30 de octubre del 2015 en Villahermosa, Tabasco, y que al año de su fundación logró los primeros contratos con la Cámara de Diputados. Los documentos de los procedimientos de compra no están publicados en el portal de transparencia. En 2017, en una auditoría, se detectó que la compañía no aparecía en el listado oficial de contratistas pese a los pagos realizados. Por ello se le pidió a la dirección encargada de las adquisiciones incluirla en su padrón de proveedores y contratistas. La Cámara de Diputados le pagó a Aacors poco más de 283 millones de pesos (15,1 millones de dólares) a través de 107 facturas que justificaban la supuesta compra de cartuchos para impresoras y otros artículos de papelería, como sobres, engrapadoras, carpetas, hojas, clips y bolígrafos.

Durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto las empresas fantasma se convirtieron en un esquema estructural para el desvío de recursos públicos. Un ejemplo del uso generalizado en el que estuvieron implicadas fue el caso de la llamada Estafa Maestra, donde diversas dependencias con la ayuda de universidades triangularon cientos de millones de pesos que pasaron por firmas de papel. El modelo de la facturación falsa fue utilizado por gobernadores como Javier Duarte en Veracruz y en dependencias de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el Ejército mexicano, como lo documentó EL PAÍS el año pasado. Tras el cambio de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una cruzada contra las facturas falsas que se usan para evadir el pago de impuestos.

En la 62 legislatura, en funciones del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, los coordinadores parlamentarios fueron Luis Alberto Villarreal (PAN), Silvano Aureoles (PRD) y Manlio Fabio Beltrones (PRI). En la 63 legislatura, que funcionó del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, lideraron César Camacho (PRI), Francisco Martínez Neri (PRD) y Marko Cortés (PAN). Para este reportaje se buscó a cada uno de ellos con la finalidad de conocer su postura sobre las compras a empresas fantasma, pero solo se obtuvo respuesta de cuatro legisladores. Todos se deslindaron de las contrataciones. También se solicitó a la Cámara información sobre alguna investigación en curso sobre estas compras, pero no hubo respuesta.

Francisco Martínez Neri (PRD) aseguró que la mayor responsabilidad en las adquisiciones recaía en la Secretaría General, un nombramiento que se hace a propuesta del grupo mayoritario en la Cámara: en ese entonces el PRI. Villarreal, del PAN, dijo que es la primera vez que escucha sobre empresas fantasma en el Congreso. Además destacó que ellos no pudieron haber facturado servicios de consultorías o transporte porque su grupo parlamentario es el único que no realiza contrataciones externas. Se cuenta, explicó, con un equipo que les brinda apoyo logístico y legislativo en varios temas (transporte, estudios, alimentación). Marko Cortes, también del PAN, afirmó desconocer estas contrataciones y explicó que los asuntos administrativos recaían en el comité de administración y en la Secretaría General. César Camacho desconoció las compras a empresas fantasma y dijo que debido a que hay diversas instancias ejecutoras de gasto pudo haber sido cualquiera de ellas.

En un informe dado a conocer en junio de 2019 el SAT acusó que el uso de empresas fantasma aumentó exponencialmente en el sexenio anterior con la complicidad de servidores públicos. Entre 2014 y mediados de 2019 la autoridad tributaria había identificado 8.204 empresas que facturaron operaciones simuladas y que habrían evadido el pago de 354.512 millones de pesos. Para palear estos modelos de evasión, los legisladores emprendieron una serie de reformas. Después de meses de un intenso debate, en octubre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó diversos cambios a la ley para tipificar como delitos de delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas. Con ello, expusieron los diputados, se buscaba castigar a las empresas que expiden estos comprobantes fiscales para encubrir operaciones ilegales.

Ahora se sabe que no solo las instancias del poder ejecutivo y los gobiernos estatales empleaban la facturación falsa, sino que en el Congreso mexicano ocurría lo mismo. La 62 y 63 legislatura facturaron 1.993 comprobantes fiscales para amparar la adquisición de diversos bienes y servicios, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad fiscal vía transparencia. Las contrataciones se realizaron con 130 compañías que posteriormente fueron catalogadas como empresas que facturan operaciones inexistentes (EFOS) tras haberse corroborado que no cuentan con el personal, la infraestructura, los activos ni la capacidad para prestar los servicios o producir los bienes vendidos. Aunque sus nombres fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, el SAT no puede considerar que la totalidad de sus operaciones hayan sido ficticias, ya que pudieron haber simulado solo una parte de ellas.

Asesorías para las reformas estructurales
Durante la 62 legislatura se pagaron 158,6 millones de pesos a sociedades de papel. El mayor monto (44%) se destinó a la supuesta renta de equipo de sonido y audio y a la adquisición de mobiliario. Otro 22% de los recursos desviados a empresas fantasma se justificó como servicio de asesoría y consultoría. Uno de los pagos fue para la empresa Ficur S. C. que cobró poco más de un millón de pesos para brindar asesorías sobre diversas “reformas constituciones”. Justo en ese periodo legislativo salieron adelante las llamadas reformas estructurales —energética, educativa y financiera, entre otras— que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto con el apoyo de la bancada del PRI.

Otros de los servicios que supuestamente contrataron fueron asesorías para elaborar informes parlamentarios, consultoría legal y administrativa, servicios de control interno y estudios sobre leyes. En una de las facturas se lee que se prestó el servicio de “asesoría especializada para la investigación de diversos temas necesarios para el trabajo legislativo de la comisión de ciencia y tecnología”. Algunas de las empresas contratadas para esos rubros tenían el giro de comercializadoras, por lo que no correspondía el servicio con el objeto social, de acuerdo a una revisión hecha a los antecedentes notariales y empresariales de las firmas.

Otras fueron creadas exprofeso para los servicios que prestaron, como Advisor Groups Soluciones Integrales y de Proyección, que se constituyó legalmente en diciembre de 2014 y a los seis meses ya estaba recibiendo los primeros pagos por parte de la Cámara para impartir capacitaciones en materia digital. Sin embargo, en los dos domicilios que registró, la empresa nunca pudo ser localizada. En una visita que realizó personal de la Auditoría Superior de la Federación para verificar que los recursos públicos que recibió se hubiesen usado correctamente se encontraron con que no había ninguna empresa. En la dirección reportada se estaban construyendo varias viviendas de interés social, anotaron los auditores. “Aunado a eso no se localizó información de la empresa en internet y durante la ejecución de la auditoría se obtuvo información de que esta empresa no presentó la declaración anual por los ingresos obtenidos en 2016 y transfirió los recursos a otras cinco empresas”, se lee en un informe de la ASF.

Los diputados de la 63 legislatura destinaron 347,8 millones de pesos a empresas fantasma. En ocho de cada 10 facturas que se usaron para justificar los recursos asignados se describe la supuesta compra de artículos de papelería. También se contrataron cursos de equidad de género, talleres de violencia intrafamiliar, servicios de banquetes, alimentación y hospedaje, así como la renta de salones, edecanes y meseros. Otro millón y medio de pesos se destinó a la compra de material didáctico, enciclopedias, manuales y libros de historia, teoría política, asuntos migratorios y filosofía. En la base de datos revisada también se encontraron los pagos hechos por la cámara para reparaciones mecánicas de su flota vehicular, por conceptos que van desde servicios de alineación y balanceo hasta hojalatería y pintura.

Estos rubros que ahora aparecen como compras a empresas fantasma son una de las partes más complicadas de fiscalizar por parte de la autoridad, dice Muna Dora Buchahin, exdirectora de auditoría forense en la Auditoria Superior de la Federación. “Ves temas y cosas que adquieren que muchas veces son intangibles. Tienen muchas llaves abiertas para la corrupción: desde adjudicación de carros, realización de congresos, edecanes, transporte, boletos de avión, enciclopedias, libros, comedores, mantenimiento”, afirma. Parte de esta estructura de opacidad y discrecionalidad en sus gastos la han podido mantener porque algunas de las personas que laboran ahí son familiares o personas allegadas a ellos, menciona.

Los diputados también usaron parte de los recursos que reciben para sus labores de atención ciudadana en la contratación de compañías que emitían facturas falsas. En los conceptos de los comprobantes fiscales se lee que se realizaron compras de láminas, despensas, colchonetas, cobertores, uniformes, útiles escolares, sillas de ruedas, bastones, andaderas y materiales de construcción como cemento, grava y cartón. Estos artículos debieron financiarse con los recursos de una bolsa que se les asigna a los diputados para sus labores de gestoría social y que en su mayoría están destinadas a atender a grupos vulnerables. En una de las facturas se lee: “remodelación de la casa de gestión de un legislador ubicada en delegación Iztapalapa”.

Los diputados utilizan los apoyos contemplados en su presupuesto para su actividad legislativa sin controles. Para la Auditoría Auperior es difícil el trabajo de fiscalización en estos rubros porque parte de las subvenciones solo las comprueban con un recibo simple, explica Buchahin. “Tienen la cancha abierta para poder meter a ese saco todo lo que quieran como apoyo para su actividad. Esos espacios que la ley o la normativa interna te pueden llevar a la corrupción”, reitera. Cuando se someten sus gastos al escrutinio hay una resistencia política: “No tienen la voluntad de soportar cada uno de los gastos con toda la información comprobatoria y justificativa que corresponde en cada caso”, destaca la experta anticorrupción.

Las contrataciones y adquisiciones en la cámara baja no están concentradas en una sola persona o instancia. Una parte de ellas se realizan por medio de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, pero otras las llevan a cabo los legisladores directamente o a través de sus grupos parlamentarios. También se cuenta con un comité de Administración, una instancia conformada por diputados y encargada de auxiliar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en sus tareas administrativas.

EL PAÍS