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Human Rights Watch asegura que nueve personas han sido asesinadas en medio de la pandemia a manos de la guerrilla del ELN, grupos disidentes de las FARC y paramilitares

Atacan vehículos en movimiento, impiden que los campesinos se desplacen para abastecerse de alimentos y ejecutan a quienes no cumplen con las “reglas draconianas” que les imponen. Así describe la ONG Human Rights Watch la crítica situación que se vive en 11 de 32 departamentos de Colombia por las reglas de terror que les infligen la guerrilla del ELN, la última activa en el país, grupos disidentes de las FARC y los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas. Aprovechando las medidas gubernamentales de cuarentena para contener la propagación del coronavirus, estos grupos armados establecieron medidas férreas que amedrentan a la población.

De acuerdo con un informe presentado este miércoles, en ese contexto de intimidación han sido asesinados nueve civiles. Uno de ellos, el líder social de San Miguel (Putumayo) Edison León Pérez, ejecutado según los testimonios recogidos por denunciar que el grupo narcotraficante llamado La Mafia obligaba a los pobladores “a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona en relación con síntomas de covid-19”.

No solo en Putumayo, ubicado en el sur del país, sino también en los departamentos de Cauca, Nariño, Córdoba y Guaviare, la ONG documentó toques de queda impuestos por los grupos armados y amenazas que obligan a los pobladores a cerrar sus tiendas y mercados, aunque la directiva del Gobierno de Iván Duque haya permitido la apertura de algunos sectores económicos. En Tumaco, un municipio de enorme pobreza a orillas del Pacífico, uno de los epicentros del narcotráfico en Colombia, los grupos armados limitan las actividades de pesca y evitan que los residentes vendan comidas en puestos callejeros, lo que está profundizando el hambre que ya ha causado la pandemia. En otros municipios, exigen la toma de temperatura a los campesinos.

“Estos grupos persiguen varios objetivos: afianzar su poder, aprovecharse de las condiciones y la pandemia y de la situación de pánico para consolidar su control social e imponer su autoridad. Y, de otro lado, usar esta pandemia para granjearse legitimidad, para que las comunidades no los vean como una mafia brutal que procede con el único objetivo de extasiar sus necesidades de acumulación de poder, sino también como una entidad que está velando por la comunidad”, dijo José Miguel Vivanco, desde Estados Unidos, durante el lanzamiento del informe.

Las intimidaciones se transmiten a través de panfletos y mensajes de whatsApp, según la investigación del organismo, que consultó a 55 fuentes. En Colombia, a la fecha, hay más de 159.000 personas contagiadas con la covid-19 y no está claro si estos grupos armados amenazan a quienes resulten positivos. “No tenemos una radiografía a ese respecto. Lo que sí sabemos es que las comunidades están en una situación imposible, si tienen tiendas deben cerrarlas por las arbitrariedades por los grupos irregulares. Han perdido ingresos, están en dificultades para subsistir y estos grupos no admiten excepciones”, dijo Vivanco.

EL PAÍS