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Santiago Peña, de 44 años de edad, economista, exministro de Hacienda y militante del hegemónico Partido Colorado, asumió ayer (15 de agosto) la presidencia de Paraguay, cargo que ocupará hasta el 2028, tras haberse impuesto en las elecciones generales del pasado 30 de abril.

«Peña tiene un discurso muy ambicioso. Creo que es el primer presidente colorado que viene con una agenda en colisión con los intereses del sector público», explicó en conversación con Sputnik el abogado y politólogo paraguayo Sebastián Acha.

El analista sostuvo que el próximo mandatario paraguayo ha abordado temas sensibles para los trabajadores estatales, como la prometida reforma de la Caja Fiscal, algo que no han querido hacer las pasadas administraciones «por el temor a algún tipo de estallido dentro de los sindicatos públicos».
El flamante mandatario «ha hablado sobre una racionalización de gastos en materia de salud y educación, que supondría una suerte de tercerización de determinados servicios, lo cual le ha traído no pocos problemas durante la campaña», explicó el analista.

Peña ha reiterado en reuniones y presentaciones en los meses previos a su posesión en el mando, especialmente en foros empresariales, sobre la «necesidad de contar con un Estado más eficiente» apoyado en la «racionalización del gasto», advirtió el experto.

De acuerdo a la visión del abogado paraguayo, la postura previa a la asunción en el cargo de Peña «se circunscribe dentro de las grandes líneas de lo que siempre se ha hablado, pero que nunca se ha ejecutado», en el marco del ejercicio del poder en el país del Cono Sur.

«Ahora llegó el momento de la verdad. Mañana jura con una mayoría parlamentaria que alcanza a dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso, que le dan la posibilidad de hacer pasar formalmente estas reformas», indicó Acha.

El experto advirtió que esta posibilidad trae «incertidumbre en los funcionarios públicos», quienes se han manifestado por algunos proyectos de ley «que aparentemente van a ser del paquete de Peña, en donde hay fusiones de entidades públicas importantes».

La sombra de Cartes

Acha señaló el esfuerzo realizado por Peña para «desmarcarse» de las acusaciones de corrupción que recaen sobre su «padrino político», el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), en el marco del futuro relacionamiento de su Gobierno con Estados Unidos.

El Departamento de Estado estadounidense sancionó, a principios de este año, al expresidente Cartes y al vicepresidente paraguayo desde 2018 Hugo Velázquez por actos de corrupción.

«Cómo se puede desprender de esa tutela política o cómo poder navegar en una mayoría que le ofrece esa tutela política: esa es la gran ecuación que va a tener que resolver Peña en estos primeros meses de su Gobierno», agregó.

El vínculo con China

Para Acha, el tema candente de la campaña electoral sobre la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China en desmedro del histórico lazo entre Paraguay y Taiwán, «quedó solo en una agenda retórica».

Taipéi «tiene un relacionamiento de cortejamiento a las élites parlamentarias paraguayas que tiene por lo menos 50 años», acusó el analista.
Fue así que el pasado 12 de julio Peña visitó Taipéi y se reunió con la líder taiwanesa Tsai Ing-wen, en un gesto que fue reconocido como una reafirmación de los vínculos diplomáticos con la isla.

De acuerdo con Acha, no se trata de que los dichos de Peña sobre una posible apertura hacia el gigante asiático «vaya a ocurrir por arte de magia». Incluso la posibilidad de un acuerdo bilateral con China «tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso y es muy difícil que eso ocurra», aclaró.
«Ya no depende de la voluntad del ejecutivo, necesita un amplio acuerdo dentro de sus propias filas», enfatizó el abogado paraguayo.

Mercosur

Con respecto a los desafíos de integración que supone el Mercado Común del Sur (Mercosur), que la nación guaraní integra junto a Uruguay, Brasil y Argentina, Peña «ha tenido el buen tino» de elegir a «un excelente canciller», como Rubén Ramírez Lezcano, quien ocupará el cargo por segunda vez, destacó Acha.

Ramírez Lezcano fue encargado de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y hombre clave en la negociación para que Brasil eliminase en 2007 la doble indexación de intereses por la deuda de la construcción de la central hidroeléctrica binacional de Itaipú, «lo que significó un resultado muy ventajoso para el Paraguay».

La eliminación de la doble indexación se produjo durante el segundo mandato del brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2007-2011). Por ello, el analista entrevistado resaltó que Peña ha nombrado «a un conocido de Lula, principal socio del Paraguay, pero a la vez también es un diplomático con una carrera muy dilatada en el ámbito regional».

«Ramírez Lezcano conoce a los presidentes, cancilleres y servicios exteriores de América Latina y, por lo tanto, creemos que no va a haber sobresaltos en materia de relacionamiento dentro del bloque Mercosur y dentro de lo que puede llegar a ser la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que son los foros que más nos afectan», profundizó Acha.

Poco en lo social

«Lo social no ha sido su fuerte en toda la campaña», afirmó Acha. Peña «se comprometió a seguir con los planes que se han anunciado desde hace tres gobiernos, que son los programas de transferencias monetarias, condicionadas a familias de escasos recursos que están por debajo de los umbrales de pobreza y no mucho más que eso», puntualizó.

En lo concerniente a las ocupaciones de tierras por parte de trabajadores rurales, un tema abordado en campaña y refrendado por los grandes hacendados del país, el próximo mandatario del Paraguay manifestó que no va a dar pie a «ningún tipo de ocupación por la fuerza ni medidas de coerción al Gobierno», redondeó el abogado paraguayo.

Las tierras malhabidas —otorgadas de forma irregular a privados durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989)— sigue siendo un tema de tensiones y disputas en el país. Los campesinos e indígenas son desplazados de las tierras cuyos derechos reclaman.

En este sentido, el Estado paraguayo además califica como delito la ocupación ilegal de tierras privadas, y nuevas normativas aprobadas durante el Gobierno de Abdo Benítez (2018-2023) han endurecido las penas.

SPUTNIK NEWS