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La ley permite abortar respetando unos plazos y bajo supervisión del Estado. Ha sido una norma pionera en América del Sur, pero hay expertos que exigen su reforma para subsanar deficiencias

Interrumpir el embarazo hasta la semana 12 de gestación es un derecho en Uruguay, pero si una mujer acude en este momento a los hospitales públicos de las ciudades de Colonia del Sacramento, Mercedes (suroeste del país) y Melo (este) con intención de abortar tendrá que ser trasladada a otro lugar, ya que el 100% de los ginecólogos de estos centros se ha declarado objetor de conciencia.

Son datos de la organización social Mujer y Salud Uruguay (MYSU), que han suscitado preocupación en el país, donde hay otros profesionales sanitarios que también se escudan en sus creencias para no realizar esta práctica, sobre todo en las zonas del interior, donde vive un 50% de la población, aunque los datos oficiales escasean y no están actualizados. Este diario solicitó una entrevista al Ministerio de Salud Pública (MSP) para obtener información sobre los ginecólogos objetores de conciencia y otros datos actualizados, pero no recibió respuesta.

Diez años después de la promulgación de la ley IVE, como es conocida en Uruguay, organizaciones de defensa de los derechos de la mujer coinciden en la necesidad de reformarla, aunque el contexto político actual del país no sea el más propicio. Otros, como el ginecólogo Lionel Briozzo, viceministro de Sanidad en 2012, aspira a que el delito por aborto desaparezca definitivamente del código penal y sea un asunto que se resuelva entre la mujer y un centro médico, como ocurre en países como Canadá.

“No se combate el estigma y la discriminación que siguen existiendo hacia quienes deciden abortar como hacia los equipos profesionales que brindan la atención”, resumió el MYSU en un informe publicado con motivo del décimo aniversario de la promulgación de la ley, en el que denunció que autoridades del actual gobierno de Luis Lacalle Pou (centro-derecha), que asumió en 2020, han situado a “profesionales ‘objetores’ a cargo de los servicios que reniegan dar”. “Lejos de avanzar, retrocedimos”, zanja la organización.

Según Lilián Abracinskas, directora de MYSU, la ley nunca fue la que deseaban las organizaciones feministas, pero fue la única “posible” dentro del marco político favorable que se vivía en el país entre 2010 y 2015, bajo la presidencia de José Mujica (Frente Amplio, centroizquierda). En aquel momento en las calles, multitudinarias manifestaciones mostrando manos anaranjadas pedían la legalización del aborto y Mujica no se opuso a la norma, a diferencia de su antecesor, Tabaré Vázquez, quien vetó los artículos que despenalizaban el aborto en una ley aprobada por el parlamento en 2008.

La ley establece la despenalización del aborto durante las 12 primeras semanas de gestación, que se amplían a 14 en caso de violación. Los plazos desaparecen cuando existan anomalías fetales o la vida de la madre corra peligro. Sin embargo, para interrumpir el embarazo la mujer tiene seguir varios pasos: manifestar su voluntad ante una instancia médica, comparecer ante un tribunal integrado por un ginecólogo, un experto en salud mental y un asistente social que le explicarán riesgos y alternativas y reflexionar cinco días antes de ratificar su decisión. “Sería bueno revisar y mejorar” la ley, admite a este diario Cecilia Stapff, de Iniciativas Sanitarias, asociación de defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

La responsable propone incluir a parteras y médicos de familia en esta práctica para la que solo están habilitados los ginecólogos y considera que los cinco días de reflexión de la mujer que desea abortar podrían ser optativos. “Pero no es el momento de revisar la ley, porque el contexto político de Uruguay es muy conservador y el riesgo de retroceder es mayor que las posibilidades de avanzar”, reconoce.

10.000 abortos al año

En la América Latina de diciembre de 2012, cuando esta ley entró en vigor en Uruguay, sólo se contemplaba el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en Cuba, Guyana y Puerto Rico. Desde entonces, Argentina, Colombia y México han aprobado leyes que despenalizan el aborto estipulando plazos diferentes. Actualmente, cinco países de la región prohíben el aborto sin excepciones (Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Haití) y el resto lo permite bajo una serie de supuestos, por ejemplo que la vida de la mujer corra peligro, haya habido violación o la vida del feto sea inviable.

De acuerdo con los datos oficiales citados por MYSU, en 2013, primer año de vigencia de la ley se llevaron a cabo 7.200 abortos en el sistema sanitario uruguayo y actualmente se realizan una media de 10.000 anuales. Los mismos datos muestran que un 95% de las mujeres que expresó su voluntad de interrumpir el embarazo llegó hasta el final del proceso.

“En estos 10 años, ha quedado claro que el procedimiento no hace que la mujer desista de abortar. Esta ley tampoco promueve el aborto, sino que genera las condiciones en que se realiza la práctica”, insiste Abracinskas.

Según Mónica Gorgoroso, ginecóloga referente de salud sexual y reproductiva de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), hay informar más y mejor sobre la ley para alejar el estigma que la rodea. “Diez años después deberíamos haber sacudido esos fantasmas. Ya sabemos que la gente no va a salir en hordas a abortar y que la baja natalidad en Uruguay no se debe al aborto”, asegura.

Los prejuicios y la presión social se dejan sentir con más fuerza en pueblos y pequeñas ciudades. Como ocurre en Salto, localidad del noroeste de Uruguay, donde la aplicación de la ley IVE está garantizada, pero persisten los obstáculos, el desconocimiento y la presión social, explica Yanina Roldán, de la red feminista de acompañantes Las Lilas.

Tras aprobar la ley, “no se hicieron campañas para informar sobre el servicio. Ese trabajo sigue dependiendo de las organizaciones sociales y de los movimientos feministas”, lamenta, en una videollamada con este diario. Roldán describe la presión ejercida por los grupos religiosos de la ciudad y denuncia que se ha llegado a mostrar a las mujeres que desean abortar imágenes y sonidos durante las ecografías a las que deben someterse, pese a que los protocolos médicos indican claramente que no se debe hacer.

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