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El Gobierno de Maduro niega una estrategia estatal sistemática que pueda ser investigada por la corte y califica de actos crueles, pero no de crimen contra la humanidad, las violaciones y abusos sexuales denunciados

Las víctimas de la violencia desatada en Venezuela en 2017 esperan que el Tribunal Penal Internacional (TPI) reconozca que fueron perseguidas por la defensa de sus derechos políticos y sociales. Que se demuestre, en definitiva, que las violaciones y abusos padecidos en ese contexto constituyen crímenes contra la humanidad y que pueda haber una forma de reparación. Su voz ha planeado sobre la Sala de Apelaciones de la corte que ha cerrado este miércoles dos jornadas de sesiones sobre la investigación que la Fiscalía espera llevar a cabo en el país sudamericano. La defensa del Gobierno de Venezuela niega la existencia de un plan estatal de represión y considera que la presencia del TPI en este asunto responde a intereses políticos externos. Los fiscales, sin embargo, señalan que la labor judicial de Caracas es escasa y temen que haya un vacío de impunidad. Los jueces deberán decidir a partir de ahora si la Fiscalía puede seguir adelante con el caso.

Es la primera vez que las víctimas venezolanas de las protestas antigubernamentales llevadas a cabo entre abril y julio de 2017, en las que hubo más de cien muertos, hacían oír su voz. No lo han hecho en persona sino a través de Paolina Massidda, abogado principal de la Oficina del Defensor Público para la Víctimas (OPCV en sus siglas en inglés) del TPI. “En este mismo momento, mientras hablamos, se siguen cometiendo delitos con impunidad en Venezuela”, ha dicho. Después de asegurar que las autoridades venezolanas “no investigan como lo haría a Fiscalía del TPI”, ha recalcado que el sufrimiento de los que han padecido una violación o de abusos sexuales “es específico en el marco de una persecución”. “No se pueden investigar estos delitos a escala nacional como si fueran solo actos de crueldad. Hay que demostrar la intención discriminatoria y debe reconocerse el contexto”, ha dicho. Massidda ha indicado que los tribunales venezolanos han desestimado casos de esta índole, “pero hay actos de tortura y violaciones en centros de detención; amenazas y opositores políticos detenidos ilegalmente; abusos a las víctimas y a sus familias”. Las víctimas, ha concluido, “buscan justicia y esperan que se confirme la reanudación de las investigaciones de la Fiscalía”. “Solo un enfoque global permitirá averiguar la verdad”.

Frente a ella, el británico Ben Emmerson, uno de los abogados contratados por el Gobierno venezolano, ha negado que el TPI tenga competencia en este caso, “a menos que hubiera una política estatal de represión, cosa que negamos”. Al referirse a las peticiones de justicia de las víctimas de violaciones ha sido cortante. Ha dicho: “Esa retórica de los sentimientos se puede aplicar a muchos crímenes. Aquí se ha inventado una política de Estado generalizada inexistente para acudir al TPI, y una usurpación de la función judicial por parte de la Fiscalía. Venezuela ya investiga cada caso basado en sus propios hechos”. Su tono exaltado ha sido considerado poco adecuado por los jueces de la Sala de Apelación, que han pedido poco después a todos los presentes buenos modales ante un tribunal de justicia.

Yvan Gil, ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, ha sido autorizado a participar en la sesión final de la apelación como representante del Estado y ha admitido que “ha podido haber incidentes aislados por parte de oficiales”. Se trata, ha añadido, “de actos contra los derechos humanos, no de crímenes contra la humanidad”. Luego ha sido tan contundente como Emmerson y ha hecho el siguiente recuento: “Más de 250 agentes del Estado están siendo investigados. Las investigaciones de Venezuela superan a todo lo hecho por el TPI en sus veinte años de existencia”. Una vez aclarado que no se trataba de “una competición”, ha advertido de que el estado territorial “es el mejor situado para juzgar y la justicia local garantiza la disuasión porque está más cerca”. “Venezuela no tiene nada que esconder. Pedimos un trato equilibrado que restablezca la legalidad quebrantada con este caso”, ha concluido.

En 2020, la Fiscalía del TPI, que había llevado a cabo un examen preliminar del caso de Venezuela, concluyó que existían “fundamentos razonables para creer que habían ocurrido delitos que son competencia de esta corte”. En 2021 se abrió una investigación, aplazada cuando Caracas alegó que las autoridades nacionales ya indagaban los hechos. En 2023, el tribunal autorizó al fiscal jefe, Karim Khan, que reanudase su labor porque el caso no avanzaba. “Hay un grado de planificación en el crimen contra la humanidad y Venezuela no ha podido demostrar que lo estuviera investigando. Dijo que eran actos aislados, pero eso solo puede saberse cuando se investiga”, ha explicado este miércoles el equipo de la fiscalía. En su alegato final han hecho hincapié en que un Estado puede analizar un ataque sistemático contra civiles “incluso si no incluyen en sus normas el concepto de crimen contra la humanidad”. “De otro modo, no se pueden pronunciar sobre el alcance del daño y sobre el propio daño causado”. En este punto, los fiscales aseveraron que las investigaciones de Venezuela “no reflejan la intención discriminatoria y los crímenes sexuales, y la Fiscalía del TPI puede investigar delitos que preocupan a la comunidad internacional”. Se inhibirán, han dicho, “si se demuestra que Venezuela refleja en su labor lo que investiga esta corte”.

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