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Por Jorge Elbaum

El 18 y 19 de octubre se realizó en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires el Seminario sobre la Implementación del sistema acusatorio en la justicia penal federal, organizado en forma conjunta por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Estado.

Dicho encuentro se realizó con una semana de antelación a la visita de una delegación de congresistas estadounidenses, encabezada por el senador Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país y uno de los más fervientes defensores de los bloqueos y las sanciones unilaterales contra Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El CEJA es un organismo intergubernamental vinculado y controlado por la Organización de los Estados Americanos, OEA. La titular del CEJA es Jenny Willier Murphy, una ex funcionaria de USAID, la agencia dedicada a la ayuda humanitaria que depende del Departamento de Defensa, es decir del Pentágono.

El vicepresidente es el juez Daniel Petrone, integrante de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, quien advirtió ante sus pares que “mantiene una amistad íntima” con el ex ministro de Justicia Germán Garavano, integrante –junto al prófugo Fabián Rodríguez Simón– de la denominada Mesa Judicial instituida durante el gobierno de Mauricio Macri con la clara intención de promover la persecución de dirigentes políticos, sociales y empresariales.

La actividad del Savoy fue prologada por diversos encuentros organizados por la delegación diplomática estadounidense, en connivencia con organismos públicos. Uno de ellos fue el cónclave académico llevado a cabo en la Ciudad de Rosario, el 18 y 19 de agosto, bajo el título de La Persecución penal del narcotráfico desde la experiencia internacional, también organizado por el CEJA y el INL.

Dicha actividad contó con la presencia del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Hernán Botta, el ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, el representante del ILN en la Argentina, Jeremie Swinnen y la directora ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce. Esta última, además, firmó un convenio durante la última semana con el titular de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) e integrante de la Cámara Contencioso Administrativa, Jorge Morán. El secretario general de la AJUFE, que acompaña en la nueva comisión directiva a Morán, es el vaporoso titular del Juzgado Federal 4, Ariel Lijo.

La persistencia de la actividad diplomática de Washington, relativa a la formación y cooptación de operadores judiciales locales, continuó en septiembre con la actividad nominada como Taller de investigación y persecución de delitos transnacionales complejos en el Sistema Acusatorio.

En ese ámbito, de estricta apariencia académica, se congregaron fiscales provinciales y federales de todo el país para escuchar los consejos y las “buenas prácticas” sugeridas por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

La OPDAT se especializa en la “lucha contra la corrupción”, el sambenito con el que se iniciaron –en la primera década del presente siglo– las variadas ofensivas de criminalización política, responsables de los golpes institucionales en Honduras, Paraguay y Brasil. Esos parámetros de judicialización también operaron como orientación práctica para la criminalización de Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner y Lula.

Las exposiciones del encuentro de Savoy tuvieron como objetivo persuadir a los presentes acerca de:

la necesidad de colaborar con la Justicia estadounidense por contar con herramientas más eficientes que las domésticas,
evidenciar la superioridad procedimental de los operadores judiciales visitantes,
consentir formas de prioridad jurisdiccional de los tribunales estadounidenses por sobre los locales,
imponer jerarquías de delitos acordes a las necesidades del DOJ,
tender un manto de sospecha permanentes sobre la política y los políticos latinoamericanos,
valorizar el mercado como el ámbito a ser imitado, en términos de sus valores ligados a la libertad y la competencia,
transformar a jueces y fiscales locales en salvaguardas de un sistema que habitualmente es corrompido por los denominados populismos.
Las diversas actividades de formación, capacitación y cooptación de operadores judiciales –desplegadas en forma planificada y sistemática por Washington– son funcionales a la guerra judicial (lawfare) ejecutada a partir del primer lustro del siglo XXI para cercar, contener o limitar las expectativas soberanistas. Sus mentores buscan la utilización de herramientas normativas para la persecución política y su uso como un arma para destruir al adversario político en estrados judiciales.

Para evitar que dichos mecanismos arbitrarios y brutales puedan transformarse en un boomerang, y orientarse hacia las elites corruptas latinoamericanas, se busca imponer un doble rasero, a través del cual se jerarquizan los supuestos delitos como más o menos escandalosos. En ese marco, los vinculados con proyectos populares deberán ser inventados, recreados y/o amplificados, al tiempo que los relacionados con los grupos concentrados –realmente existentes– deberán ser invisibilizados y tramitados –en las sombras– por magistrados y fiscales entrenados en el intercambio de favores, como en el caso del Correo Argentino.

Control estratégico

En síntesis, la criminalización sugerida por Washington supone la consecución de objetivos políticos a través de medios legales. El objetivo estratégico es –como en toda guerra– el control de recursos estratégicos y la anulación, proscripción, eliminación o aniquilamiento de los sujetos sociales –individuales o colectivos– que tengan o pueden llegar a contar con capacidad de interferir o evitar dicha dominación.

El modelo que dio forma a la criminalización activa de la política se inició en 1997 en el marco del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC, por sus iniciales en inglés), en el cual se conjeturó la necesidad de contar con mayores herramientas de neo-colonización que las militares. Fue fundado por William Kristol y Robert Kagan, quienes impulsaron una gran cantidad de iniciativas ligadas a la jurisdicción global y a la necesaria formación de operadores judiciales en América Latina, África y Asia.

El emblema de la PNAC fue “el liderazgo estadounidense es bueno tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo”. Los principios de Kristol y Kagan se refugiaron y multiplicaron en centenas de influyentes think tanks operantes en todo el mundo.

Según Linn Hammergren, la primera etapa de cooptación jurídica se efectivizó, en América Latina y el Caribe, a partir de la última década del siglo XX mediante la seducción de operadores judiciales abocados a las llamadas transiciones democráticas. En Expanding the Rule of Law: Judicial Reform in Latin America, Hammergren expone como una paradoja que los mismos que promovieron los golpes militares en la región sean capaces de irrumpir como los agentes aptos para reconfigurar los sistemas judiciales de quienes fueron sus víctimas.

La segunda etapa, además de acumular horas de capacitación –y de reseteo cognitivo–, suma la injerencia diplomática directa. Los embajadores de las delegaciones de Washington empiezan a interactuar de forma permanente con referentes judiciales para ofrecerles cobertura y prestigio en formato de viajes y prebendas simbólicas.

Un ejemplo de este accionar quedó evidenciado en la proliferación de comunicaciones de los embajadores estadounidenses, filtradas por WikiLeaks y editadas por Santiago O’Donnell en su libro Politileaks: “De los más de 2.000 despachos diplomáticos elaborados por la embajada estadounidense en Buenos Aires entre mediados de 2006 y principios de 2010, el período que abarca la filtración de WikiLeaks, de todas las figuras públicas argentinas que se reunieron con el embajador estadounidense durante ese tiempo, difícilmente alguno supere en cantidad al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti”.

La tercera etapa es caracterizada como geopolítica por Jaume Castan Pinos y Mark Friis Hau en su texto dedicado al lawfare. En esa instancia actual, sugieren, continúan las operaciones anteriores, pero se suma la jurisdicción estadounidense –en forma directa– en la configuración política de la región. Además de la construcción de una hegemonía legal, basada en voces expertas funcionales a los intereses de Washington, se suma la imposición de determinados órdenes legales y la proscripción política neocolonial, como la sufrida por el candidato a la presidencia de Paraguay que fue proscripto de manera informal por una disposición administrativa comunicada por el Departamento de Estado.

En agosto pasado, el legislador trumpista Ted Cruz, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exigió al secretario de Estado, Anthony Blinken, que Cristina Fernández de Kirchner fuera catalogada como corrupta y que se le impidiera a ella y a sus familiares el ingreso a Estados Unidos. Esa disposición es la que obligó al candidato del Partido Colorado, Hugo Velázquez, a abandonar la candidatura guaraní.

Una semana atrás, el escritor y profesor Jeffrey Sachs participó de la Reunión Anual del Club de Discusión de Valdai, en Moscú, titulada “Un mundo post-hegemónico: justicia y seguridad para todos”. En esa ocasión brindó varias aseveraciones que intentaron ser silenciadas por el moderador de su mesa: “El país más violento del mundo en el siglo XIX fue Gran Bretaña.

El país más violento desde 1950 es Estados Unidos (…) que es una sociedad racista, jerárquica semi-democrática donde dominan los blancos. Tiene como objetivo preservar el privilegio de las élites, y se fundó como un país genocida y esclavista”. Además, agregó: “El mayor error del Presidente Joe Biden fue decir ‘la mayor lucha del mundo es entre democracias y autocracias’.

La verdadera lucha del mundo es vivir juntos y superar nuestros problemas comunes y nuestras crisis”. Los funcionarios de Washington no parecen entender qué es lo que realmente está diciendo. Los operadores judiciales domésticos –que se regodean con sus contactos en Miami, Washington, California y New York– tampoco.

Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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