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Bolivia no quiere el dinero del Fondo Monetario Internacional. Al menos no el facilitado por el FMI durante el gobierno interino de Jeanine Áñez.

El Banco Central de Bolivia anunció el miércoles la devolución de un crédito millonario acordado después de la intempestiva salida de la presidencia de Evo Morales y su reemplazo por Áñez, el primer préstamo concedido al país en años.

Y la institución también anunció que emprenderá las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan «en contra de todos los servidores y exservidores públicos que resultasen con indicios de responsabilidad por su participación en el proceso de negociación, suscripción y operación del mencionado financiamiento con el FMI».

Según el BCB, el préstamo de US$327,7 millones para enfrentar la pandemia de covid-19 fue «gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020».

Según un comunicado de la institución financiera, «este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano».

De hecho, a febrero de este año los costos adicionales ya sumaban US$24,3 millones, US$19,6 millones por variación cambiaria y US$4,7 millones en comisiones e intereses.

Así que para hacer efectiva la devolución del préstamo el BCB se vio obligado a desembolsar US$351,5 millones al FMI.

La institución, que dijo actuar en defensa de la soberanía económica de Bolivia y el respeto a la Constitución Política del país, aseguró además en el comunicado que el crédito conllevaba condiciones inaceptables.

«El denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI», se lee en el mismo.

Y según las actuales autoridades del Banco Central, esto iría contra lo establecido los artículos 158 y 322 de la Constitución boliviana «y otras normas conexas vigentes, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país».

«Medida política»
Esta valoración, sin embargo, no es compartida por el antiguo director del BCB, José Gabriel Espinoza, quien aseguró que la operación no planteó jamás ninguna condicionante a la política fiscal o monetaria del país.

Espinoza también le dijo al diario boliviano El Deber que la liquidación adelantada de la operación, que estaba pactada a cinco años, era lo que había causado la pérdida cambiaria señalada por su predecesor, al tiempo que lamentó la falta de un plan económico serio para enfrentar la crisis.

«La gestión económica que adopta el Gobierno es el mandar mensajes de persecución, con el objetivo de tapar su falta de una política económica real frente a la crisis», aseguró.

Según una nota de prensa del FMI de abril del año pasado, el objetivo del crédito era ayudar a Bolivia «a satisfacer las necesidades de balanza de pagos derivadas del estallido de la pandemia de covid-19, y apoyar los gastos médicos y las medidas de socorro que se requieren con urgencia para proteger el bienestar de la población».

Y, en la misma, el Director Gerente Adjunto del FMI, Mitsuhiro Furusawa, también destacó la «determinación» de las autoridades de turno «de asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda una vez superada la crisis».

«Para ello, se comprometen a alcanzar un déficit fiscal sostenible en el mediano plazo, sin dejar de mantener un fuerte apoyo al gasto social, y a adoptar otras medidas macro y financieras según sea necesario», declaró entonces Furusawa.

El gobierno de Áñez, sin embargo, fue remplazado en noviembre del año pasado por una nueva administración del MAS -el partido de Evo Morales- con Luis Arce como presidente.

Y, por el momento, las autoridades bolivianas no parecen interesadas en tener deudas con el FMI.

BBC