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La división en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) junto a los desafíos en el área de hidrocarburos y el litio marcan el tercer año de Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, en medio de la ascendente crisis en los comicios de cara a las elecciones generales de 2025.

Los tres años de Arce pasaron con pocos cambios en su gabinete de ministros, aspecto que ha sido determinante en la relación con la facción oficialista afín al expresidente y líder del MAS Evo Morales (2006-2019), que no ha parado de criticar el manejo político, económico y la transparencia del Gobierno.

Las principales claves para comprender el tercer año de Gobierno de Arce a continuación:

La fisura en el MAS comenzó en 2021, con los constantes pedidos de Morales y sus seguidores para que Arce cambie a varios de sus ministros, algo que el jefe de Estado no hizo.

A esto siguieron las constantes denuncias de corrupción y encubrimiento al narcotráfico que, según Morales, son el elemento constante en el Gobierno, y que han tocado a un hijo del presidente, quien fue denunciado por presuntamente armar un «negocio» familiar a partir de los proyectos de gas y litio.

La crisis se agudizó cuando en el congreso del MAS de octubre pasado se reeligió a Morales como líder y candidato «único» del partido para las presidenciales de 2025, pero la reunión fue desconocida por las organizaciones sociales afines a Arce y anulada por el organismo electoral del país.

La industrialización del litio es una de las apuestas más fuertes del Gobierno de Arce, ya que Bolivia posee 23 millones de toneladas del recurso y la mayor del mundo, ante la caída de la producción de gas natural que hasta hace unos años fue el principal producto de exportación.

A principios del año, el Ejecutivo firmó dos convenios para la instalación de dos plantas de extracción directa de litio (EDL) y para acelerar la explotación con empresas de China y Rusia, y otros dos en junio para otros dos complejos EDL.

Por contra, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) identificó «problemas» de diseño en proyectos anteriores de una planta de carbonato de litio a base de tecnología de evaporación, por lo que hizo ajustes «desde cero» y tuvo aplazar su entrega.

El uso de mercurio para la explotación de oro y la contaminación de los ríos de la Amazonía por parte de los mineros independientes que se organizan en cooperativas, ha generado un amplio debate sobre los efectos dañinos en el medioambiente y la salud humana.

Las organizaciones indígenas denunciaron la presencia de mercurio en el cuerpo de varios pobladores por encima de los niveles permitidos e impulsaron acciones judiciales para que se detenga la actividad aurífera en sus territorios, mientras que el Gobierno aprobó algunas normas para regular el uso del mineral.

Hace varios meses el país atraviesa una persistente sequía que ha puesto en riesgo la provisión de agua para la producción agrícola y el consumo humano y que según los expertos será mayor con la llegada del fenómeno de El Niño, por lo que la crisis hídrica podría repercutir en la seguridad alimentaria.

La Administración de Arce decidió cortar hace unos días las relaciones diplomáticas con Israel, tras considerar una «agresiva y desproporcionada ofensiva militar» contra la población en la Franja de Gaza.

Una medida similar asumió el Gobierno del entonces presidente Evo Morales en 2009, sin embargo la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) restableció y acordó profundizar las relaciones diplomáticas entre Bolivia e Israel.

En esta ocasión, el Gobierno boliviano pidió el cese al fuego en Oriente Medio y que desde las Naciones Unidas se «allane una solución definitiva» para que Palestina ejerza su derechos a la «autodeterminación» y consolide su propio Estado.

Los procesos penales por la muerte de una veintena de civiles en las masacres de Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10) en El Alto, ciudad vecina de La Paz, siguieron la ruta de la justicia ordinaria pese a los pedidos de la expresidenta de transición para que se la someta a un juicio de responsabilidades.

La Fiscalía General del país presentó el mes pasado una acusación formal en la que pidió la máxima sentencia de 30 años de prisión contra Áñez por genocidio y para tres exministros suyos y varios exjefes militares y policiales.

Pero un tribunal se declaró «incompetente» para administrar ese caso por la vía ordinaria contra la exmandataria interina detenida desde marzo de 2021 y sentenciada en 2022 por situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional luego de la renuncia de Morales a la Presidencia en 2019 y de otras altas autoridades.

EFE