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DHAYANA FERNÁNDEZ MATOS

Hasta el cansancio se ha dicho que la violencia contra las mujeres –aunque resulta correcto decir las violencias por sus innumerables manifestaciones– responde a las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, que mantienen a estas últimas en una situación de exclusión, subordinación y desventaja.

En relación con la violencia que las mujeres sufren en la vida política, su conceptualización y abordaje son novedosos debido a que comienza a manifestarse hace poco, visto desde una perspectiva histórica. Ha sido la participación de las mujeres en los espacios políticos lo que ha generado ataques y agresiones que buscan obstaculizar, impedir y limitar el ejercicio de sus derechos políticos.

¿Qué ocurre en América Latina?

El aumento de las mujeres políticas –concejalas, parlamentarias, candidatas y en cualquier otro cargo público por designación o por vía electoral– a finales del siglo XX e inicios del XXI, vino acompañado de la visibilización de un conjunto de agresiones que sufrían aquellas que se atrevían a participar en la arena político-electoral. Fueron los movimientos de mujeres y feministas los que hicieron visible esta realidad.

El desarrollo de mecanismos para el avance de las mujeres en los espacios políticos, primero, mediante las cuotas de género y después con la paridad –progresivamente ha sido incorporada en varios países latinoamericanos–, implicó la superación de ciertas barreras formales que obstaculizaban su participación. Pero las barreras informales siguen vigentes y una de sus expresiones es precisamente la violencia que sufren las que se atreven a intervenir en los espacios políticos.

Cabe destacar que, en estos casos, si bien la violencia puede ser dirigida individualmente hacia una mujer, el mensaje es para todas las mujeres: los espacios políticos no son para ellas y son los hombres los que tienen la capacidad para gobernar.

Al analizar este tipo de violencia, también es importante tener presente que esta no se concreta en un hecho aislado, sino que se trata de un conjunto de acciones que en no pocas ocasiones suponen una escalada que puede terminar en un feminicidio.

Lamentablemente se pueden mencionar los asesinatos de mujeres lideresas en distintos países de América Latina: Juana Quispe en Bolivia, Berta Cáceres en Honduras, Marielle Franco en Brasil y el caso de México que presenta las cifra más alta con 23 mujeres políticas asesinadas en 2018. En 2021, en el contexto del proceso electoral más grande que ha tenido este país, fueron asesinadas 21.

Características regionales de la violencia política de género

En el año 2007, en la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en Quito, por primera vez los gobiernos de la región se comprometieron a adoptar medidas, tanto legislativas como institucionales, para hacerle frente al acoso político y administrativo contra las mujeres que accedían a los espacios políticos. En ese momento no se habló de violencia política y pese al compromiso, hubo que esperar 5 años para que en la región se aprobara la primera ley que regula esta problemática de manera específica.

En 2015 se firmó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las Mujeres. En este instrumento se reconoció que para lograr la paridad política en una democracia no basta con la implementación de cuotas o de la paridad electoral. Se requiere asegurar que los espacios políticos estén libres de discriminación y violencia contra las mujeres que deciden intervenir en estos.

En 2016 se elaboró una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política en la cual se recogió una definición bastante amplia que vincula esta violencia con la afectación de los derechos políticos. “Cualquier  acción,  conducta  u  omisión,  realizada  de  forma directa  o  a  través  de  terceros  que,  basada  en  su  género, cause  daño  o  sufrimiento  a  una  o  a  varias  mujeres,  y  que tenga  por  objeto  o  por  resultado  menoscabar  o  anular  el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

Esta amplitud conceptual se justifica debido a que a nivel regional no hay una definición uniforme de lo que significa la violencia contra las mujeres en política.

Iniciativas legales

Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia en el espacio político y esto se constituye en un derecho humano que obliga a los Estados a respetarlo, garantizarlo y satisfacerlo. Aunque este es el deber ser, el abordaje en el ámbito legislativo de los países de la región ha seguido un recorrido desigual.

Bolivia ha sido un país pionero al aprobar en 2012 la Ley N° 243, “Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”, donde se dejó claramente establecido que se trata de una ley de protección integral que busca, no sólo sancionar a los agresores, sino atender a las víctimas y establecer mecanismos de prevención. Fue la primera vez que en una ley se definió el acoso y la violencia contra las mujeres en la política. Estos avances se debieron al trabajo desarrollado por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y el movimiento de mujeres que concientizaron sobre este tipo de agresiones y colocaron el tema en la agenda nacional.

Hasta hace poco tiempo, Bolivia era el único país del continente que tenía una ley específica sobre esta problemática, pero el 4 de agosto de 2021, Brasil aprobó la Ley Nº  14.192, en la cual establece un conjunto de normas para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra las mujeres en espacios y actividades relacionadas con el ejercicio de sus derechos políticos y de sus funciones públicas.

Algunos países como Ecuador, México y Paraguay han incorporado, dentro del articulado de las leyes generales sobre violencia contra las mujeres basada en género, esta tipología. Otros tienen o han tenido proyectos e iniciativas legislativas como es el caso de Colombia, Costa Rica, Honduras y Perú, que no se han concretado en leyes.

En este último caso, entre las razones que explican que la ley no termine de aprobarse está el desconocimiento sobre este tipo de violencia, y por otro, el temor que tienen los hombres de ceder aquello que tradicionalmente han considerado como un espacio propio.

Es importante destacar que la falta de voluntad política en el abordaje de esta problemática demuestra la vigencia del pacto patriarcal, que no reconoce las desigualdades que tienen que enfrentar las mujeres para participar de los espacios políticos, ni visibiliza que los partidos políticos, que en principio deberían ser grandes aliados en el abordaje de este tipo de violencia, en no pocas ocasiones son los que más se resisten a los cambios.

Mientras tanto, las mujeres siguen luchando por estar presentes en los espacios políticos y en la toma de decisiones.

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