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El partido del candidato presidencial protagoniza un “homenaje a las víctimas del terrorismo” que para los organismos de derechos humanos amenaza “los acuerdos básicos” de 40 años de democracia

El partido de ultraderecha La Libertad Avanza tensa la política de derechos humanos construida en las últimas cuatro décadas en Argentina. Al recuperar la democracia, el país sudamericano dijo nunca más a una dictadura que dejó cerca de 30.000 víctimas, pero la candidata a vicepresidenta del partido ultra, Victoria Villarruel, comienza a resquebrajar ese consenso. La diputada nacional, hija de militares y defensora de lo que llama “la memoria completa”, convocó un acto en homenaje a “las otras víctimas” de la violencia política de los años setenta. Un acto repudiado por diversos organismos de derechos humanos que lo consideran una“provocación” que amenaza “los acuerdos básicos” tras 40 años de democracia.

Villaruel ha puesto en jaque una de las pocas políticas de Estado que han perdurado en Argentina sin importar el color del Gobierno de turno. Con el regreso a la democracia, en 1983, Argentina empezó con el llamado Juicio a las Juntas, una serie de acciones para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura iniciada en 1976. Aunque ha habido avances y retrocesos, hoy 1.189 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad durante esa época y el país impulsa políticas de memoria que son ejemplares en todo el mundo. Villarruel, que ha visitado a genocidas en la cárcel, pero rechaza que la califiquen de “negacionista”, sostiene que ella lucha “por los que no tienen derechos humanos”.

Este lunes, la abogada de 48 años ha asegurado que “el Estado viola los derechos humanos” al “garantizar la impunidad a un grupo de violentos”. “Durante 40 años las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria”, ha mantenido Villarruel. En el homenaje han participado Lorenza Ferrari, madre de Laura Ferrari, asesinada en 1975 por Montoneros (organización guerrillera contraria a la dictadura); Graciela Saraspe, hija de Oscar Saraspe, asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974; y Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino Del Valle Larrabure, secuestrado por ERP en 1974 y cautivo durante un año hasta su muerte por estrangulamiento. Todos han criticado la falta de reconocimiento por parte del Estado y han manifestado su apoyo a Villarruel: “Nuestros muertos hoy viven de vuelta”.

En el exterior de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, sede del poder legislativo bonaerense y donde se realizó el acto, cientos de personas se manifestaron en señal de repudio. “Al fascismo no se lo homenajea, se lo combate”; “Nunca más”; “Son 30.000 [los asesinados por la dictadura]″, podía leerse en las pancartas de los manifestantes. “Los que somos grandes y vivimos la dictadura sabemos lo que hizo el terrorismo de Estado. Las miles de desapariciones, secuestros, torturas aberrantes, robo de bebés… fue terrible”, recuerda la jubilada Beatriz Olhasso. “No me parece casual que la candidata a vicepresidenta de [Javier] Milei tenga llegada entre pibes muy jóvenes, que no vivieron ese momento, y que sienten que hay muchas deudas en estos 40 años de democracia porque tienen trabajos precarizados y viven mal”, agrega Olhasso, quien ha concurrido a la protesta con otra amiga.

Algunos manifestantes golpearon con fuerza las vallas que cortaban el paso hacia la Legislatura, en un intento por derribarlas. “Como a los nazis: a donde vayan, los iremos a buscar”, coreaban en un mensaje dirigido a los responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Argentina. El blindaje del edificio despertó malestar también con el alcalde de la ciudad, el conservador Horacio Rodríguez Larreta (de Juntos por el Cambio), a quien señalaron como cómplice de las ideas negacionistas que promueve Villarruel. La diputada cuestiona los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo, critica el trabajo de organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que aún buscan a sus familiares y demás desaparecidos, y anticipa que revisará las indemnizaciones recibidas por las víctimas del terrorismo de Estado.

“El autoritarismo está afuera”, ha respondido Villarruel. La diputada de La Libertad Avanza fundó en 2006 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que ha organizado el evento. Su salto a la política se dio, justamente, desde ese espacio. La organización civil agrupa a los familiares de personas asesinadas por las guerrillas de los setenta y promueve la llamada teoría “de los dos demonios”, que equipara la violencia del Estado con la cometida por grupos armados. “Me gustaría que el Poder Judicial sea realmente independiente y juzgue a estas personas [los guerrilleros] tal como juzga a los agentes del Estado que han violado los derechos humanos”, dijo Villarruel en 2016.

“Parecía saldada esa discusión”, zanjó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, de la oficialista Unión por la Patria, en una entrevista televisiva tras conocerse la convocatoria hecha por la diputada de extrema derecha. “En Argentina no hubo dos demonios”, replicó Montenegro, “hubo un Estado terrorista que secuestró, torturó y desapareció personas, se apropió de bebés”. “Estos discursos vienen a confundir. Que cada vida es única e irrepetible no está en duda. Pero hay una diferencia enorme entre el accionar de los grupos militantes y el rol que tiene el Estado”, agregó.

En Argentina, el repudio a la dictadura y el reclamo de “nunca más” parecían consensos incuestionables, al menos en público. En 2013, por ejemplo, cuando el dictador Jorge Rafael Videla murió en la cárcel, su cadáver fue enterrado bajo una lápida sin nombre después de que varios cementerios rechazaran acoger sus restos. En España, en cambio, hasta 2019 el dictador Francisco Franco permaneció enterrado en un mausoleo construido por presos republicanos. El Valle de Cualgamuros ―renombrado por el franquismo como Valle de los Caídos― fue hasta entonces un sitio de procesión para nostálgicos de la dictadura y un espacio de exaltación del régimen antidemocrático. Eso, en Argentina, hubiese sido impensable.

El acto, y su repudio, han ocurrido en un momento en el que las Fuerzas Armadas, prácticamente sin influencia en la vida política argentina, tienen una imagen altamente positiva en la sociedad argentina, según un estudio de opinión pública hecho por la consultora Poliarquía. Mientras, la Justicia, el Congreso y los partidos políticos registran las valoraciones más bajas. Villarruel ha prometido que si La Libertad Avanza llega a la Casa Rosada, el presupuesto militar pasará del 0,6% del PBI al 2% y lo conseguirá, dice, redireccionando los fondos de los ministerios que su compañero de fórmula pretende eliminar: Salud, Educación, Trabajo, Ambiente y Mujeres y diversidades.

La fórmula que forma con el ultra Javier Milei fue la más votada y obtuvo en las elecciones primarias de agosto un tercio de los votos. Las posibilidades de que lleguen a la Casa Rosada alertan a los organismos de derechos humanos que este lunes se han manifestado en el exterior. Dentro de la Legislatura, Carlos Enrique Pisoni, hijo de militantes de izquierda desaparecidos, ha incidido en la preocupación: “Esto es revanchismo. No podemos tener, a 40 años de la democracia, a una vicepresidenta que no defienda los valores de la democracia. Dice un montón de barbaridades que no podemos naturalizar”.

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