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GABRIEL HIDALGO ANDRADE

Ante la amenaza de destitución del presidente de la república, este último también tiene una posibilidad: disolver el Parlamento.

Así, la oposición al Gobierno ecuatoriano (esta está liderada por el bloque de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa y se encuentra acompañada por el Partido Socialcristiano del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y por algunos legisladores separados del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y de la Izquierda Democrática, además de otros independientes) comprende más de 80 legisladores de un total de 137. Con ello, distaría de unos pocos votos para conseguir los 91 que se necesitan para destituir al mandatario Guillermo Lasso.

A fin de evitar este tipo de desequilibrios y atribuirle una herramienta constitucional al presidente de la república, la Constitución de 2008, inspirada en el socialismo del siglo XXI, introdujo una disposición para disolver la Asamblea Nacional “si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”. Esta medida es lo que la opinión pública conoce como “muerte cruzada”.

Con esto, el presidente podría gobernar durante algunos meses expidiendo decretos económicos con fuerza de ley que deberá aprobar la Corte Constitucional hasta la celebración de las nuevas elecciones generales, presidenciales y legislativas, la proclamación de los resultados y el traspaso del mando.

La cohabitación pacífica entre el Ejecutivo y el Legislativo duró poco tras la investidura del presidente del Ecuador en mayo de 2021. Guadalupe Llori, de Pachakutik, se posesionó como presidenta del Legislativo y tomó juramento a Lasso, pero el 31 de mayo de 2022 fue destituida por una nueva mayoría. En ese año el presidente de Ecuador intentó impulsar su agenda de reformas, pero tuvo el obstáculo de una coalición débil y una frenética oposición, que estaba en ascenso y que se hizo fuerte con juicios políticos a los ministros y escándalos públicos. Esta maniobra debilitó la estabilidad del gabinete de ministros y pronto irrumpieron las protestas en junio de 2022 que asediaron a Quito por casi tres semanas consecutivas.

Frente a una organización rural, que se encuentra en permanente amenaza de movilización, y una oposición legislativa, cuya agenda consiste en paralizar a los poderes representativos, Lasso hoy se enfrenta a la instalación de un juicio político y a la posibilidad de que se interrumpa forzosamente su mandato. ¿Es posible pensar en una disolución parlamentaria?

La disolución parlamentaria o muerte cruzada no tiene antecedentes institucionales en Ecuador. Sin embargo, los juicios políticos en contra del vicepresidente Alberto Dahik en 1995 y de los presidentes Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005 se caracterizaron por irregularidades que posiblemente convencieron a los constituyentes de 2008 de introducir esta herramienta en caso de que Rafael Correa, presidente en ese momento, se viera en una situación legislativa adversa. Al parecer, se intentó trasplantar una institución parlamentaria a un sistema presidencialista.

Para Arthur Lupia y Kaare Strøm, de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, en su célebre trabajo La finalización de la coalición y el momento estratégico para las elecciones parlamentarias (Coalition termination and the strategic timing of parliamentary elections), publicado en 1995, “una crisis de coalición partidaria podría producir cualquiera de algunos de los posibles resultados. En algunos casos, puede terminar simplemente en una reorganización del gabinete o en la renegociación de los términos de la coalición entre sus miembros. También pueden formarse nuevas coaliciones entre partidos que anteriormente no eran socios. Pero la solución extrema es la de disolver el Parlamento y convocar una elección general. En tal situación, los partidos con representación en el Parlamento calculan a menudo las consecuencias de la disolución a la sombra de las elecciones y las expectativas electorales”.

Esto sugiere que la primera posibilidad para el gobierno del presidente Lasso debe ser la de reconstituir la coalición que le permitió tener una mayoría favorable durante el primer año de gobierno, pero bajo los actuales arreglos institucionales de la Asamblea Nacional, a fin de intentar conseguir el apoyo individual de los legisladores de los partidos de la tendencia y asumiendo una posición abierta a la negociación. Si este intento fracasa, el presidente Lasso debe tener el decreto de disolución en el bolsillo.

Sin embargo, el principal escollo del Legislativo ecuatoriano es su configuración polarizada y fragmentada. Según los expertos Gary King, James Alt y Nancy Burns, de la Universidad de Harvard, en su trabajo Un modelo unificado de gabinete en democracias parlamentarias (A unified model of cabinet dissolution in parliamentary democracies), publicado en 1990, la fragmentación es un indicador que caracteriza el número y tamaño de los partidos políticos en el Legislativo. Un valor más alto de fragmentación indica una distribución mayor de bloques relativamente pequeños. De acuerdo con este indicador, el período de un gabinete es más corto por la inestabilidad que producen las presiones de los pequeños bloques legislativos. A esto se suma que la polarización es una medida de identificación de los partidos extremistas que también abonan a la corta duración por su renuencia al diálogo.

En el Legislativo de Ecuador hay 10 partidos y 15 legisladores independientes o pertenecientes a movimientos subnacionales. Por lo tanto, hay alrededor de una veintena de partidos, de los cuales los dos principales opositores han comunicado su negativa a cualquier acercamiento con el Gobierno. En este escenario, la solución para el Gobierno es buscar la fractura de los partidos polarizados o extremistas y, en último término, como recurso de última ratio, planificar una disolución legislativa estratégica.

Kaare Strøm, de la Universidad de California, y Stephen Swindle, de la Universidad Estatal del Sureste de Missouri, afirmaron en su trabajo La disolución estratégica parlamentaria (Strategic Parliamentary Dissolution), publicado en 2002, que si el jefe de Estado desempeña un papel insignificante, si el Parlamento o el Ejecutivo no pueden evitar la disolución, si un Gobierno minoritario está en el poder o si el jefe de Estado puede decretar dicha disolución unilateralmente, entonces esta es solo cuestión de tiempo.

En los sistemas parlamentarios, los jefes de gobierno convocan a elecciones cuando esperan ganarlas y la disolución del Parlamento es aún más común cuando un Gobierno cuenta con un gran apoyo que les permite reelegirse, arrastrar una mayoría legislativa afín y reconfigurar el escenario político. ¿Tiene esto el presidente del Ecuador?

Si el gobierno de Guillermo Lasso no es capaz de conseguir, en los próximos días un nuevo consenso partidario que le permita concluir su periodo de gobierno, le queda una última carta: la disolución legislativa y gobernar por decreto, reconstituir el sujeto político que lo llevó al poder en las urnas y satisfacer en pocos meses las demandas más urgentes de la clase media y popular que fueron las que lo impulsaron a Carondelet. ¿Lo hará?

Gabriel Hidalgo Andrade

Politólogo y abogado. Profesor de la Universidad de las Américas (Quito). Master en Ciencia Política y Gobierno por FLACSO-Ecuador.

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