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La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley, pero deja por fuera muchos artículos relacionados con los derechos sindicales y las huelgas. La reforma aún debe superar tres debates para convertirse en ley

La reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro finalmente avanza en el Congreso de la República. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en la mañana de este martes el proyecto de ley que busca mejorar las condiciones laborales para millones de trabajadores en Colombia, y que durante más de un año no había logrado superar ningún debate. La reforma obtuvo 14 votos por el sí y 4 por el no, una mayoría absoluta que se logró después de meses de concertación entre las bancadas de Gobierno y las independientes. El proyecto, al que aún le faltan tres debates en el Congreso para convertirse en ley, recibió el apoyo de los parlamentarios del Pacto Histórico, la Alianza Verde, el partido Comunes, las curules de paz, el Partido Liberal y algunos votos del Partido de la U y de los conservadores. Cambio Radical y el Centro Democrático se opusieron a la totalidad del proyecto.

La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico y coordinadora de los ponentes del proyecto, celebró la victoria: «¡Avanzamos! Aprobamos en primer debate la reforma laboral. Esta es una maravillosa noticia para los 23 millones de trabajadores y trabajadoras del país. Recuperamos los derechos que el uribismo les había quitado hace 22 años y conquistamos algunos nuevos que, estoy segura, van a darles mayor estabilidad y bienestar económico», escribió en su cuenta de X.

Entre los principales artículos aprobados está el aumento de dos horas de la jornada nocturna, que con la reforma empezará a las siete de la noche en lugar de las nueve de la noche actuales; el pago del 100% por el trabajo en el día de descanso obligatorio, que hoy es del 75%; y el pago del 100% del salario mínimo a los y las aprendices del SENA. La reforma, además, establece el contrato a término indefinido como regla en la contratación laboral, por encima de la prestación de servicios y la tercerización, aumenta la licencia de paternidad de dos a seis semanas y garantiza un contrato y un jornal agropecuario, que beneficiará a más de un millón de campesinos que hoy en día están en la informalidad. La ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, agradeció el trabajo de los congresistas, y destacó que el proyecto de ley avanza con tres objetivos fundamentales:ï¸ «Derechos laborales, empresas sostenibles y trabajo digno y decente».

Con esta decisión de la Cámara de Representantes, el presidente Petro conquista otra victoria inesperada en la recta final del periodo legislativo, que se suma al éxito de su reforma pensional. Sin embargo, el triunfo para el Gobierno es agridulce porque el proyecto avanza en los derechos individuales de los trabajadores formales, pero deja por fuera muchos artículos relacionados con las garantías sindicales y de huelga. Al final, se aprobaron 82 artículos y se eliminaron 22. Los artículos rechazados, un requisito de los congresistas independientes para aprobar el resto del proyecto, prohibían los pactos colectivos entre trabajadores no sindicalizados y empresas (una forma de incentivar la afiliación a los sindicatos), quitaban el límite temporal de 68 días que tiene las huelgas hoy en día, obligaban a una representación paritaria de hombres y mujeres en las organizaciones, y permitían la huelga en servicios esenciales siempre y cuando se mantuvieran «servicios mínimos».

Muchos sectores obreros y sindicalizados cercanos a Petro lamentaron el recorte de la reforma. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), criticó el hundimiento de este bloque de artículos. «Negar las libertades sindicales es negar la democracia». La senadora del Pacto Histórico, Clara López, también refirió a la eliminación de los derechos de asociación: «Se sacrifican los derechos colectivos para salvar por lo menos la recuperación de los derechos laborales individuales. Falta fortalecer el poder popular frente al poder económico para superar en votos el sesgo antisindical de los gremios y grandes empresarios del país».

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