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La reforma electoral, o mejor dicho, el Plan B por el que el Gobierno modifica diversas leyes en materia electoral mediante un decreto, ha ocasionado el último gran choque entre el poder Ejecutivo y el Judicial. El nuevo enfrentamiento es un asunto competencial. La Suprema Corte admitió a trámite el viernes una controversia constitucional presentada por el INE y dictó la suspensión cautelar del decreto aprobado en el Congreso y sus efectos, por lo que los cambios introducidos quedan anulados hasta nueva fecha. Este domingo, el Ejecutivo respondió a la Corte que no está entre sus funciones admitir a trámite una controversia constitucional en materia electoral, puesto que la Constitución no lo contempla. En un comunicado de la Consejería Jurídica del Gobierno se informa de que solicitarán al pleno de la Suprema Corte revocar la admisión a trámite y la suspensión cautelar dictadas por uno de los ministros, de tendencia conservadora, Javier Laynez Potisek.

«La Constitución solo faculta a la Suprema Corte para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral; esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas expedidas por el poder Legislativo», sostienen los servicios jurídicos del Gobierno.

El comunicado llega un día después de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, vapuleara públicamente tanto al INE como a la Suprema Corte, de cuyos miembros dijo que «su único Dios es el dinero» y los acusó, durante su viaje a Quintana Roo este sábado, de ser «la misma mafia, conservadores que rechazan la democracia, partidarios de la oligarquía».

El comunicado emitido este domingo también destila enojo contra la Corte: «El pueblo de México debe saber que no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante». Critica a su vez que haya sido un solo juez constitucional el que deje sin efectos el decreto y no mediante «una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros». Este punto resulta el más confuso, pues si la Corte no puede dictaminar sobre materia electoral, cabría entender que no podrán hacerlo ni un ministro ni ocho. En la nota enviada por Presidencia a los medios de comunicación se acusa al Supremo de «modificar los precedentes jurisprudenciales» y de «anular por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee».

El Ejecutivo se muestra contrario a la medida de suspensión cautelar porque «es falso que [con el decreto] se pongan en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía, así como la organización de las elecciones, ya que no existe ningún proceso electoral en curso», señalan. Por el contrario, en su resolución del viernes, la Corte entiende que el caso que trata puede suponer una «posible violación a los derechos políticos electorales de la ciudadanía», por lo que corresponde otorgar la suspensión.

También le resulta «preocupante» al Ejecutivo que el ministro Laynez Potisek suspenda «la aplicación de la totalidad del decreto cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas, sino solo aquellas que considera que pueden afectar la operatividad del instituto».

El conflicto entre el INE y el presidente López Obrador se está librando por capítulos. El pasado martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un revés al plan B electoral al declarar no aplicable un artículo transitorio de la reforma, de tal forma que dejaba sin efecto el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Días antes, una jueza federal había concedido un amparo a Jacobo, por lo que este volvió a su puesto entre aplausos de sus colegas en el organismo. López Obrador se refirió a ello en su conferencia: «Hubo una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. Ya ven que ‘el INE no se toca’, entonces le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo». Acusó al secretario de «haber tolerado fraudes, por eso está ahí», dijo. «Y todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole», añadió. «Si esa es la primera derrota del plan B, pues me llena de orgullo perder así», dijo entonces.

Pero el plan B va de derrota en derrota, en esta ocasión con un ruido de choque de trenes entre el poder Ejecutivo y el Judicial que deparará nuevos capítulos próximamente.

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