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El órgano aprueba con el apoyo de 105 de sus 155 miembros una petición de indulto para los detenidos de las revueltas y “presos políticos mapuche” desde 2001

La primera semana de funcionamiento de la convención chilena, que tendrá como máximo un año para redactar una nueva Constitución, ha estado marcada por una instalación difícil. Los 155 convencionales asumieron sus cargos el pasado domingo, en una ceremonia que fue suspendida por algunas horas por conflictos en las calles, y tuvieron 48 horas de retraso en el inicio de su trabajo por la falta de apoyo técnico en el edificio del centro de Santiago donde deben sesionar. El Gobierno de Sebastián Piñera, encargado por ley de “prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la convención”, reemplazó al secretario ejecutivo Francisco Encina que tuvo meses para tener todo a punto para el arranque del órgano. Los constituyentes recién se pudieron reunir el miércoles, en salas diferentes para respetar los aforos máximos por la crisis sanitaria de la covid-19.

La convención chilena está dominada por la oposición de izquierda, lo que ha quedado en evidencia en sus primeras horas de funcionamiento. En una candidatura impulsada por los convencionales mapuche, los socialistas y el Frente Amplio, la convención eligió presidenta a la académica Elisa Loncón. Con el apoyo en segunda vuelta del Partido Comunista y la Lista del Pueblo –27 independientes anti sistema capitalista– la lingüista mapuche alcanzó cómodamente 95 votos. La vicepresidencia quedó en manos del abogado constitucionalista Jaime Bassa, del Frente Amplio, una fuerza política similar a Podemos en España que logró instalar a sus dos cartas en la mesa del órgano constituyente. Aunque hizo alianza con el Partido Comunista para postular a la convención y sus candidatos a La Moneda se medirán en primarias en una semana –el diputado Gabriel Boric y el alcalde Daniel Jadue–, ambas fuerzas de izquierda han mostrado diferencias en las primeras horas de la convención, como en las candidaturas para la presidencia. El Frente Amplio, en cualquier caso, con 21 escaños triplica en número de convencionales a los comunistas, que tiene siete representantes.

Una segunda muestra del poder de la izquierda en el órgano constituyente fue la declaración que emitió el jueves, el último de los dos días donde sesionó la convención, a la espera de retomar el trabajo el martes próximo. Con el voto a favor de 105 de los 155 convencionales, aprobó una declaración que pide el indulto para los detenidos en el marco de las revueltas sociales de octubre de 2019 y a los “presos políticos mapuche” desde 2001, apresados en el marco del conflicto por las tierras en la región Araucanía. “La violencia que acompañó los hechos de octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello”, indica la declaración que fue rechazada por la derecha y algunos de los convencionales moderados.

Aunque líderes del Congreso como la senadora democristiana Yasna Provoste y el diputado oficialista Diego Paulsen habían llamado a “respetar la institucionalidad democrática”, el texto agrega: “La convención constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”. Actualmente, el Parlamento discute un proyecto de ley que busca el indulto de los presos del estallido, aunque la Corte Suprema todavía no entrega su informe donde aclara en esta condición y los delitos por los que se encuentran privados de libertad.

La declaración ha revuelto la política chilena. Para Marcela Cubillos, una de las convencionales líderes de la derecha, “la declaración que emitió la mayoría de la convención en defensa de los responsables de la violencia no fue una mera declaración como algunos sostienen. El texto es claro y dice por eso demandamos a los distintos poderes del Estado. Actuando de facto como soberanos”. El texto, sin embargo, fue apoyado incluso por algunos constituyentes de centroizquierda, como la periodista Patricia Politzer. “Era un tema ineludible para empezar a trabajar como corresponde”, aseguró la integrante de Independientes No Neutrales. Rodrigo Rojas Vade, de la Lista del Pueblo, empuja la medida: “Yo no sé qué tan autónomo es el Poder Judicial cuando la carrera judicial es a través de nombramientos políticos”.

El trabajo de la presidenta y el vicepresidente, mientras, no ha quedado ajeno a la polémica, por los reclamos de los mismos convencionales por el sistema de votación. Luego de la discusión sobre la necesidad de ampliar la mesa directiva, Bassa admitió errores en la conducción, que el constitucionalista atribuyó a la ausencia de reglamento, que debe ser trabajado por el mismo órgano en las próximas semanas. “No tenemos reglas en estos momentos para votar. Estamos haciendo un proceso de aprendizaje de ensayo y error”, aseguró el abogado del Frente Amplio.

Con un trabajo a contrarreloj, porque el texto constitucional será sometido a un plebiscito en el segundo semestre de 2022, existen preocupaciones desde diferentes sectores. Para Agustín Squella, académico y ensayista independiente, convencional por Valparaíso, “la contingencia puede terminar devorando a la convención constitucional”. En la misma dirección, el expresidente de Uruguay, José Mujica, aseguró a un periódico chileno: “Tengo miedo que la convención sea una bolsa de gatos”.

EL PAÍS