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Unicef prevé que la pobreza infantil crezca en Argentina hasta el 70,8% y que la pobreza extrema entre niños y adolescentes suba hasta el 34,4% en el primer trimestre del año si «las condiciones generales no cambian» en el país. «Los niveles inflacionarios de este periodo y el estancamiento económico dan como resultado un aumento pronunciado de los niveles de pobreza en todas sus formas, impactando negativamente en el bienestar de las niñas y niños», dice uno de los tres informes presentados por Unicef este martes. Los expertos advierten, además, de que la implementación de políticas «claves» para el desarrollo de los menores en Argentina muestra «signos de alerta» en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

Los informes presentados por Unicef indican que, a finales de 2023, el 57% de los niños y adolescentes en Argentina eran pobres, es decir, 7,1 millones de menores. Algunos de ellos se encontraban incluso en situaciones de mayor vulnerabilidad, afirman los documentos: «La pobreza se eleva cuando los referentes del hogar tienen muy bajo clima educativo [nivel de escolarización] (83%), en los casos de hogares monomarentales (68%) o cuando residen en barrios populares (84%)». Y la situación empeoraba si a la «pobreza monetaria» se le sumaban las «privaciones» que experimentan algunos niños vinculadas a sus derechos. Unicef calcula que siete de cada 10 niños – 8,6 millones en todo el país- experimentaba alguna de esas carencias a finales de 2023.

Desde diciembre, sin embargo, la crisis económica en Argentina se profundizó aún más por el ajuste impuesto por el Gobierno de Milei. Las medidas del ultra dieron como resultado un superávit fiscal en enero producto del fuerte recorte al gasto público, pero la pobreza se disparó. En este contexto, el presupuesto de este año, que es una prórroga del de 2023, asigna 3,66 billones de pesos a las políticas dirigidas a niños y adolescentes, según Unicef. Eso supone, de acuerdo con la proyección hecha por la agencia de la ONU, una caída en las partidas destinadas a los menores del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023.

Unicef señala que ese desplome se suma a la contracción de 2023, el último año de gestión del peronista Alberto Fernández, cuando el presupuesto destinado a la niñez se redujo un 17% en términos reales respecto del año anterior, y considera «imperioso» que el Gobierno amplíe esas partidas «para evitar que más niños y niñas se sitúen en la pobreza».

«El presupuesto constituye una herramienta clave para aportar elementos desde la política fiscal que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia», indicó Luisa Brumana, representante de Unicef en Argentina, en un comunicado difundido tras la presentación de los informes. Durante el acto, celebrado en las oficinas de Unicef en Buenos Aires, Brumana respondió a los periodistas que los especialistas de Unicef ya se han reunido con «varios equipos» de diferentes ministerios del actual Gabinete y esperan tener próximamente «reuniones tácticas» para «presentar planes de trabajo» al Gobierno.

Niños y adolescentes acuden a un comedor comunitario en un barrio de Buenos Aires.

Programas con ejecución «nula» o «elevada»

La agencia de Naciones Unidas alerta en los informes presentados este martes sobre los niveles de ejecución «nulos o casi nulos» de un «un número importante» de iniciativas vinculadas a la alimentación, la educación o la salud de los menores en lo que va de 2024. Preguntados por la prensa, los expertos no se han referido a los comedores comunitarios, espacios barriales que complementan la alimentación de millones de personas en Argentina y que han dejado de recibir mercadería del Estado nacional mientras el Gobierno revisa el modelo de asistencia. Los especialistas de Unicef han explicado que el financiamiento de estos comedores no está incluido en las partidas del presupuesto destinadas a la niñez.

Los informes de Unicef también alertan de los niveles de ejecución «elevados» de otros programas, como la tarjeta Alimentar, que para el Gobierno de Milei es la política «más eficiente» contra el hambre, o la Asignación Universal por Hijo. La primera es un instrumento que el Estado entrega a madres o padres con hijos menores de 14 años para la compra de alimentos y que alcanza de forma directa a 3,8 millones de personas, según datos oficiales; la segunda es una suma mensual que el Estado paga por cada hijo menor de 18 años a progenitores desocupados, con empleos informales o empleados en el servicio doméstico. De acuerdo con el análisis de la agencia de la ONU, la ejecución de estos programas es demasiado alta para el momento del año porque «los montos previstos en el presupuesto no son suficientes» para dar cobertura todo el año.

Los expertos de Unicef aseguran que los aumentos que el Gobierno estableció a estos dos programas al principio del año «contribuyeron a mitigar el impacto de los incrementos de precios» – la inflación superó el 276% interanual en febrero- pero ninguno es suficiente para cubrir las canastas básicas de alimentación ni ha logrado «revertir la situación». «Si bien hubo señales positivas, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones», indicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef, en un comunicado difundido tras la presentación de los informes.

El experto alertó de que sin las políticas de transferencia de ingresos a los hogares más vulnerables la situación sería aún más crítica: «Alrededor de 270.000 niñas y niños más vivirían en la pobreza y más de un millón pasarían a ser indigentes». «En un contexto de vulnerabilidad social y elevados niveles de pobreza infantil, es importante sostener las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares», instó Waisgrais. «Proteger la inversión en la niñez y la adolescencia», advierten los informes, «es también una condición necesaria para sentar las bases de un desarrollo social y económico sostenible para la Argentina».

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