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El mercado laboral del país sudamericano se deteriora debido el parón económico ante la falta de incentivos del Estado al sector productivo

Las cifras que miden la magnitud de la pandemia de la covid-19 en Ecuador no solo hablan de los más de 109.000 contagiados y más de 6.360 fallecidos en cinco meses, sino de un millón de desempleados y 5,3 millones de trabajadores con condiciones laborales precarias. El parón productivo que afrontó la economía del país durante más de dos meses y que aún avanza lentamente con un proceso de reactivación a medias iniciado a finales de mayo se ha traducido en un significativo desgaste del mercado laboral. El 83 % de la fuerza de trabajo está desempleada o en la precariedad. Según las estadísticas oficiales, solo el 17 % de la población económicamente activa tiene un trabajo que cumple los requisitos mínimos legales.

En diciembre del año pasado, Ecuador tenía 311.000 desempleados de un total de ocho millones de ciudadanos en edad y con vocación de trabajar. Los trabajadores adecuados, categorizados así por el Instituto de Estadísticas y Censos ecuatoriano cuando el sueldo y la jornada de trabajo respetan lo exigido por la ley, superaban entonces los 3,1 millones. Medio año y una pandemia después el desgaste laboral es tan evidente que no queda empañado ni siquiera por la dificultad de recabar estadísticas ni el cambio de metodología. De encuestas presenciales con 227 preguntas, a llamadas telefónicas de solo 81. Las comparaciones “deben ser tomadas como referencias”, recomienda la autoridad, lo que no difumina el salto al 13,3 % del desempleo que, durante 13 años, se ha mantenido en torno al 5 % de la población económicamente activa de Ecuador.

“La encuesta que ha realizado el INEC está subestimando el efecto del coronavirus en los estratos populares porque, desafortunadamente, solamente se hizo por teléfono, lo que genera un sesgo en contra de los barrios más pobres porque las familias de clase trabajadora pasan más tiempo fuera de casa y son más difíciles de encuestar y es donde hay menos penetración de teléfono”, explica Byron Villacís, exdirector del Instituto de Estadísticas y quien trabajó ahí durante cinco años. Es decir, según Villacís, la situación real es peor que la que reflejan las cifras porque, además, estas han dejado fuera la medición de la informalidad que, antes del coronavirus ya afectaba a casi la mitad de los trabajadores (46,7 %, a diciembre de 2019). “Ese mal resultado” no refleja el impacto real, concluye el analista, porque “las familias, cuando pierden su trabajo o se deterioran sus condiciones laborales, se refugian en la informalidad y eso conlleva una desmejora en la cobertura de salud, de seguridad social, del trabajo digno y de protección social en general”.

Esa conclusión contrasta, sin embargo, con las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo. Según la cartera gubernamental, en el periodo de pandemia y parón económico se han destruido 507.000 plazas de trabajo de acuerdo a las actas de finiquito inscritas por los empleadores, pero, al mismo tiempo, se han firmado 242.000 contratos de trabajo nuevos. Principalmente, para actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (46.078), para comercio (31.817) o para industrias manufactureras (25.113). Como “empleos salvados”, Trabajo contabiliza casi 43.000 contratos vigentes en los que las empresas han optado por reducir la jornada de trabajo -y el sueldo proporcionalmente- al empleado.

“Si vemos la caída en las ventas, fueron 3.000 millones de dólares en marzo, 7.000 millones en abril, 6.000 millones en mayo y 4.000 millones en junio… Son casi, casi 20.000 millones de dólares menos en ventas durante la pandemia. Obviamente, eso conlleva una reacción por parte de las empresas y va por las cargas y los costos”, resume Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano a nivel nacional. La empresaria relaciona el deterioro laboral a un problema de flujo y liquidez que ha provocado el cierre de empresas. “Ya veníamos con malas estadísticas laborales y de ahí nuestra insistencia en hacer reformas normativas desde la época de bonanza petrolera”, recuerda, citando que antes de la pandemia solo cuatro de cada 10 personas tenía un trabajo con condiciones adecuadas y “ahora solo son dos de cada 10”.

La situación macroeconómica de Ecuador limitó la capacidad de maniobra y de entrega de incentivos al sector productivo por parte del Gobierno, reconoce Costa. Sí se abrió un espacio en la legislación laboral para que las compañías pudieran reducir la jornada de trabajo a sus empleados e incluso se amplió la opción de firmar contratos temporales en negocios nuevos que antes estaba restringida solo para sectores específicos como los temporeros agrícolas. “Todo lo que sirva para sostener a las empresas ayudará a recuperar el empleo”, apunta Caterina Costa, consciente, sin embargo, de que “las ventas perdidas no se van a reponer en el corto plazo”, de que la reactivación económica total “tomará un tiempo” y “de que será difícil que se recuperen las plazas de trabajo”.

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