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Varios referentes del espacio de Juan Guaidó afirmaron que la llamada “revolución judicial” llevará a un nuevo fracaso institucional, y que no resolverá ninguno de los problemas pendientes en Venezuela

El sector de la oposición venezolana liderado por Juan Guaidó rechazó este martes una medida del Gobierno de Nicolás Maduro de reformar el sistema de justicia bautizada por el chavismo como “revolución judicial”.

”La dictadura nombra esta comisión donde establece que tiene 60 días para presentar los resultados, comprometiéndose que resolverán las detenciones preventivas indefinidas en los calabozos”, expresó el ex diputado Williams Dávila, de acuerdo a un comunicado opositor.

Dávila añadió que en la nación caribeña hay 75.000 presos, de los cuales 40.000 están en calabozos, ideados para mantener a los reos de manera temporal, “bajo la figura de detenciones preventivas sin juicio”.

Agregó que el Gobierno de Maduro no tiene la “capacidad ni la voluntad para resolver el problema de hacinamiento y retardo procesal”.

Asimismo, el ex diputado Guillermo Palacios señaló que esta es la sexta reforma del Poder Judicial que se hace en los últimos 20 años, y afirmó que será “nuevamente un fracaso institucional, pero con intenciones totalitarias que busca controlar y poner al servicio de los intereses políticos de la dictadura”.

La también ex legisladora María Beatriz Martínez añadió que el Gobierno pretende “lavarse la cara y tratar de huir de todas las denuncias de delitos de lesa humanidad que se han presentado ante instancias internacionales”.

”¿Cómo es eso, qué es Maduro, el que dispone quién y qué debe ser reformado? Es un poder que debe ser llamado a tener autonomía y cuya independencia está garantizada en la Constitución”, afirmó Martínez.

Igualmente, la ex diputada Tamara Adrián indicó que Venezuela padece las consecuencias de la desinstitucionalización del Poder Judicial, que, considera, consistió en que lo jueces de carrera fueran sustituidos por jueces bajo la figura de libre nombramiento y remoción, lo que ocasionó paulatinamente “el colapso del sistema judicial de manera indefectible”.

El presidente Nicolás Maduro anunció el 22 de junio, la creación de una comisión, presidida por el considerado número dos del chavismo y diputado, Diosdado Cabello, para hacer una “revolución judicial” en 60 días.

“Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón”, indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.

Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.

Cabello aseguró en la instalación de la comisión, el viernes 25 de junio, que el sistema de justicia venezolano se convertirá en un “modelo para el país y para el mundo”.

Explicó que en cada uno de los centros en los que trabajará la comisión estarán representadas “las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad” como el sistema de justicia, la Fiscalía, los ministerios de Prisiones e Interior, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), los gobernadores regionales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

”Desde ya comienza el despliegue a lo largo y ancho de toda Venezuela, el Consejo de Estado nos ha dado a nosotros 60 días para que, en 60 días, están desocupados estos centros de detención preventiva”, indicó.

De igual forma, en un comunicado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, manifestó su “complacencia con este proceso que marca un hito en el esfuerzo conjunto para el fortalecimiento” del sistema de justicia venezolano.

(Con información de EFE)

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