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Las principales fuerzas de oposición de Paraguay anunciaron en lunes ultimo (7) la presentación de un nuevo libelo acusatorio de juicio político contra la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, esta vez con 16 cargos por presunto mal desempeño de funciones.

El documento, que será tramitado ante la Cámara de Diputados, fue presentado a los medios por la denominada Mesa de Presidentes de los mayores grupos de oposición, entre ellos el Partido Liberal, la segunda fuerza del país tras el gobernante Partido Colorado.

En la rueda de prensa, el jefe de los liberales, Efraín Alegre, quien se encuentra imputado por presunta falsificación de documentos, acusó a Quiñónez de responder a los intereses del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), líder de la mayor corriente del coloradismo y que meses antes de dejar el cargo la postuló para el cargo.

«Existen causales suficientes (…) si hay o no votos suficientes eso lo vamos a ver, pero eso no significa que por un calculo dejemos de cumplir nuestra obligación constitucional y nuestro deber ante la ciudadanía como partidos de oposición», afirmó Alegre.

Por su parte, el senador Carlos Filizzola, presidente del Frente Guasu, la mayor fuerza de izquierda, dijo que «realmente es lamentable y una vergüenza» que Quiñónez sea fiscal general.

Filizzola acusó a Quiñónez de haber «violado leyes y la propia Constitución Nacional» y de no haber dado pasos para investigar los supuestos casos de corrupción que surgieron en las pasadas licitaciones de urgencia del Ministerio de Salud destinadas a la compra de insumos contra el coronavirus.

«En plena pandemia en Salud Pública se han amañado licitaciones, se han hecho compras fraudulentas y la Fiscalía no ha hecho nada porque es cómplice», aseguró Filizzola.

Entre los 16 cargos por presunta violación de leyes y preceptos constitucionales, que fueron enumerados por Josefina Duarte, presidenta de la plataforma opositora, figuran los procedimientos iniciados por la Fiscalía contra Alegre y contra cinco miembros de las juventudes del partido.

Los cinco fueron imputados en agosto por supuesta manipulación de la escena de la muerte de un dirigente juvenil, en marzo de 2017, durante el asalto policial a la sede del Partido Liberal, siendo Cartes presidente del país.

La muerte ocurrió tras la quema de una dependencia del Congreso, en el marco de las protestas contra un proyecto de enmienda para habilitar la reelección presidencial.

Antes, el Ministerio Público imputó a Alegre por presunta falsificación de documentos en la campaña para los comicios de 2018, en los que concurrió como candidato la Presidencia.

Alegre atribuye desde entonces todos esos procedimientos a un sistema «mafioso que tiene atrapado» al país y que a su juicio domina las principales instituciones y sigue instrucciones de Cartes.

Otro pedido de juicio político contra Quiñónez fue impulsado en mayo por representantes de la oposición y fue frenado con el apoyo de los movimientos oficialistas que son mayoría en la Cámara Baja: Honor Colorado, el de Cartes, y Colorado Añetete, del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez.

El enjuiciamiento político se tramita ante la Cámara Baja, donde se requieren dos tercios de los votos de sus 80 miembros para que la acusación pase al Senado, que oficia de tribunal.

EFE