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Fiscales de São Paulo acusan a la Administración brasileña por palabras y acciones misóginas del presidente y sus ministros contra las mujeres y piden indemnización por “abuso de la libertad de expresión”

“Brasil es una virgen que todo pervertido de afuera quiere”. La torpe metáfora a la que el presidente Jair Bolsonaro recurrió para hablar de la Amazonia en julio de 2019 forma parte de una colección de declaraciones machistas realizadas por el mandatario y parte de sus ministros contra las mujeres, en poco más de un año y medio de Gobierno. La serie de ataques fue recopilada por el Ministerio Público Federal de São Paulo (MPF-SP) y se transformó en el centro de una acción judicial por daños morales promovida por la Fiscalía contra el Estado. De acuerdo con la acción civil pública, que será juzgada por un juez federal de São Paulo, las declaraciones del presidente, calificadas de “misóginas” y de “abuso de la libertad de expresión”, “profanan los fundamentos y objetivos fundamentales de la Constitución.

La acusación (lea aquí su texto integral en portugués), de autoría de los fiscales Lisiane Braecher y Pedro Antonio de Oliveira Machado, lleva a las instancias jurídicas aquello que el feminismo ya sabía. No es de hoy que el presidente ataca deliberadamente a las mujeres y recurre, siempre que puede, a artificios machistas y de mal gusto para hablar sobre los temas más variados. Desde la defensa del Amazonia hasta el ataque a periodistas mujeres y otras minorías. “Brasil no puede ser el paraíso del turismo gay. Quien quiera venir aquí para tener sexo con una mujer, que se sienta como en casa. Ahora bien, no podemos pasar a ser conocidos como el paraíso del mundo gay”, dijo Bolsonaro a los periodistas en abril del año pasado. La frase, además de una forma de violencia contra las mujeres y un ataque homofóbico, desprecia una lucha histórica para sacarle a Brasil la etiqueta de paraíso del turismo sexual y, todavía peor, del turismo sexual infantil.

También están en la mira de la acusación las declaraciones machistas realizadas por ministros, como la titular de la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves; el ministro de Economía, Paulo Guedes; el extitular de Justicia, Sergio Moro, y el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, que dijo en junio: “Hoy, si un hombre mira a una mujer, ya tentativa de violación”. Todas las frases están documentadas en el proceso.

El fiscal federal Pedro Antonio de Oliveira Machado explica que la fiscalía venía recopilando material desde hace algún tiempo para esta acusación, pero, cuando los ataques salieron del plano de las declaraciones y se concretaron en acciones públicas, la causa se fortaleció. “Nosotros ya veníamos haciendo una recopilación, pero ese trabajo llegó a su fin con la derogación de la nota técnica del Ministerio de Salud sobre la política de atención a las víctimas de violencia doméstica y sexual”, explica. “Eso nos llamó mucho la atención, porque es más que una declaración”.

En junio, el ministro interino de Salud, Eduardo Pazuello, echó a dos empleados de carrera de esa cartera después de que firmaron una nota técnica sobre la atención sanitaria de la mujer durante la pandemia. El documento recomendaba la orientación y el acceso a métodos anticonceptivos, hablaba de reducir el embarazo no deseado y se refería a la violencia contra la mujer. También mencionaba la interrupción del embarazo en los términos previstos por la legislación brasileña, pero el presidente lo interpretó como una propuesta de legalización del aborto y dijo que había personas dentro de los ministerios que querían derrocarlo. “En lo que dependa de mí, no va a haber aborto”, dijo Bolsonaro.

Machado explica que esas acciones del Gobierno van a contramano de los compromisos asumidos por Brasil en el plano nacional e internacional sobre la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres. “Esas declaraciones y acciones van en contra del marco legal existente, que debe ser reconocido. Si un presidente lo quiere hacer de otra forma, puede buscar otro país que adopte las normas exóticas que prefiere”, dice el fiscal. “Pero aquí hay compromisos asumidos y, aunque no esté de acuerdo, debe cumplirlos, como la propia Constitución”. Para el fiscal, la acusación presentada sirve para alertar que lo que viene haciendo la gestión de Bolsonaro contra las mujeres “no es normal”. “Esto está afuera de las conquistas que hemos tenido en derechos e igualdad”.

Por ello, la denuncia pide que la Justicia Federal ordene el bloqueo inmediato de “por lo menos” 10 millones de reales –algo más de un millón y medio de euros– del presupuesto del Gobierno para publicidad, para ser usados en la promoción de acciones publicitarias de concientización del público. La campaña debería divulgarse por “un periodo mínimo de un año” y expondría datos sobre la desigualdad de género en Brasil y la vulnerabilidad de las mujeres en relación con la violencia. En la causa, que aún debe ser juzgada, los fiscales recomiendan que las piezas publicitarias sean realizadas bajo la orientación de las entidades que defienden los derechos de las mujeres.

Por último, el MPF quiere que el Estado sea condenado a pagar 5 millones de reales al Fondo de Derechos Difusos, a título de “indemnización por daños sociales y morales colectivos”. El fiscal Pedro Antonio de Oliveira recuerda que, más allá de los valores indemnizatorios, la causa debería también servir de alerta. “Suele parecer que hay un pensamiento conservador sobre la cuestión de la igualdad de género y que ese tipo de declaración no trae consecuencias”, dice. “Y esta acción es también para demostrar que sí hay consecuencias”.
“Revanchismo”

Para Claudia Luna, presidenta de la Comisión de la Mujer Abogada de la OAB (el colegio público de abogados) de São Paulo, las políticas públicas brasileñas de hoy van en contra de las mujeres. “Hoy, el Estado brasileño es un Estado que odia a las mujeres. Es un Estado misógino. Es un Estado que reduce las políticas públicas para las mujeres”, dice. “Eso produce violaciones a los derechos de las mujeres”.

De acuerdo con la abogada, la postura del presidente y sus ministros forma parte de una estrategia de reducción de los derechos conquistados. “Desde el inicio de este Gobierno hay un retroceso de las garantías de políticas públicas dedicadas a las mujeres”, dice. “Bolsonaro tiene una actitud revanchista, sabe exactamente a quiénes va a dirigir sus ataques. Por eso tenemos un retroceso de 130 años de derechos”.

Mayoría (52%) entre los electores en 2018, las mujeres lideraron el mayor movimiento contra Jair Bolsonaro durante aquella campaña. Frente a la amenaza que el candidato representaba para las minorías, marcharon en todo el país bajo el lema “Él no”, cuando faltaba apenas una semana para la primera vuelta. Si, en aquella época, también representaban a la mayoría de los electores que lo rechazaban, de acuerdo con todas las encuestas electorales hoy continúan en la misma posición. El barómetro más reciente, realizado entre el 20 y el 22 de julio por PoderData –vinculado al sitio Poder 360– muestra que son las mujeres (57%) el grupo que más defiende que Bolsonaro deje el Gobierno.

Si el movimiento feminista no tuvo fuerza para impedir la llegada de Bolsonaro al Planalto, en otras luchas sí salió victorioso. Fueron ellas las que se alzaron, en 2015, contra el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en lo que pasó a ser conocido como la Primavera feminista. Hoy en prisión domiciliaria por la Operación Lava Jato, Cunha representaba en aquel momento una amenaza a los derechos conquistados por las mujeres y estaba llevando a votación una serie de proyectos de su propia autoría, como el que dificultaba la atención de las víctimas de violación, limitando el acceso a la píldora del día después. Ningún otro segmento de la sociedad movilizó a tantas personas en las calles como las mujeres en aquella época y el proyecto acabó cajoneado.

Las chances de éxito de la acción de la fiscalía de São Paulo son difíciles de prever. Bolsonaro ya fue condenado a pagar una indemnización por daños morales por haber dicho en 2014 a su entonces colega diputada Maria do Rosário, del Partido de los Trabajadores (PT), que era “fea” y, por eso, no merecía ser violada. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo el año pasado. El mismo Supremo, sin embargo, se negó a juzgar al entonces candidato presidencial cuando fue denunciado por la Procuración General de la República por el crimen de racismo, en 2018, por declaraciones realizadas durante la campaña.

EL PAÍS