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Tras más de medio siglo de gobiernos casi ininterrumpidos del Partido Colorado, los resultados de un candidato extremista muestran señales de que el poder de los partidos tradicionales se podría erosionar.

Hay una historia popular, que aún hoy es posible escuchar, acerca de la capacidad del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) de modificar la temperatura oficial del caluroso y tropical Paraguay. La historia no encuentra veracidad, pero como toda mitología no tiene importancia. En cambio, la anécdota histórica permite interpretar la imagen omnipotente que todavía guarda la figura política más importante de la derecha paraguaya del siglo XX y sobre la cual se ha mantenido gran parte de las representaciones del Partido Colorado, el partido dominante del país. Dicha figura se ha resignificado y acoplado sobre otros hombres de la historia nacional que han concentrado el poder político, como Stroessner, quien se convirtió en el jefe de Estado que más tiempo gobernó de todas las dictaduras latinoamericanos.

Pero no solo las representaciones coloradas/nacionalistas y los presidentes son perdurables en Paraguay, sino también los partidos políticos, que han podido subsistir a los avatares más críticos de la historia. En efecto, una de las características centrales del régimen político paraguayo ha sido la presencia de los partidos a la hora de organizar la vida política, aun cuando la inestabilidad y los largos períodos autoritarios hayan sido la clave distintiva. El bipartidismo, iniciado en 1887 con la aparición del Partido Liberal y el Partido Colorado—posteriormente a la promulgación de la Constitución liberal y posbélica de 1870—, ha perdurado hasta el presente y sigue siendo un actor central de la vida púbica. Si solo nos remitimos al último medio siglo, los partidos fueron tanto uno de los elementos de legitimidad de la dictadura stronista y de la transición a la democracia como del golpe de Estado “parlamentario” a Fernando Lugo, en 2012, y del arribo de la “nueva derecha empresarial”, con Horacio Cartes como presidente de 2013 a 2018.

Sin embargo, este rasgo distintivo mostró una novedad en las recientes elecciones presidenciales del 30 de abril del 2023: la presencia de un actor político disruptivo, Paraguayo “Payo” Cubas, que obtuvo el 22,91 por ciento de los votos con una reciente tercera fuerza política denominada Movimiento Cruzada Nacional. El “Milei” paraguayo exhibe como en otras partes del mundo y de la región lo que el politólogo Cas Mudde denomina la “cuarta ola”, fenómeno que en el siglo XXI ha producido la normalización o desmarginación de la ultraderecha. Según el autor, estamos en presencia de una cuarta ola global de la ultraderecha que se inició con la superposición de tres crisis: los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 (y otros posteriores), la gran recesión de 2008 y la “crisis de los refugiados” de 2015. Para América Latina podríamos agregar la superposición de otra crisis, la de los Gobiernos progresistas/populistas surgidos tras la crisis de sentido del neoliberalismo en el pasaje al siglo XXI. En rigor, el 2008 puso de manifiesto que los gobiernos de la marea rosa no resolvieron las condiciones de dependencia de las economías latinoamericanas en el extractivismo y el endeudamiento, desprestigiando aún más a los cuadros dirigentes de la política tradicional. En este hito, hay que entender el arribo de diversas expresiones de las derechas latinoamericanas y de la paraguaya.

El pacto democrático: de golpe a golpe

Paraguay inició su actual ciclo democrático con el derrocamiento de Alfredo Stroessner. La destitución fue protagonizada por una facción del Partido Colorado y de las Fuerzas Armadas los días 2 y 3 de febrero de 1989. La salida de Stroessner no significó la salida del Partido Colorado, también conocido como la Asociación Nacional Republicana (ANR), de la dirección del Estado ni del gobierno, lo que le permitió a esa estructura constituirse tanto en el partido de la dictadura como en el partido de la transición. Luego, ganó todas las elecciones hasta el año 2008, cuando triunfó Lugo. De las ocho elecciones presidenciales celebradas desde la apertura democrática, siete quedaron en manos de la ANR.

En 1992, a pocos años de transcurrir la transición a la democracia política, se sancionó la nueva Constitución nacional. La carta se forjó a partir de un pacto democrático mediante una asamblea constituyente en la que participaron las diversas fuerzas políticas, incluso algunas que volvían del exilio. Bajo la sombra del dictador y de un régimen autoritario de 35 años, la nueva carta magna concedió mayor peso al Poder Legislativo en desmedro del Ejecutivo y creó una serie de nuevas instituciones que propiciaron el contexto para que el nuevo sistema de competencia y cooperación de partidos se consolidara. Aun así, el período de transición fue tumultuoso, marcado por tres rebeliones militares en 1996, 1999 y 2000, y el asesinato de un vicepresidente en 1999.

La no reelección presidencial sin alternancia es un pacto mordaza que las élites políticas sellaron en la Constitución de 1992 y ha funcionado, junto con la incorporación del juicio político y el reemplazo del estado de sitio por el estado de excepción, como uno de los núcleos centrales del pacto democrático de 1989. Además de contribuir a dar forma al sistema de partidos, ha sido una norma central para establecer una regla de competencia partidaria que sigue vigente. A partir de los años 1990, la oposición política se constituyó en una fuerza central en el Congreso y el Poder Judicial, y este juego de colaboración partidario e intrapartidario es hasta hoy lo que ha asegurado la estabilidad democrática y la permanencia de las estructuras políticas paraguayas.

Lugo llegó a la presidencia en 2008 bajo la chapa de Alianza Patriótica para el Cambio (APC), formada por un conjunto de movimientos sociales y partidos del espectro de la centroizquierda que reflejaba la ola de gobiernos progresistas que recorría la región. Pero su candidatura también reflejó los cambios internos profundos que atravesaba la sociedad paraguaya y que se inscribían en la caída tendencial de los candidatos presidenciales desde por lo menos 2003. El primer presidente no colorado de la era democrática arribó sin que mediara un golpe de Estado. Su programa era reformista: “el hambre no tiene ideología”, repetía su campaña. Era “el candidato del consenso”, auto-definido ideológicamente como “justo en el medio, como la ranura de un poncho”. Presentó un discurso de unidad cuyo eje central era, como muchas veces en la historia, erradicar del gobierno al Partido Colorado y avanzar en la distribución de la tierra y en políticas de intervención estatal que alentaran la distribución del ingreso nacional. “Escuché al pueblo y a Dios”, dijo para explicar su candidatura luego de encabezar una marcha multisectorial de cuarenta mil personas bajo el lema “Paraguay está harto”.

Sin embargo, el acceso de Lugo al gobierno puso en cuestión las normas formales e informales de funcionamiento del sistema político. La falta de representación propia en los órganos legislativos dejó al nuevo mandatario sin posibilidades de llevar adelante sus reformas y sin protección política. Un sistema en el que el juego de las élites define los destinos nacionales mucho antes que los actores de la sociedad civil lo cercó y lo dejó sin opciones: Lugo fue destituido mediante un juicio político que duró apenas 48 horas.

En rigor, las élites tradicionales, desplazadas de los espacios de distribución de poder, privilegiaron espacios institucionales para encauzar sus estrategias políticas, especialmente en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. De esa forma, desarrollaron diversos mecanismos entre los que se destacan los nuevos dispositivos destituyentes, que son la base para un neogolpismo. Estas tácticas hemos observado en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff y recientemente en Perú con los reiterados intentos de sacar presidentes a través del juicio político. Así, las derechas utilizan mecanismos propios del sistema republicano para hacer caer gobiernos elegidos democráticamente (los desplazan o sustituyen) sin que se produzca el quiebre del régimen político ni del Estado constitucional de derecho.

Horacio Cartes y la nueva derecha empresarial

La crisis del Partido Colorado que llevó a Lugo a la presidencia, y la crisis institucional producida por el golpe de Estado, ayudan a explicar el surgimiento del empresario Cartes, presidente entre 2013 y 2018 y hoy presidente y jefe indiscutido de la ANR. Cartes pudo imponer a su candidato Santiago Peña en los comicios nacionales de 2023, ya que por primera vez en el siglo XXI, el presidente colorado no es simultáneamente el conductor del partido.

El coloradismo, en plena crisis tras la pérdida del gobierno en el ciclo democrático, fue “salvado” por el empresario Cartes, cuya carta de presentación era no haber participado nunca en política. Al igual que Stroessner, Cartes se afilió apenas un año antes de alcanzar la presidencia y logró en pocos meses la reforma de la carta orgánica de un partido centenario. Su postura “posideológica” activó imaginarios que tuvieron efectos movilizadores ante un electorado compuesto por estratos sociales e ideológicos contradictorios.

Tanto el no haber hecho carrera en las estructuras burocráticas del partido como su fortuna personal lo habilitaban a no entablar lazos de compromiso sólidos con nadie. Cartes es hasta hoy el único expresidente que con su mandato finalizado mantiene unido a su movimiento interno dentro del partido; desde esa posición de poder, pudo imponer a su candidato, Santiago Peña, en las elecciones de 2023.

Investigaciones recientes han demostrado cómo la presencia de empresarios en los gobiernos de las derechas actuales ha permitido programas económicos que profundizaron órdenes societales más desiguales. En efecto, observaron que las derechas instaladas en el poder impusieron programas de naturaleza neoliberal y garantizaron mecanismos de apropiación del excedente por parte del empresariado—especialmente a través del endeudamiento, las privatizaciones y la valorización financiera—, al tiempo que deshabilitaron canales de transferencia progresiva del ingreso a través de modificaciones impositivas, sistema de pensiones, etc.

En el caso de Paraguay, la fortaleza del Partido Colorado y del Partido Liberal, es decir, de la clase política tradicional, no permitió a Cartes imponer un gabinete de empresarios. Sin embargo, Cartes conformó un grupo de asesores económicos ad honorem para guiarlo en esa área. En efecto, es posible caracterizar la derecha neoliberal por una presencia mayoritaria de cuadros empresariales involucrados en la administración de los asuntos públicos, la expansión de las fronteras del capital y la construcción de un enemigo interno. Además, mantiene una línea de convergencia entre clasismo y neoliberalismo y entre conservadurismo y liberalismo cultural, revindica la meritocracia y suma elementos ligados a la retórica pospolítica.

Bajo la administración de Cartes, los grupos religiosos conservadores se convirtieran en organizadores de la reacción cultural y la movilización contra la “ideología de género”. Se sumó la reforma de 2013 de la Ley de Seguridad Interna, mediante la cual el presidente puede disponer del uso de las Fuerzas Armadas en conflictos internos del país, sin necesidad de solicitar autorización al Congreso. En el plano económico se probó en 2013 la Ley de Alianza Público Privada (APP) y se habilitaron cuatro nuevas variedades de semillas transgénicas, tres de maíz y una de soja, pertenecientes a las transnacionales Monsanto, Syngenta, Basf y Dow.

Al igual que todos los presidentes de la etapa democrática con cierta legitimidad de ejercicio, incluyendo a Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) y Lugo, Cartes intentó obtener el derecho a la reelección presidencial mediante una enmienda constitucional. La medida no logró apoyo legislativo y, de hecho, articuló a las fuerzas oficiales y opositoras, lo que dividió las posiciones en dos polos multipartidarios y aglutinó en cada uno a fuerzas internas de los partidos tradicionales y de la izquierda. El intento desató una crisis institucional y llevó al incendio del Congreso y la muerte de un manifestante en 2017, y solo terminó con la intervención de la Iglesia católica que puso fin a la vocación reeleccionista del mandatario. La crisis llevó a que perdiera su línea interna y dejara paso a un rival del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, que fue presidente entre 2018 y 2023.

En un contexto pandémico caracterizado por la deficiente gestión gubernamental y las numerosas denuncias por hechos de corrupción ocurridos en diferentes espacios estatales, se generaron movilizaciones sociales y conflictos diversos exigiendo la renuncia del Presidente Abdo Benítez. La demora en recibir vacunas y las sos­pe­chas de sobrefacturación por par­te de fun­cio­na­rios del go­bierno en la ad­qui­si­ción de in­su­mos sa­ni­ta­rios, re­afir­mó la re­levan­cia del an­ta­go­nis­mo “cla­se po­lí­ti­ca ver­sus ciu­da­da­nía”. De la demanda de reforma política de la “ciudadanía movilizada”, surgió una innovación electoral. Mediante la aprobación en junio de 2019 de

La Ley 6318/2019, aprobada en junio de 2019, creó un nuevo sistema de votación que mantenía la representación proporcional por listas de partidos—lo que significa que los partidos obtienen escaños en función del número de votos que obtienen por una lista fija de candidatos—, al tiempo que permitía al votante elegir al candidato preferido de la lista. La reforma permitió la participación de más partidos y coaliciones, lo que le dio un cierto aire democratizador. Pero al dividir a los partidos de la oposición, en realidad reforzó el poder del Partido Colorado, como explicó Sara Mabel Villalba en un artículo publicado en 2021 en Nueva Sociedad.

A pesar de la magra gestión oficialista y de los bajos índices de aceptación del Presidente Abdo Benítez, el Partido Colorado triunfó en las elecciones del 2023. Pero el resultado electoral no solo fue mérito del Partido Colorado y sus cuadros dirigentes, sino también de las consecuencias no deseadas de una intervención directa de los Estados Unidos sobre Cartes, quien lo acusó de “corrupción rampante que socava las instituciones democráticas.” El gobierno de Estados Unidos le prohibió, como primera medida, el ingreso a ese país y, luego, acceder a los bancos y hacer negocios con empresas norteamericanas. La medida impartida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impactó de lleno en los negocios del expresidente de la república y provocó que tuviera que disolver su grupo económico en favor de sus hijos y otros testaferros. Además de corrupción, Washington lo acusó de mantener vínculos con la milicia proiraní Hezbolá, que Estados Unidos tiene en su lista de organizaciones terroristas. Pero al mismo tiempo, lejos de un pronóstico negativo, la intervención extranjera sirvió para reforzar la identidad nacionalista del partido y generó las condiciones para la reactivación de un elemento matriz en la historia política e ideológica de la ANR: la apelación a la soberanía nacional.

Cuenta la anécdota que Santiago Peña estaba un domingo de bermudas, tereré y maya en el club con su familia cuando Cartes lo llama de urgencia. Su hermano le presta un pantalón y salé corriendo. Cuando llega a la reunión, el Presidente de la Nación lo obliga a afiliarse al Partido Colorado y le cuelga del cuello el icónico pañuelo colorado. La foto rueda en todas las redes con el eslogan “el peón de Cartes”. De ahí en más, el destino político de ambos sería otro: Santiago Peña dejaría de pertenecer al Partido Liberal y, de la mano de su mentor, sellaría su carrera en el Partido Colorado.

Peña, Ministro de Economía del gobierno de Cartes y, hasta su elección presidencial, miembro de la junta directiva del Banco Basa—del grupo de empresas del mismo presidente—, trabajó para borrar su marca de origen. Dejó de ser liberal y tecnócrata, se mostró colorado y se construyó como un político de tablado, lo que constituyó un esfuerzo que debió sobreactuar ante un Cartes obligado por Estados Unidos a correrse de la escena política.

De Cartes a Cubas: de la derecha neoliberal a la derecha radical

Las elecciones de 2023 dejaron además dos saldos en el plano de las transformaciones del campo de las derechas. Por un lado, del fracaso de la oposición partidaria y la extinción de la izquierda parlamentaria: El Frente Guasú perdió cinco de sus seis escaños en el Senado, incluido el del expresidente Lugo. Por otro lado, de la consolidación de un nuevo actor político, Payo Cubas.

Cubas es por derecha lo nuevo de la política, como Milei y Bukele. Es la síntesis perfecta: odia a la clase política y otro tanto a las instituciones de la democracia, con un nacionalismo que viste de negro fascista. Sin estructura partidaria y con una autogestionada campaña, fue una opción de cambio para un importante grupo de votantes que convivía con el malestar social pospandémico, pero también con la muerte de la democracia. parafraseando a Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Cubas no tuvo dinero para su campaña, pero las redes sociales fueron sus principales aliadas. No viste con traje de moda, no tiene asesores ni peluqueros y no vive en las zonas más ricas de la ciudad. Es hijo de un militar, viste siempre de negro e hizo hamburguesas en la calle para financiar su postulación. Es su propio hacedor. Con un celular en la mano se saca fotos con los ciudadanos de a pie y relata de memoria los precios de cada corte de carne. Todo es austeridad y precariedad frente a los “políticos tradicionales” que hablan desde el comedor de sus lujosas casas. Cubas es el único que conjugó el guaraní en cada una de sus intervenciones.

El partido Cruzada Nacional de Cubas terminó reuniendo las voluntades de un sector social que crece a medida que observa cómo se degradan sus ingresos y bienestar y mira cada vez con más desconfianza las formas actuales que presentan las democracias. Es, en algún sentido, el resultado de la pérdida de un horizonte común, de un posible bienestar colectivo, de consensos básicos rotos y de ciertas respuestas que las democracias liberales dejaron de poder dar. Ante esa impotencia, surgieron activistas políticos que saben leer ese malestar y lo transfiguran en capacidades electorales con resultados inciertos. Porque la derecha, como dice Pablo Stefanoni, se presenta con “modelos rebeldes” mientras la izquierda, y sus derivaciones, mira atónita el desmelenamiento de los últimos resabios de un Estado que supo presentar alguna ambición bienestarista.

En Cubas y Milei se suspenden los condicionamientos estructurales de la pandemia, de la deuda externa, de los sindicatos y de los movimientos sociales. Ante el imposibilismo, ante lo que Lucas Rubinish llama el Homo resignatus que inunda nuestro sentido común, ambos muestran que se puede hacer y transformar una realidad que por momentos parece diseñada por coaching de focus group. Con un discurso de impugnación a las instituciones democráticas—de las que formó parte como senador—y con el slogan “el cinto será el símbolo de la revolución”, Cubas llamó a reformar la Constitución, dotar de mayor poder al Ejecutivo y establecer un sistema unicameral. En un mismo discurso puede articular el rechazo a las instituciones democráticas, la denuncia a los privilegios de los políticos, la defensa de un gravamen para la soya, el pedido de una mejor tipificación del latifundio y la denuncia del “desastre ecológico que ocasiona la ganadería extensiva o el avance sin límites de la producción soyera”.

Cubas no tiene tapujos en pedir el uso las fuerzas de seguridad, la pena de muerte y el cierre del Congreso. Pero es algo más que eso. Presenta sensibilidad económica para los que no avizoran futuro, para todos aquellos a los cuales el orden capitalista pospandemia les juega una mala pasada. No habla con los empresarios ni tiene canales afines que transmitan sus discursos. Tampoco una agenda política para la élite económica.

En las elecciones del 2023, Cruzada Nacional retuvo la opción de cambio y desplazó a la izquierda parlamentaria del Frente Guasú, con lo que consiguió la primera minoría en el senado. La izquierda, que hasta hace muy poco fue gobierno, ha sido borrada del mapa. Cubas, “el candidato de la gente”, consiguió interpelar a sectores de la sociedad paraguaya y restó progresivamente protagonismo a los partidos políticos tradicionales (ANR y PLRA) y a las formaciones políticas recientemente formadas.

Como en otras partes del mundo y de América Latina, las principales características del surgimiento de estas expresiones de derecha radical son la fragmentación de un sector político en una derecha convencional, la aparición de nuevos líderes y formaciones que hasta hace poco eran marginales en la región. Estos actores han desafiado el sistema de partidos establecido y han obtenido en algunos casos buenos resultados electorales. Su performance populista se basa en dos elementos: un discurso con un fuerte sesgo anti-Estado y un rechazo a las élites políticas por ser las principales responsables de los problemas del país, cuya eliminación se propone como llave de todas las soluciones. Los políticos y el Estado se encuentran amalgamados. La contrarrevolución silenciosa, apuntada por Piero Ignazi, da cuenta del reemplazo de valores sociales aceptados como parte de una vida en común, por una agenda posmaterialista que cuestiona temas como los derechos de las minorías, las mujeres y las disidencias sexuales. Dicha transformación asume como estrategia la lucha contra lo políticamente correcto, lo establecido y lo dado.

La misma noche en que Milei se convertía en presidente de los argentinos, Cubas subía a las redes sociales una foto en la que aparecía junto a Bukele y Milei. La foto era trucada, pero tampoco importa. Como con el mito stronista de la temperatura y el clima, habrá que esperar para saber en qué medida la nueva derecha radical puede trascender en el tiempo.

Lorena Soler es socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET) con sede en el IEALC, y profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

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