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No existe un día en Ecuador en que los muertos por crímenes violentos no se cuentan por decenas. La violencia ha dejado de concentrarse en Guayaquil y se expande a otras ciudades como Durán, Manta, Quevedo y Quito. Los ataques son a cualquier hora del día, perpetrados por sicarios o atentados con bombas. Los objetivos pueden ser desde una tienda de barrio hasta las unidades judiciales donde se realizan audiencias y las víctimas incluyen a niños.

El pequeño país sudamericano, considerado hace sólo unos años como uno de los más pacíficos de la región, vive la peor crisis de inseguridad de su historia. Las estadísticas de la Policía revelan que entre enero y junio de este año se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto al 2022. Ese año la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100.000 habitantes, y en la actualidad ya se ubica en 20, con una tendencia a crecer, con lo que se estima que a final del año cerraría en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región.

Este escenario catastrófico ocurre en medio de unas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en las que el nuevo Gobierno no tendrá margen para improvisaciones, advierte Carolina Andrade, analista en seguridad. «No se puede seguir esperando cosas tan básicas como equipar a la Policía», indica Andrade. Los ocho binomios a la presidencia saben que la inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos que están amenazados permanentemente por delitos como extorsiones y secuestros que han aumentado hasta en un 300% respecto al 2022.

Para el analista político Oswaldo Moreno, el ciudadano debe exigir de los candidatos «que explique cuál será la política pública en seguridad y que asuma que la responsabilidad es única y exclusivamente del Ejecutivo, no de los gobiernos locales, ni de la Asamblea», dice Moreno, porque esa ha sido la constante pugna de los gobiernos de turno cada vez que la inseguridad aumenta.

En los planes de gobierno que los binomios presentaron a la autoridad electoral, todos han ubicado a la seguridad como su objetivo prioritario, la mayoría coincide en cinco puntos: dar insumos a la fuerza pública, depurar a la Policía, reformas al sistema judicial y penal, control de las cárceles y frenar la delincuencia organizada transnacional; sin embargo, los discursos de algunos de ellos de cómo ejecutarán una política pública en seguridad preocupa a Moreno. «Hay una suerte de candidatos que se disfrazan de Bukele, que se refieren a no darle de comer a los presos y de trabajo forzado».

Se refiere a unas declaraciones de Otto Sonneholzner, quien propuso que las personas en las cárceles «carguen su propio peso, las personas de menor peligrosidad pueden barrer calles, mejorar infraestructura pública para que generen ingresos y no nos cueste», dijo el candidato, que presentó una propuesta de cinco ejes, entre esos armar a la Policía y desarmar a los delincuentes, crear un escuadrón élite de la Policía y de las Fuerzas Armadas, permitir que los jueces y fiscales que tratan casos de los delincuentes más peligrosos puedan incluso despachar desde el extranjero.

Otros postulantes como Bolívar Armijos contempla enviar la Ley 100 sobre seguridad a la nueva Asamblea, en la que contempla que «los asesinos pasen en la cárcel el mismo tiempo que a sus víctimas les faltaba vivir, asumiendo un promedio de vida de 100 años», explica el texto. Por ejemplo, «si la persona mata a una persona de 75 años pasará 25 años en la cárcel. Si mata a una persona de 50, pasará 50 años en cárcel, si mata o viola a un niño de 10 años, pasará 90 años en cárcel». Además, asegura que desde la primera semana de su mandato expulsará a los extranjeros con antecedentes penales y como parte de su política de seguridad están contempladas «clases masivas de defensa personal y Krav Maga para mujeres víctimas de violencia de género y adolescentes».

Los candidatos coinciden en que hay que asumir la seguridad con «mano dura». Esa es la frase que más repiten en una campaña que oficialmente todavía no inicia, pero Andrade insiste en que «se necesitan prioridades claras y experiencia, porque la improvisación nos ha costado llegar al momento que estamos viviendo», añade. Ecuador irá a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas el próximo 20 de agosto, para culminar el periodo que Guillermo Lasso interrumpió con el decreto de «muerte cruzada», que debía terminar en mayo de 2025.

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