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Este miércoles se conocieron nuevos datos sobre la denuncia por intento de golpe de Estado presentada por la Fiscalía General de la República contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

Según el texto de la acusación, divulgado por la prensa brasileña, Bolsonaro conoció y aceptó llevar a cabo los planes para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

La denuncia, que alude a Bolsonaro y a otros 33 involucrados en este complot, afirma que “los miembros de la organización criminal estructuran, en el ámbito del Palacio de Planalto, el plan de ataque a las instituciones, con vistas a derrocar el sistema de funcionamiento de los poderes y del orden democrático, que recibió el siniestro nombre de ‘Punhal Verde Amarelo’”.

Agrega que ese “plan fue elaborado y puesto en conocimiento del presidente de la República, quien estuvo de acuerdo con él”.

Según citó Agência Brasil, el fiscal general, Paulo Gonet, señala que en el plan se “consideró el uso de armas bélicas contra el ministro Alexandre de Moraes y la muerte por envenenamiento de Luiz Inácio Lula da Silva”.

También se encontraron en manos de los imputados otros planes para evitar que Lula asumiera el cargo. Al igual que Bolsonaro, los otros denunciados son acusados de los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal. Entre ellas, se encuentran el exministro de Casa Civil y de Defensa, Walter Braga Netto, compañero de fórmula de Bolsonaro, y un exayudante del presidente, Mauro Cid, que colaboró con la Justicia a cambio de mejores condiciones en su situación procesal.

La Justicia retiró el secreto dispuesto sobre las declaraciones de Cid, y se conocieron testimonios en los que afirma que el plan de asesinatos fue preparado por un grupo de “radicales” y presentado a Bolsonaro en noviembre de 2022.

De acuerdo con el portal Metrópoles, Cid dijo que en las reuniones sobre el plan de golpe de Estado, en las que participó Bolsonaro, se discutió también la posibilidad de intervenir el Supremo Tribunal Federal, llevar a prisión a sus integrantes y convocar nuevas elecciones, alegando que las celebradas días antes eran fraudulentas.

En su testimonio, Cid también afirmó que la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, lo instigaba “de forma ostensiva” a dar un golpe de Estado, al igual que uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro.

Este último dijo que esas acusaciones son “una fantasía”, y el abogado de los Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, calificó esas acusaciones dijo “absurdas” y dijo que no estaban respaldadas por ninguna prueba. También negó que el expresidente o su familia hayan estado “jamás vinculados a movimientos que proyectaran una ruptura institucional en el país”.

Según Agência Brasil, Gonet concluyó que el plan de golpe de Estado comenzó a considerarse en marzo de 2021, cuando Lula quedó habilitado a participar en las elecciones. El entorno de Bolsonaro comenzó a hablar entonces de coordinar acciones para evitar que el líder del Partido de los Trabajadores volviera al gobierno. Por entonces, “registró la idea de ‘establecer un discurso sobre urnas electrónicas y votaciones’” para deslegitimar un eventual resultado electoral adverso al gobierno.

Ese discurso fue instalado por Bolsonaro desde julio de 2021 en sucesivos pronunciamientos públicos, y un año después, en una reunión con sus ministros, habría incitado a atacar al sistema electoral y difundir noticias falsas contra Lula. Ya entonces se “habló inequívocamente del ‘uso de la fuerza’ como alternativa a ser implementada si fuera necesario”, según el procurador general.

Durante la segunda vuelta electoral, las acciones de los bolsonaristas incluyeron operaciones de policías de tránsito federales destinadas a dificultar el acceso de votantes a zonas donde el apoyo a Lula había sido alto en la primera vuelta. Cuando Lula ya había sido electo, se instaló un campamento frente a los cuarteles para reclamar una intervención militar que mantuviera a Bolsonaro en el poder e instalara un régimen de excepción.

“Los líderes de la organización eran el propio presidente de la República y su candidato a vicepresidente, el general Braga Netto. Ambos aceptaron, alentaron y ejecutaron actos tipificados en la legislación penal de atentado al bien jurídico de la existencia e independencia de poderes y al Estado democrático de Derecho”, afirmó Gonet en la denuncia presentada ante el STF. Esta corte debe evaluar ahora la denuncia y decidir si a Bolsonaro le corresponde la prisión preventiva por los delitos que se le imputan.

LA DIARIA