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La Fiscalía boliviana pide 15 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez

Bolivia

La política, que afronta el proceso judicial desde la cárcel, está acusada de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes por el período en el que se autoproclamó líder del Ejecutivo

La comisión de fiscales asignada al proceso en contra de la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha pedido que sea sancionada con 15 años de prisión por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”, en uno de los varios procesos que la justicia boliviana le sigue a la política, de 54 años. Esta es la máxima sentencia establecida por la legislación boliviana por el “concurso” —la interrelación— de ambos delitos, que considerados por separado conllevan penas menores. Después del alegato de la parte acusadora, la audiencia final del proceso contra Áñez fue postergada hasta el martes. La que fue líder del Gobierno boliviano entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 está siguiendo el juicio desde prisión, ya que los jueces han prohibido su traslado a la sala de audiencias. Se supone que esto se debe a las dificultades de controlar las manifestaciones a favor y en contra de ella.

“Están tratando de forzar la sentencia”, ha declarado el defensor de Áñez, el abogado Luis Guillén, que hasta el último momento ha estado interponiendo recursos ante el Tribunal Constitucional para impedir que el proceso llegue a su final. Guillén calificó este juicio como “exprés” porque solo ha durado un año, lo que en Bolivia es un récord tratándose de un asunto penal. Varias personalidades de la oposición boliviana denunciaron que la premura del oficialismo para obtener rápidamente una sentencia, que fue una promesa del presidente Luis Arce en la campaña electoral, ha conducido a recortar los derechos procesales de la expresidenta. La defensa denunció, por ejemplo, que el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que actúa como juzgador, determinó qué pruebas y testigos podían presentar Áñez y los dos exjefes militares que también están acusados junto a ella, con lo que impidió la consideración del contexto de los hechos que se juzgan.

El proceso es rechazado unánimemente por la oposición por estar siendo realizado en un juzgado ordinario y no en el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de un juicio de responsabilidades contra una exmandataria. Para eludir el fuero constitucional de Áñez, la fiscalía dividió los delitos de los que se le acusa en varios grupos y pidió procesos separados para cada uno de ellos. Luego se concentró en uno de estos procesos, que evaluó dos delitos que supuestamente Áñez cometió en los momentos previos a su juramento y que no son los más graves que se alegan contra ella. Según la defensa de la expresidenta, esta división de delitos en varias partes es contraria a los principios del derecho.

Inicialmente se interpretó esta estratagema legal como un medio para enjuiciar a Áñez aunque el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) no contaba con los dos tercios de votos parlamentarios que necesitaba para comenzar un juicio de responsabilidades. Posteriormente, la figura se invirtió y la propia acusada pidió a los partidos de oposición con representación legislativa que autorizaran su enjuiciamiento como exmandataria. Entonces fue el MAS el que prefirió atenerse al procedimiento inicial y continuar por la vía ordinaria. Así se dejó de lado o postergó el juzgamiento de los más de 30 asesinatos y las otras graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el Gobierno de Áñez, que solo pueden ser tratados dentro de un enjuiciamiento parlamentario.

En este proceso se enfrentaron dos versiones de lo sucedido entre el 10 de noviembre de 2019, cuando renunció Evo Morales a la presidencia, y el juramento de Áñez a este cargo, el 12 de noviembre. Según la Fiscalía, en esos días, y prescindiendo de una reunión de la Asamblea Legislativa, Áñez, que entonces era segunda vicepresidente del Senado y la única política opositora con un cargo parlamentario importante, actuó como si fuera la encargada del país prescindiendo de los procedimientos que son los habituales cuando se da la renuncia de algún mandatario. Según los acusadores, Áñez se “autoproclamó” gobernante del país en una reunión legislativa que no contaba con el quorum necesario.

La defensa de la expresidenta y de las fuerzas políticas que respaldaron a su Gobierno en 2019 es que entonces se produjo un “vacío de poder” tras la renuncia del presidente, el vicepresidente y también de los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, todos ellos del MAS de Morales, por lo que se aplicó una sucesión “ipso facto” que sustituyó a los renunciantes por la primera autoridad con más alto rango que quedaba, que era Áñez. Esta opinión fue respaldada en ese momento por un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional, del que posteriormente, cuando el MAS ya había vuelto al poder, este se retractó. Según la oposición, la sucesión “ipso facto” para evitar un vacío de poder hacía innecesario el tratamiento parlamentario de la renuncia de Morales y también que hubiera una proclamación de la Asamblea con el quorum legal.

EL PAÍS

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