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La implementación de los acuerdos con las FARC y nuevos diálogos con grupos armados vuelven al centro de atención de la política colombiana en la era Petro

Santiago Torrado

Colombia vuelve a hablar de paz. En su primera visita como presidente electo a un alto tribunal, Gustavo Petro, quien se posesiona el próximo domingo, asistió la tarde del viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral de los acuerdos firmados con la extinta guerrilla de las FARC. Aunque la discreta reunión con los magistrados del sistema de justicia transicional se desarrolló a puerta cerrada, el peso simbólico era innegable. “Su propósito de asegurar en Colombia la paz total no solo es un loable designio, sino un mandato constitucional y un presupuesto básico de convivencia”, le dijo durante el encuentro el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes. Después de un paréntesis durante el gobierno de Iván Duque, la discusión sobre las negociaciones de paz, y la posibilidad de nuevos diálogos, vuelve a instalarse en el país.

Los acuerdos de paz requieren el compromiso de varios gobiernos, pues suelen tardar en asentarse. Colombia no es una excepción. De entrada, Petro promete darle un nuevo impulso a la frágil implementación del histórico pacto con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy convertidas en un partido político, y desde ya se propone retomar los diálogos frustrados con el ELN, la última guerrilla activa en el país. También avanzar en una política de sometimiento a la justicia para otros grupos criminales como parte de su ambiciosa e incipiente búsqueda de lo que ha llamado “paz total”. En particular el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante, heredera de los paramilitares.

Si al final del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se hablaba de una “paz completa” para justificar la necesidad de mantener los diálogos con el ELN, después de haber firmado el acuerdo con las FARC, en vísperas del comienzo de la era Petro su “paz total” ya domina las conversaciones como uno de los ejes de su mandato.

“Es un desarrollo complementario y mucho más ambicioso, pues las negociaciones entre Santos y las FARC se restringieron al principal de los actores armados del momento, pero el periodo posterior nos ha demostrado que no es suficiente”, apunta el sociólogo Gonzalo Sánchez, quien dirigió durante años el Centro Nacional de Memoria Histórica. El tema de la paz se extiende conceptualmente, explica, para cobijar no solamente a la insurgencia como una forma política de la guerra, sino también a las formas criminales de la guerra. “La apuesta es por cerrar el ciclo de todo el conjunto; es enorme, ambiciosa, pero también complicadísima”, valora. “La paz en este gobierno deja de ser un elemento de la política, para ser el gran articulador de toda la política. Hay una vocación totalizante de la paz”.

La visita de Petro a la JEP marcó un contraste con Duque, elegido en su momento con el apoyo de los sectores que se opusieron a los diálogos de La Habana. Aunque el mandatario saliente prometió no “hacer trizas” el acuerdo, a lo largo de su mandato mantuvo fricciones con el Sistema Integral para la Paz, que incluye tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad. Incluso intentó modificar al tribunal de paz, pero se estrelló con el rechazo del Congreso y de la Corte Constitucional. Solo llegó a visitar las instalaciones de la JEP el pasado noviembre, para la conmemoración de los cinco años de la firma de los acuerdos.

Salvo en esa ocasión, Duque se ausentó de las grandes citas relacionadas con la paz. No fue al acto de instalación de la Comisión de la Verdad, en noviembre de 2018, ni a la inauguración de Fragmentos, el “contramonumento” de la artista Doris Salcedo, construido con el metal fundido de los fusiles de las FARC. Tampoco a la entrega pública del esperado informe final de la Comisión, hace un mes, cuando se escuchó una sonora rechifla apenas se mencionó su nombre. Ese rechazo contrastó con los vivas a Petro, quien sí asistió al conmovedor evento en un teatro de Bogotá.

“Hay expectativas de paz, de una paz grande”, reconocía el propio Petro al recibir sobre la tarima las recomendaciones de la Comisión –entre otras, negociar con el ELN–. Desde hace tiempo el presidente electo –que en su juventud perteneció a la guerrilla del M-19– tiene la tesis de la paz pequeña y la paz grande. “La grande siempre la concebí como el gran acuerdo entre toda la sociedad, no exclusivamente entre el Estado y un grupo guerrillero”, escribió en su biografía política Una vida, muchas vidas (Planeta, 2021), una antesala de la “paz total” que vislumbra desde su victoria en las urnas.

Ese énfasis también ha quedado evidenciado en algunas de sus primeras designaciones. En particular, la de Danilo Rueda como comisionado de paz y la de Álvaro Leyva como ministro de Exteriores, quienes lo acompañaron en su visita a la JEP. Leyva, un hombre clave en las negociaciones con las FARC, será el jefe de una diplomacia al servicio de la paz. “Del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica”, apuntó Petro al anunciarlo. Entre otras, ya ha dado pasos firmes para normalizar las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro –completamente rotas durante el periodo de Duque–, un elemento clave para allanar el camino de una negociación con el ELN, que varios expertos ya consideran una guerrilla binacional por su presencia del otro lado de la frontera.

A pesar de las renovadas esperanzas con que comienza el nuevo ciclo político, los obstáculos no son nada desdeñables. Diversos observadores invitan a la mesura, pues Petro asume con una crítica situación de seguridad. En muchas regiones aún arde la guerra que los acuerdos con las FARC buscaban extinguir, los desafíos humanitarios persisten y la violencia se ha recrudecido. Hay seis conflictos armados internos entre diversos actores, según el balance del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que advirtió la semana pasada que en el primer semestre de 2022 se ha visto un aumento significativo de la violencia, con el consecuente incremento del sufrimiento para la población civil. A pesar del desarme de las FARC, un desordenado archipiélago de grupos con estructuras más fracturadas copó el vacío que dejó la guerrilla, ante la ausencia de respuesta estatal. A fenómenos como el incesante asesinato de líderes sociales, ambientalistas y excombatientes se suma la reciente oleada de atentados contra la fuerza pública, atribuidos al Clan del Golfo.

Durante el gobierno de Santos, si bien también se intentó combinar la negociación con las guerrillas con una política de sometimiento de las organizaciones criminales, los dos temas estaban “muy claramente separados en términos de estrategias”, apunta Angelika Rettberg, profesora de la Universidad de Los Andes experta en resolución de conflictos armados que hizo parte de la mesa con el ELN en 2018. “Hasta ahora, los anuncios que han hecho desde el gobierno electo están metiendo muchas cosas en la misma bolsa, generando expectativas que pueden no ser del todo realistas”, advierte. “Diferentes organizaciones requieren respuestas distintas”.

Nacido bajo el influjo de la revolución cubana, e inspirado por la teología de la liberación, el Ejército de Liberación Nacional, que por primera vez tendría como contraparte a un gobierno de izquierdas, concentra buena parte de las expectativas. “El ambiente es favorable, pero no está exento de las complejidades que han acompañado los acercamientos con esta guerrilla”, que se ha fortalecido militarmente, advierte un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Estamos en el momento en que el péndulo está volviendo a la paz”, dice María Victoria Llorente, directora de la FIP, aunque subraya que la negociación no está a la vuelta de la esquina. “La relación del régimen de Maduro con el ELN, por ejemplo, es una pregunta abierta”, apunta.

De momento ha imperado la engañosa sensación de que las conversaciones con el ELN y el Clan del Golfo volverán a arrancar donde se detuvieron. “Claramente hay más voluntad que en el gobierno de Duque, pero eso no exime a cualquiera de esos procesos a las dificultades asociadas con economías ilícitas muy lucrativas, y con realidades de fortaleza relativa que son muy distintas a las que llevaron a las FARC a negociar en su momento”, advierte Angelika Rettberg. “Uno no puede hacer caso omiso de hechos que han ocurrido en estos cuatro años, donde algunas rutas de narcotráfico se han consolidado y los grupos armados se han expandido más allá del territorio colombiano”, señala.

EL PAÍS