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La ONG, que logró la liberación de 81 mujeres condenadas por aborto, cierra su estructura legal tras denunciar un clima “incompatible” con su labor bajo el actual Gobierno.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la única ONG en El Salvador dedicada a defender el derecho de las mujeres a decidir durante el embarazo, anunció su disolución legal en medio de lo que describe como una profundización de la crisis de derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele. La organización, con más de 20 años de trabajo en el país, informó que a partir de ahora su defensa de los derechos de las mujeres continuará “desde el activismo, la empatía y la solidaridad que hemos sembrado”.

Morena Herrera, expresidenta de la Agrupación, aseguró que durante los seis años y medio de gestión de Bukele el país ha vivido una “involución” en la protección de los derechos de las mujeres, lo que ha generado un entorno “incompatible” con su labor.

“El Gobierno ha adoptado desde hace algún tiempo una posición muy conservadora en la que los derechos de las mujeres están negados. Se nos ha cortado toda comunicación con el Ministerio de Salud, Educación e incluso con la Policía, con quienes coordinábamos para denunciar casos de abuso sexual”, dijo Herrera.

La ONG ha sido históricamente la única organización en El Salvador que ha impulsado la despenalización del aborto. En las últimas dos décadas logró la liberación de 81 mujeres condenadas por este delito desde 2009 hasta la fecha.

Entre sus casos más emblemáticos está el de Beatriz, una mujer a quien el sistema de salud salvadoreño obligó en 2013 a continuar un embarazo de un feto con anencefalia que ponía en riesgo su vida. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2024 condenó al Estado salvadoreño. Beatriz murió en 2017, por lo que la sentencia fue considerada una reparación póstuma.

La disolución de la organización es, según activistas, un síntoma más de la crisis que enfrentan las organizaciones defensoras de derechos humanos y las libertades en El Salvador. Solo en 2025 más de 50 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos abandonaron el país por temor a represalias.

Ese mismo año entró en vigor la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a las organizaciones que reciben financiamiento internacional a inscribirse en un registro nacional y a entregar el 30% de sus ingresos al Estado.

“Pensamos que la Agrupación ya no puede funcionar con la estructura de una ONG. Decidimos disolvernos y seguir luchando por la causa desde el activismo, como un movimiento regional, pero ya no legalmente”, explicó Herrera.

Antes de llegar a la Presidencia, Bukele sostenía un discurso progresista y durante la campaña se definió como “aliado” de la comunidad LGTBI. También prometió crear condiciones de apoyo para mujeres víctimas de violencia obstétrica y acusadas de aborto. Sin embargo, ya en el poder disolvió las secretarías de Estado creadas para la defensa de estos derechos.

Según Herrera, en los seis años y medio de Gobierno 27 mujeres más han sido procesadas acusadas de aborto, muchas de ellas tras sufrir emergencias obstétricas, es decir, abortos espontáneos.

“Ya habíamos logrado sacar a todas de la cárcel, pero con este proceso de involución hay nuevamente una situación punitiva”, afirmó.

“Este señor ha cambiado su posición. Cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) hizo algunos mensajes de apoyo al caso de Beatriz. Pero luego ha ido involucionando y ahora está en una posición en la que niega cualquier posibilidad de que las mujeres puedan decidir”, añadió.

En mayo de 2021, cuando el oficialismo obtuvo el control absoluto de la Asamblea Legislativa, una de sus primeras decisiones fue archivar una propuesta para despenalizar el aborto impulsada por organizaciones feministas desde 2016. La iniciativa contemplaba permitirlo cuando la vida de la mujer estuviera en riesgo, en casos de violación o ante malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.

En agosto de ese mismo año, Bukele presentó una propuesta de reforma constitucional en la que descartó cualquier posibilidad de legalizar el aborto.

“He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia”, escribió en su cuenta de X.

A finales de 2025, el Gobierno ordenó eliminar el lenguaje inclusivo y todo el contenido de educación sexual del sistema educativo.

Herrera sostuvo que la lucha continuará desde el activismo y que no abandonarán a las mujeres que siguen siendo procesadas.

“Nuestra lucha nunca ha sido fácil. Fuimos la única asociación que históricamente ha defendido este derecho. No podemos ni queremos renunciar a esta causa”, concluyó.

EL PAÍS