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Por Mariana Álvarez Orellana

La fiscalía peruana investiga si Keika Fujimori, la tres veces candidata presidencial peruana e hija del exdictador Alberto Fujimori, es el brazo político de una organización criminal, que financió con 183 millones de dólares sus campañas electorales.

La fiscalía incautó alrededor de 300 inmuebles y vehículos de Joaquín Ramírez, excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular. La relación de Ramírez con Keiko es estrecha y viene de años atrás: fue su jefe de campaña en 2016.

No llama la atención de que sea blanco de nuevas polémicas y acusaciones. Keika está acusada de otro hechi de corrupción, por recibir y no declarar más de diez millones de dólares de poderosos empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un mega escándalo de corrupción regional, para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Por este caso, la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para ella. El juicio oral debe comenzar en los próximos meses.

El nuevo caso de lavado de dinero involucra a Keiko y, a la vez, desvía la atención popular del desastroso gobierno de Dina Boluarte, responsable de la muerte de decenas de campesinos y ciudadanos que protestaban contra su administración.

Ahora la tres veces derrotada candidata presidencial, hija y heredera política del encarcelado dictador Alberto Fujimori, está incluida en una investigación fiscal a una organización criminal encabezada por el exsecretario general y excongresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, también investigado por narcotráfico.

A Keiko se le acusa de ser el brazo político de esta organización criminal, de darle protección y beneficiarse económicamente del lavado de dinero. Parte de los 183 millones de dólares que según los la Fiscalía habrían sido obtenidos ilícitamente y lavados por el clan Ramírez, fueron destinados, según esta investigación, para financiar las campañas electorales de Keiko.

Ramírez, que trabajó como cobrador de buses, ha logrado acumular una fortuna de origen desconocido. En 2016, cuando era congresista, jefe de campaña y financista de Keiko, se reveló que la agencia estadounidense antidrogas, la DEA, lo investigaba por narcotráfico. Tiempo antes, en 2014, en el Perú la Procuraduría de Lavado de Activos lo había denunciado por lavado.

Cuando le pidieron los libros contables para revisar sus ingresos, dijo que los había perdido al olvidarlos en un taxi. Protegido por el fujimorismo, la inmunidad que tenía como congresista bloqueó esa investigación. En 2017 esta pesquisa por lavado fue archivada, pero luego reabierta.

Al fin esta semana el caso retomó relevancia cuando la Fiscalía Especializada en Lavado incautó 295 propiedades de Ramírez, que incluyen lujosas residencias, edificios, oficinas, vehículos y aeronaves, con un valor de millones de dólares. La investigación fiscal incluye a catorce personas, entre ellas Keiko y un hermano de Joaquín Ramírez, Osías, que también fue congresista por el fujimorismo.

La organización encabezada por Joaquín Ramírez utilizó la Universidad Alas Peruanas, cuya administración fue controlada por un tío de Ramírez por dos décadas, para enriquecerse con operaciones ilícitas, que incluyeron contratos fraudulentos para servicios no realizados o sobrevalorados. Ahora las autoridades quieren profundizar la investigación de narcotráfico como una fuente de los millonarios ingresos ilícitos de Ramírez.

La Fiscalía afirma que Keiko, además de beneficiarse económicamente con los recursos ilícitos esta organización, participó directamente al menos en una triangulación en la compra y reventa de un terreno como parte de una operación de lavado.

La relación de Ramírez con Keiko es estrecha y viene de años atrás. Ramírez financiaba al fujimorismo y Keiko utilizaba su poder en el Congreso y su influencia en el sistema de Justicia para darle protección. Esa relación basada en el poder de su fortuna le permitió a Ramírez ascender rápidamente en la dirigencia fujimorista.

En 2011 fue elegido congresista, luego vocero de la bancada fujimorista. Fue parlamentario y secretario general de Fuerza Popular hasta 2016. A pesar que Ramírez había sido denunciado en 2014 por la Procuraduría de Lavado de Activos, Keiko lo nombró jefe de su campaña electoral para las elecciones de 2016. Para esa campaña, Keiko instaló su cuartel general en una vivienda en un exclusivo barrio residencial de Lima propiedad de Ramírez.

En el tramo final de la campaña de 2016 se difundió la declaración de un piloto de aviación peruano e informante de la DEA radicado en Estados Unidos, Jesús Vásquez, asegurando que Ramírez era investigado por esa agencia y que en un encuentro le había contado que había lavado 15 millones de dólares para Keiko utilizando su cadena de estaciones de servicio.

Por el escándalo, Ramírez renunció a la secretaria general de Fuerza Popular y se alejó del partido, al menos formalmente, en una operación de control de daños que no evitó la derrota electoral de Keiko. En enero de este año, Ramírez asumió como alcalde de la provincia de Cajamarca, cargo al que postuló por un movimiento independiente regional formado por él.

Tras unas primeras declaraciones de los ministros del Interior y de Justicia apoyando la investigación fiscal, Fuerza Popular sacó un comunicado exigiéndole a la presidenta Dina Boluarte que “instruya a sus ministros” que no opinen sobre las acusaciones contra Keiko y Ramírez.

Poco después de difundido ese comunicado, escrito en tono amenazante, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, se apresuró a declarar que nadie del gobierno hablaría del tema. “No nos vamos a referir a ningún caso que se esté investigando”, dijo para tranquilizar al fujimorismo, que hasta ahora ha apoyado en el Congreso la gestión de Boularte y Otárola.

No hay que olvidar que Otárola y otros ministros, y la propia presidenta, se explayaron en la prensa en el caso del depuesto presidente Pedro Castillo, declarando activamente sobre las investigaciones fiscales al ex mandatario constitucional. Pero ahora, cuando se investiga al fujimorismo, el gobierno opta por el silencio que el ha exigido Keiko. lo

Nuevamente Keiko y eal fujimorismo ha sido conectado con dinero sucio, operaciones ilícitas y oscuros personajes relacionados con el narcotráfico.

Mariana Álvarez Orellana: Antropóloga peruana, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2023/04/14/keiko-fujimori-adicta-a-la-corrupcion/