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Desde la explosión de los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y nexos directos con el crimen organizado, el Gobierno del Encuentro se encuentra en la retaguardia, intentando contener de una forma desesperada, la avasalladora y contundente realidad. Esta evidencia la inquebrantable alianza entre la clase burguesa -industriales, comerciantes, exportadores-importadores, élites financieras y especuladoras- y el crimen organizado. Durante décadas y desde el descubrimiento de yacimientos petroliferos, el crimen organizado ha utilizado al Ecuador como su lavadora de dinero, una especie de república bananera que sirviera como país de tránsito de narcóticos, personas y armas, a la vez que se invierten los recursos provenientes en el país y en paraísos fiscales, con la complicidad explícita de la clase política.

Frente a un inminente juicio político, que bien podría ser desarticulado por la misma Asamblea Nacional o la Corte Constitucional; y una abrumadora mayoría popular que rechaza a Lasso y su modelo caduco de gobierno, la burguesía en el poder continuará con la careta democrática, mientras esta le convenga. Lasso acaba de anunciar una inversión de lavado de imagen de USD 1 millón, para mejorar sus desastrosos índices de aprobación. En los próximos meses, las redes sociales, medios de comunicación y la opinión pública, se inundarán de productos comunicacionales destinados a desenmarcar a la imagen de Lasso con su socio directo de clase, los cárteles, extorsionadores, vacunadores y el crimen organizado en general. Mientras tanto, y a distancia del espectáculo burgués, tan solo el fin de semana pasado -entre el 10 y el 12 de marzo- se reportaron alrededor de 20 muertes violentas únicamente en la zona 8, misma que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

Es absolutamente posible que cuando el agua se le encuentre al cuello, y los mecanismos de la decadente democracia burguesa no le convengan al banquero presidente, volvería a la muerte cruzada como último recurso. Lasso buscaría instaurar un régimen autoritario, basado en malograr los derechos constitucionales, imponiendo su dictado por medio de la militarización de todo el territorio. En términos históricos, siempre que la burguesía se encuentra ante un fraccionamiento interno, invoca al autoritarismo y al espectro del fascismo, para perseverar como clase dominante dentro de los marcos del capitalismo.

Mientras el presidente se queda cada vez más solo, con los bloques legislativos de UNES, ID y PK abiertamente en su contra, la posibilidad del devenir en un franco y directo autoritarismo de Estado -con un poder único como el presidencial- se vuelve cada vez más plausible. Ante el anuncio del inicio del juicio político por el ala progresista de la burguesía a mediados de esta semana, el presidente se refugia tras la cortina de humo de su supuesto estado de salud: mientras se rompe el peroné, asiste a reuniones maratónicas de 8 horas y a viajes oficiales en los que aparece caminando sin mayor dificultad, y presume una infección viral la misma semana en la que podría ser llamado a declarar libremente frente a la Asamblea Nacional, o a juicio político.

El momento histórico al que nos enfrentamos es el neoliberalismo. Un momento de recrudecimiento de los mecanismos de exclusión y explotación del capitalismo, un estadio agudizado que extrema las posibilidades de continuación de la vida para el pueblo y la clase trabajadora.

El recrudecimiento de los mecanismos de exclusión y explotación se presenta como una transformación en la estructura del Estado, con una progresiva desinstitucionalización, que conlleva consigo graves atentados en contra de la calidad de vida de las personas. La sucesiva concesión y privatización de lo común, como la salud, educación, infraestructura, energía, agua y otros recursos, imposibilita o dificulta el acceso derechos elementales a la clase trabajadora. Es decir, el neoliberalismo profundiza la precarización de la vida, generando nuevos procesos de acumulación por desposesión.

En el caso del Ecuador, un proceso de restauración neoliberal se inició en el 2014, en el declive del precio del petróleo y el retorno al FMI, los TLCs y el nuevo boom de la minería a gran escala. Sin embargo, la restauración neoliberal tomó su carácter más franco con el paquetazo impuesto por Moreno a principios de octubre de 2019, que daría paso a la revuelta popular más relevante de las últimas décadas en el país. En 2021 Lasso inició su presidencia con una meta que no logró cumplir: una reforma legal total en materias de comunicación, tributaria, de inversiones y laboral. Una doctrina del shock ejecutada a medias le dificultó a Lasso la ejecución perfecta del libre mercado en el país y lo colocó en su posición actual.

Sin embargo sí logró facilitar la instauración del narcoestado, que ya acosaba al país desde hace décadas, permeando ahora hasta el centro del poder político, implicando directamente al ejecutivo. La influencia en el manejo político del país, la presencia en altas esferas de las comandancias tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, y el control territorial que ejerce el crimen organizado, denotan una cimentación del narcoestado en todas sus implicaciones para la vida del pueblo y la organización popular. La fascistización que esto genera, permite que el Estado agudice el discurso del enemigo interno y refuerce a sus aparatos represivos. La sacrosanta democracia burguesa se posiciona en una situación decadente, que peligra a vista y paciencia de sus propios partidarios.

El régimen del Estado de excepción (como en Octubre 2019 y Junio 2022) evidencia el fraccionamiento del bloque de poder burgués que sostiene su Estado, y por ende, la ideología dominante. El intento de instaurar un Estado de excepción permanente, por medio de facultar a las Fuerzas Armadas a asistir a la Policía Nacional al control interno, representa una máxima del mandato neoliberal.

Mientras la burguesía parece debilitarse a la externa e interna de su propia clase, la organización popular se fortalece. Precisamos construir la conciencia de clase para constituir los mecanismos de poder popular que nos permitan, de una vez por todas, superar al sistema de clases y sus lógicas demagógicas de forma definitiva. Las más de 10.000 personas que se autoconvocaron el pasado 8M en Quito, las continuas muestras de fortaleza organizativa comunitaria en contra del extractivismo y la tambaleante hegemonía ideológica de la burguesía en la opinión pública, reflejan una respuesta paulatinamente más organizada de los vastos sectores populares en contra del neoliberalismo.

REVISTA CRISIS