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Por primera vez en la historia, tres mujeres de distintas posiciones ideológicas son las favoritas para presidir Guatemala. Sin embargo, en estas elecciones parece tener más incidencia la justicia que el voto popular.

A poco menos de tres meses de realizarse las elecciones generales en Guatemala, las propuestas electorales aún son difusas, con las principales contendientes por la Presidencia de la República enfrentadas a procesos judiciales que, más que nunca, colocan en las mesas de los jueces y no en las urnas, la decisión sobre quien gobernará el país durante el próximo período, a iniciarse el 14 de enero de 2020.

Según los últimos sondeos1 uno de cada dos guatemaltecos considera que la situación económica y social ha empeorado con relación al año anterior, mientras otros cuatro de cada diez estiman que, lamentablemente, la situación sigue igual. Para el 24% de los entrevistados el principal problema es la falta de ocupación remunerada, el 21% estima que es la inseguridad y un 17% afirma que es la corrupción. Ante este panorama económico y social de desencanto, mas de veinte candidatos pretenden llegar a gobernar el país sin presentar soluciones al menos creíbles para satisfacer esas exigencias, especialmente en lo que se refiere a la desempleo y violencia social.

Son los indecisos, que superan el 33% en todos las las encuestas relativamente confiables, los que predominan hasta este momento, por lo que el panorama electoral aún es difuso, pudiendo configurarse plenamente hasta que los jueces y magistrados resuelvan, en definitiva, las acusaciones e impugnaciones que sobre las tres candidatas que mayor intensión de voto alcanzan en esos sondeos de opinión.

Curiosamente, y por primera vez en la historia del país, son tres mujeres las que acaparan las mayores simpatías electorales, ubicadas en tres posiciones bastante diferentes del espectro político ideológico, sin que ninguna de ellas pueda ser considerada de izquierdas.

Sandra Torres -quien ya participó en la elección anterior y obtuvo el 20% de los votos en el primer turno electoral- atrae el 17% de las intención de voto, según la encuesta antes citada. Durante la gestión presidencial de su ex marido Álvaro Colom (2008-2012), Torres se volcó al impulso de programas sociales para el combate de la pobreza consiguiendo, principalmente a causa de las transferencias condicionadas, que en el nivel primario se llegara a cubrir a más del 95% de los niños en edad escolar, reducir la pobreza extrema en 2% con relación a 2006 -cuando la padecía el 15% de la población total-, así como casi universalizar la atención primaria en salud para la población en situación de pobreza.

Torres intentó en 2011 suceder a su ya para entonces ex esposo, pero la fuerte presión ejercida por los grandes medios y la cúpula empresarial hizo que se le impidiera, bajo el supuesto de que el divorcio era un fraude de ley. Desde entonces ha venido siendo acusada de fraudes millonarios y corrupción, sin que ninguna denuncia halla sido formalizada ante tribunal competente.Inscrita para competir en esta contienda, al día siguiente de legalizada su candidatura por el Tribunal Supremo Electoral – TSE-, el Ministerio Público presentó una denuncia por supuesto financiamiento ilícito a su campaña presidencial de 2015.La acusación es poco consistente, pues el directamente implicado es quien en esa oportunidad fue su candidato a vicepresidente, prófugo actualmente, luego se ser acusado con pruebas sustantivas de tráfico influencias y corrupción.

Thelma Aldana, quien en los últimos cinco años fue jefa del Ministerio Público – MP -, instancia responsable de realizar las investigaciones judiciales que permiten acusar y condenar a los responsables de crímenes y delitos, aparece ya con 11% de las intensiones de voto. Nunca antes ha sido candidata a cargos de elección popular, habiendo ejercido desde 1981 en el organismo judicial, donde se desempeñó como miembro de la Corte Suprema de Justicia en el período de 2009 a 2014.

El entonces presidente Otto Pérez Molina la seleccionóen 2014 para suceder a Claudia Paz y Paz, quien se había destacado por impulsar, con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala – Cicig- los juicios y condenas contra militares por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Temeroso de que le incluyeran entre los acusados, descartó a Paz y Paz y optó por Aldana.

Sin embargo, la extensa y profunda corrupción que durante ese período de gobierno se hizo evidente, llevó a que Aldana, junto a la Cicig, denunciaran primero a la vicepresidenta Roxana Baldetti y luego al mismopresidente, quienes encarcelados desde 2015 han acumulado una serie de procesos en su contra, junto a un creciente número de grandes empresarios y ex militares. De la corrupción en las aduanas se llegó a los delitos de evasión y amaño fiscal, pasando por la extorsión y chantaje para el pago a grandes constructoras, las que, como la brasileña Odebrecht, optaron por financiar candidatos a cambio de futuras contrataciones millonarias. El financiamiento ilegal y de origen oscuro a campañas electorales quedó en evidencia, en un entramado de corrupción que casi no dejó a ningún gran empresario y grupo político incólume. El mismo presidente Jimmy Morales fue denunciado por delitos electorales, pero la solicitud de retiro de la inmunidad no fue aprobada por el Congreso de la República, salvándole de enfrentar a juez competente. Sin embargo, su hijo y hermano fueron encarcelados por fraude en un organismo del Estado, lo que enrareció a niveles extremos la relación del presidente con la Cicig y Thelma Aldana.

Esta persecución abierta a la corrupción, de la que públicamente se ofrecieron detalles y evidencias, hizo de Aldana un personaje respetado y admirado por importantes sectores de población, pero también un enemigo directo de todos los políticos y empresarios que denunciados o temerosos de serlo, cerraron filas, junto al presidente y sus ministros más próximos, no solo para impedir el trabajo de la Cicig y el MP en la denuncia y persecución de corruptos y corruptores, sino para expulsar del país al Comisionado Iván Velázquez y sus auxiliares, a la vez que impedir por cualquier medio la candidatura de Thelma Aldana quien, de serlo, tiene muchas posibilidades de llegar al segundo turno electoral.

La estrategia para impedir su candidatura ha sido realizar denuncias livianas e infundadas por la contratación de servicios y consultorías cuando jefa del MP. Estas denuncias, ya presentadas ante jueces de primera instancia, hacen que el TSE quede a espera de su resolución para ratificar su canditatura. La última de los acusaciones, débil y sin evidencias claras, curiosamente no solo fue aceptada por el juez, sino que de inmediato giró una orden de captura en su contra.

La tercera candidata mejor posicionada es Zury Ríos Sosa, con el 8% de intención de voto. Es hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien condenado en primera instancia por genocidio, falleció antes que se dictara sentencia en la repetición del juicio, en el que de manera clara se reiteró la opinión jurídica de que en Guatemala, durante su breve régimen de facto, sí hubo genocidio. Candidata en las pasadas elecciones, cuando obtuvo 6% del total de votos válidos, Ríos Sosa insiste en ser candidata, a pesar de que, en la Constitución de 1985, redactada por una Asamblea Legislativa absolutamente de derechas, se estableció con claridad que todo aquel que hubiese propiciado un golpe de Estado o sus hijos, no puede optar por la presidencia. El TSE le ha negado la inscripción, pero la Corte Suprema de Justicia le ha otorgado un amparo definitivo, el cual solo puede ser anulado por la Corte de Constitucionalidad, órgano juridiccional máximo que, como sucedió en la anterior elección, puede demorar tanto en emitir su fallo, que Ríos Sosa podría llegar a la fecha de la elección como candidata.

Mientras Thelma Aldana es postulada por una organización política nueva, integrada mayoritariamente por jóvenes sin experiencia ni tradición política, y surgida a partir de las movilizaciones sociales de 2015 contra la corrupción, Torres llega a estos comicios liderando unpartido con más de quince años de existencia y después de ocho de haber ejercido el poder en un país donde la “vida útil” de los partidos, luego de alcanzada la presidencia, no traspasa los cuatro años. Ríos Sosa, luego de representar en el Congreso al partido fundado por su padre durante varias legislaturas, ha optado por fundar la propia. Su partido es marcadamente conservador y defensor de los crímenes cometidos por los militares durante el conflicto armado interno.

Si Aldana, como ella misma lo afirma, se sitúa en una derecha democrática y progresista, Ríos Sosa es la más genuina representante de los grupos ultraconservadores que pretenden restablecer las formas corruptas de gobierno que impusieron los regímenes militares a partir de la década de 1970 hasta la firma de los Acuerdos de Paz. Torres y su partido, por su parte, han transitado de una clara y abierta posición socialdemócrata progresista, a una centroderecha sin mayores señales de compromiso con las demandas populares.

Si el pacto de impunidad, que se ha establecido entre empresarios y políticos para erradicar todos los logros obtenidos contra la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, tiene en Thelma Aldana a su principal y, posiblemente, único enemigo, Rios Sosa contaría con todo el apoyo financiero, mediático y político para hacerla presidenta en un eventual segundo turno. Dudarían, pero no tendrían alternativa, si la contrincante de Aldana fuese Torres, quien posiblemente solo tiene chances de ganar el segundo turno si la disputa es contra Aldana.

Sin embargo, y lamentablemente, en los tres casos su futuro electoral no está, en principio, en manos de los electores, sino en las de los jueces y magistrados que, hasta el momento, no se han mostrado coherentes y consistentes en el cumplimiento de las normas constitucionales, ni al margen del proceso.

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