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La relación tirante con la fiscal general Consuelo Porras y una delicada situación del oficialismo en el Congreso caracterizan los primeros días de su gobierno.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo en su discurso de asunción del pasado 15 de enero que le tocarán «años marcados por obstáculos» y que deberá adoptar «decisiones difíciles». Arévalo cortó con 75 años de gobiernos de derecha en el país centroamericano y a casi un mes de su asunción existen grandes expectativas sobre su administración, entre promesas de enfrentar a la corrupción y reducir a una pobreza que hoy orilla el 60 por ciento.

El gobierno mantiene una relación tirante con la fiscal general Consuelo Porras, que hizo todo lo posible por evitar la asunción del presidente, y una delicada situación en el Congreso, donde el oficialista Movimiento Semilla no puede constituirse como bloque legislativo, por lo que la fuerza no podrá ocupar cargos en la mesa directiva ni en las comisiones. Diferentes actores internacionales como el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea respaldaron a Arévalo con sanciones a los actores que intentaron oponerse al traspaso de mando. Estados Unidos puso a Porras en su lista negra y le impidió la entrada a ese país por «hechos significativos de corrupción.»

Luis Fernando Mack, doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)- México, aseguró que «los primeros días del gobierno de Arévalo han estado marcados más por sombras y amenazas que por aciertos o logros». En diálogo con Página/12 Mack sostuvo: «Arévalo encuentra un sistema judicial que sigue amenazando sus pasos, ya que en sucesivas sentencias de la Corte de Constitucionalidad se ha validado la suspensión del Movimiento Semilla, así como ha tenido que convivir forzosamente con el Ministerio Público que sigue actuando como una permanente espada de Damocles que amenaza al gobierno».

Gabriela Carrera, politóloga de la Universidad Rafael Landívar, sostuvo por su parte: «Con los primeros días de gobierno de Arévalo se comprueba esa premisa de la defensa de la democracia como un espacio para vivir. Creo que el electorado sigue siendo muy afín a lo que el presidente promueve». Para Carrera es importante considerar que «hay un desafío de recuperación y hasta de reconstrucción de un estado tremendamente enflaquecido por la corrupción».

Arévalo ante una «amenaza permanente»

El presidente Arévalo y la fiscal Porras se citaron mutuamente en las primeras semanas del nuevo gobierno, luego de que la jefa del Ministerio Público intentara evitar el cambio de mando con una serie de acciones judiciales en su contra. Edgar Ortiz, abogado de la Universidad Francisco Marroquín, recordó a este diario que Arévalo dijo en su momento que iba a pedir la renuncia de Porras, a quien Estados Unidos ubicó en 2021 en una lista de «actores corruptos».

«En Guatemala el fiscal general es prácticamente inamovible. La única causal por la que un presidente puede remover a un fiscal es porque se ha condenado en juicio y eso toma mucho tiempo. A la fiscal general actual le queda hasta 2026 en el cargo. Entonces él reculó con la renuncia, ya no la pidió públicamente», sostuvo Ortiz, quien agregó: «El hecho de que haya acordado trabajar con una fiscalía, con una entidad que los atacó y que atacó la democracia, no deja de ser un trago amargo para la administración», sostuvo Ortiz.

Mack coincide con Ortiz en ese punto: «Muchos guatemaltecos no conciben la colaboración que el gobierno pueda establecer con una funcionaria que amenazó abiertamente la transición y que se ha convertido en la auténtica bestia negra de la democracia guatemalteca, jugando un papel antagónico de la figura de Arévalo y siendo la responsable de la persecución en contra de numerosos jueces, periodistas y defensores de derechos humanos».

Para Mack «las fotografías de un sonriente Francisco Jiménez (ministro de Gobernación) abrazando cordialmente a Consuelo Porras se han leído como una capitulación del gobierno frente a la amenaza golpista, haciendo que muchos piensen que se ha roto la primera promesa presidencial: la de procurar la renuncia o destitución de la jefa del Ministerio Público. Está por verse cuál será la estrategia del nuevo gobierno para sortear o neutralizar esta amenaza permanente».

Un gabinete paritario y grandes desafíos

Desde la capital de Guatemala, Arévalo presentó un gabinete de siete hombres y siete mujeres «que dieron un paso al frente para trabajar contigo y por ti, en el primer gabinete paritario en la historia». La pesada herencia que recibe Arévalo se percibe sobre todo en materia de salud y educación, en la elevada informalidad laboral y en una pobreza que supera el 60 por ciento y la convierte en uno de los índices más altos de América latina.

Mack explicó que entre las prioridades del gobierno «Arévalo debe empezar a desmontar las redes de corrupción que siguen incrustadas en el aparato estatal, empezando por los sindicatos rapaces que han aprovechado su poder de veto para negociar prebendas y privilegios». Mirando el vaso medio lleno, Carrera destacó «un gesto histórico que es el presidente haciendo un acuerdo de diálogo con algunas organizaciones campesinas en miras de poder responder adecuadamente a la conflictividad social instalada en algunos territorios en el país».

En materia de seguridad el ministro del Interior, Francisco Jiménez, descartó declarar estados de excepción o una «guerra» contra las pandillas como la del reelecto presidente Nayib Bukele en El Salvador. «El problema es que con una estrategia parecida a la utilización de una red de pesca cuando quieren pescar atún, terminan pescando un montón de cosas más», aseguró Jiménez, para quien esa lógica «significa partir de un concepto y es que todos los jóvenes son potencialmente criminales».

La suspensión de Semilla

El jueves pasado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó la suspensión del Movimiento Semilla, lo que deja como independientes a 23 diputados de la agrupación oficialista. El hecho de que Semilla no tenga bancada propia, explicó Mack, «le impide tener cualquier posición de poder en el legislativo, por lo que dependerá de sus aliados para hacer avanzar la agenda de cambio, algo que nadie cree que durará mucho».

Ortiz explicó que «si no logra recuperar su estatus de partido, Semilla no va a poder presidir comisiones importantes como por ejemplo la de Finanzas que dictamina sobre el presupuesto nacional». Para el profesor universitario «tendrá que sacar mucho provecho Semilla de este primer año de gobierno, porque en estos momentos tienen una alianza en el Congreso, pero esa alianza puede desmoronarse con el paso de los meses».

El juez penal Fredy Orellana decidió sancionar al partido el año pasado por supuestas anomalías en el proceso de creación de la agrupación en 2018. El intento de cancelación de Semilla fue parte de las medidas que la Fiscalía adoptó para intentar frenar la investidura del actual presidente, quien llegó al poder el pasado 14 de enero después de un sorpresivo triunfo en los comicios de 2023.

Durante el proceso de transición Arévalo acusó directamente a Porras de intentar un «golpe de Estado» en su contra, junto a otros «actores corruptos» como el juez Orellana. En ese sentido Carrera alertó a Página/12 que «es importante saber, considerando las enseñanzas de los años anteriores, que en Guatemala no podemos dar por sentado que no haya una contraofensiva del pacto de corrupción», tal como se conoce en el país centroamericano a un acuerdo espurio entre sectores políticos, económicos y del poder judicial que se aceitó durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

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