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Tras varias semanas, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó el «Compromiso transversal por la seguridad», que pone el foco en la prevención de delitos y el cuidado de las víctimas; control, persecución y sanción; e institucionalidad y policías. El Ejecutivo suscribió el acuerdo sin las firmas de los partidos de oposición, quienes se retiraron de la mesa de seguridad tras los 13 indultos otorgados por el Mandatario. A raíz de esto, el Gobierno indicó que «los legítimos debates de la democracia no pueden traducirse en postergar decisiones urgentes que el país debe tomar, ni derivar en un clima de confrontación y recriminaciones que impida avanzar con respuestas serias y fundadas en la evidencia, para prevenir la delincuencia, enfrentarla con decisión y revertir el clima de inseguridad que nos afecta». «Por ello, superando diferencias, impulsaremos un conjunto de iniciativas legales y de política pública que significarán un salto relevante en las capacidades del país en la materia. El Gobierno de Chile se compromete con esta agenda e invita a los diversos actores a enriquecerla y suscribirla», complementó.

Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó la «hoja de ruta» con una serie de medidas que emanaron desde el acuerdo de seguridad suscrito por los partidos sin el apoyo de Chile Vamos, quien se retiró de las conversaciones luego de los 13 indultos otorgados por el Mandatario.

El documento presentado por el Ejecutivo para combatir la situación actual de seguridad en el país, llamado «Compromiso trasversal por la seguridad», pone el foco en la prevención de delitos y el cuidado de las víctimas; control, persecución y sanción; e institucionalidad y policías.

«El Gobierno de Chile ha trabajado con las fuerzas políticas, sus parlamentarios, las asociaciones de municipalidades y de gobernadores regionales en la elaboración de una agenda de medidas en seguridad para responder a esta sentida prioridad ciudadana», sostuvo La Moneda a través de un comunicado.

Por otro lado, el Ejecutivo envió un recado a los distintos partidos de oposición que no estuvieron por reintegrar las conversaciones de la mesa de seguridad. Esto, luego de los indultos otorgados por el Presidente Boric a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

«Los legítimos debates de la democracia no pueden traducirse en postergar decisiones urgentes que el país debe tomar, ni derivar en un clima de confrontación y recriminaciones que impida avanzar con respuestas serias y fundadas en la evidencia, para prevenir la delincuencia, enfrentarla con decisión y revertir el clima de inseguridad que nos afecta», indicó el Ejecutivo.

«Por ello, superando diferencias, impulsaremos un conjunto de iniciativas legales y de política pública que significarán un salto relevante en las capacidades del país en la materia. El Gobierno de Chile se compromete con esta agenda e invita a los diversos actores a enriquecerla y suscribirla», complementó.

Prevención del delito y cuidado de víctimas
Esta parte del Compromiso transversal por la seguridad pone énfasis en niños, niñas y adolescentes, cuya circunstancia de vida «puede derivar en una carrera delictual».

«La deserción y el fracaso escolar, el contexto de maltrato y violencia familiar, la ausencia de liderazgos positivos, la falta de alternativas sanas para el tiempo libre y la falta de oportunidades son gatillantes de esos procesos», apuntaron desde el Ejecutivo.

Para evitar esto, extenderá el «Programa Lazos» a 95 comunas (abarcaba 56) durante los próximos tres años. «Este programa está evaluada como la mejor política pública en materia de prevención con niños, niñas y adolescentes», exponen.

«Se avanzará hacia una función compartida entre los tres niveles de Gobierno asegurando su consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos establecidos desde el Ministerio del Interior y, a futuro, desde el Ministerio de Seguridad», detallaron.

Asimismo, el acuerdo contempla un trabajo en la recuperación de espacios públicos, reconocimiento, prevención y respuesta a la violencia intrafamiliar, y una indicación al proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas.

Control
En cuanto al control, el acuerdo contempla un aumento de la pena para personas que sean sorprendidas portando armas sin los permisos correspondientes. «Poner suma urgencia durante marzo de 2023 al proyecto de ley presentado», sostiene el Gobierno.

Asimismo, se buscará mejorar el control y la fiscalización de armas de fuego y municiones a través del aumento de la cobertura e incorporación de «modelos de riesgo que permitan focalizar los recursos en la fiscalización de grupos y territorios más vulnerables al desvío de armas».

En cuanto al control fronterizo, se habilitará el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas, con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje. Se espera que el Ejecutivo presente el proyecto en junio de 2023.

Sobre la infraestructura crítica, se dictará, en febrero de 2023, un decreto que regulará las atribuciones de las Fuerzas Armadas para el resguardo de zonas fronterizas, «de esta manera las FF.AA. podrán realizar controles de identidad, registro a personas y detención con el único fin de poner a disposición de las policías».

Para el tráfico y trata de personas, presentarán un proyecto de ley que brinde mejores herramientas para la persecución de este tipo de delitos, como el ingreso de una «Ley Anti-Coyotes» para extender la detención de sospechosos mediante diversas vías cuando existen casos de trata de personas.

Persecución y sanción de delitos

En cuanto a la persecución y sanción de delitos, el Gobierno explicó que continuarán impulsando el proyecto de crimen organizado que se encuentra en el Senado. Además, presentará en 2023 un proyecto de ley complementario que permita levantar el secreto bancario cuando existe sospecha de este tipo de delitos. En cuanto a la ocupación ilegal de inmuebles y predios, se presentará una iniciativa que facilita la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales.

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