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Gabriel Boric

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El pasado 11 de marzo, se cumplió el primer año de nuestro Gobierno. Un Ejecutivo de una coalición plural, que reúne distintas trayectorias políticas, y que fue apoyado por un 55,8% del electorado en segunda vuelta, en los comicios presidenciales con mayor número de votantes en nuestra historia. Hoy, a un año de gobierno, reafirmamos nuestro compromiso: el de cumplir el mandato popular de construir un Chile justo, seguro, y solidario.

Asumimos el Gobierno con un país fracturado socialmente y desconfiado de las instituciones representativas, cuyo máximo síntoma reciente fue el estallido social de 2019. Y heredamos una sociedad convaleciente por dos años de pandemia, con todas sus secuelas: vulnerabilidad económica, precarización de la vida y efectos negativos sobre la salud mental de la población.

Asimismo, vivimos hoy en una sociedad más impaciente, que exige cambios con rapidez, que no está dispuesta a ajustarse siempre a los tiempos y parsimonias de la política, y es a esta nueva sociedad a la cual tenemos que responder. Los ciudadanos y las ciudadanas demandan transformaciones, pero también, que estas se hagan dando certezas y reduciendo incertidumbres.

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El norte hacia el cual camina nuestro Gobierno es aquel que respaldó el pueblo chileno mediante voto popular, sentar las bases de un Estado del bienestar, haciéndonos cargo de las inseguridades económicas, sociales e individuales que enfrentan las personas en su vida cotidiana, aquí y ahora.

En nuestro país, el proceso constitucional para cambiar la Constitución de Augusto Pinochet sigue en pie. El próximo 7 de mayo se elegirán íntegramente y de manera democrática los 50 convencionales constitucionales responsables, en último término, de redactar el nuevo texto constitucional. Y hoy un grupo de expertos nombrado por el Congreso trabaja en un anteproyecto constitucional, pero serán, en definitiva, las y los chilenos los que tendrán la última palabra mediante un plebiscito de salida.

Varios temas cruzan el debate constitucional, pero uno que tiene especial centralidad dice relación con establecer un Estado democrático y social de derecho, que deje atrás el Estado mínimo y subsidiario que nos ha regido hasta ahora, y que ha significado precariedad y abandono de importantes sectores de nuestra sociedad.

En esa misma dirección, nuestro programa de gobierno se ha propuesto avanzar construyendo un sistema de Seguridad Social que supere el fracasado modelo de capitalización individual (AFP) y aumente las pensiones significativamente; reconozca la salud como un derecho social garantizado por el Estado; y avance en la creación de un sistema de cuidados que reconozca y contribuya con recursos públicos a esta tarea invisibilizada, generalmente realizada por mujeres de manera no remunerada. Chile, además, necesita avanzar hacia un nuevo pacto social y tributario, que otorgue esa base de justicia y de solidaridad recíproca que permita a todos y todas sentirse partes de una misma comunidad.

Estos cambios de fondo, estructurales, deben ser acompañados de una gestión rápida y eficiente de las urgencias cotidianas de las personas. Por eso mi Gobierno ha puesto un especial esfuerzo en combatir la inflación, y hemos comenzado a doblegarla. Se ha aprobado recientemente una ley contra el crimen organizado para hacernos cargo de una acción delictiva más compleja y violenta. Impulsamos un plan especial de recuperación de espacios públicos, devolviendo los barrios y las ciudades a sus habitantes. Que las personas vivan y se sientan seguras nos parece un derecho habilitante para el ejercicio de otras libertades.

Miro con optimismo el futuro de Chile. Pronto daremos a conocer una política nacional del litio que significa que el Estado asumirá un rol preponderante en la exploración y explotación de este recurso minero no metálico, en colaboración con el sector privado Esta política es la continuación de una larga tradición minera en el país, la que partió con el salitre, migró al cobre y que hoy será acompañada por el litio. Tenemos la segunda reserva de litio más grande del mundo y nuestra tarea es convertirnos en el mediano plazo en el más grande productor de litio a escala planetaria.

Para el mundo, nuestro Gobierno representa la irrupción de una nueva generación. Muchos venimos de las luchas sociales. De nuevas fuerzas políticas que hoy se articulan con otras históricas. Lo nuestro no es una querella generacional, pues nos reconocemos en una larga historia que dieron generaciones anteriores por hacer de Chile una sociedad mejor, más justa y democrática. Somos una izquierda nueva, pero con raíces en la historia de Chile.

Este año en Chile se conmemoran 50 años del golpe militar de 1973. Hemos definido tres conceptos que guiarán este año de conmemoración: Memoria, Democracia y Futuro. Quiero mirar al futuro, pero hacerlo con memoria, aprendiendo del pasado. Quiero que Chile se reencuentre en una condena unánime y transversal a las violaciones a los derechos humanos. Ninguna diferencia política explica ni justifica pasar sobre los derechos y la dignidad de los demás. Este año, tenemos el deber de ratificar un compromiso: el límite de la acción política radica en el respeto a los derechos humanos.

América Latina se mueve hoy en la dirección de Gobiernos transformadores. Las condiciones para construir integración económica y política nuevamente nos dan una oportunidad que no podemos desaprovechar. Podemos dotar de una voz propia a Latinoamérica en el mundo en favor de la paz y de una globalización justa que respete nuestra soberanía.

Pero hoy en América Latina y en el mundo también acechan fuerzas de la intolerancia y del odio. En tiempos de crisis, históricamente ha surgido el populismo y el fascismo como alternativa. Fuerzas que relativizan la democracia, los derechos sociales, los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, al acervo cultural de nuestros pueblos originarios. Suelen vestirse con falaces ropajes de nacionalismo y patriotismo. La unidad en torno a mínimos democráticos y civilizatorios que permita frenar el avance de estas fuerzas es una tarea de primera importancia en el mundo y en nuestro continente, y debería convocar y unir a todos los demócratas más allá de derechas e izquierdas.

Chile no era ni es un oasis, como decían algunos en mi país unos días antes del estallido social de 2019. Nos cruzan nuevas y viejas injusticias que vamos a mirar de frente como Gobierno. Pero Chile también es un país sólido, que aborda los problemas y diferencias institucionalmente, con diálogo, con respeto al Estado de derecho, con más democracia y no con menos.

Hemos recorrido una parte pequeña de nuestro viaje. Nos quedan tres años por delante. Derrotar las inseguridades cotidianas, sentar los pilares de un Estado del bienestar, recuperar un crecimiento económico inclusivo, fortalecer nuestra democracia y una cultura de los derechos humanos son los grandes desafíos que tenemos por delante. Tras la conquista de ese horizonte, de ese mejor futuro para Chile, depositaré toda la energía y esfuerzo sin descanso.

Gabriel Boric Font es presidente de Chile.

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