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El colectivo feminista Manuela Ramos, fundado en 1978, reclamó a los candidatos presidenciales peruanos más derechos para las mujeres, de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 10 de abril en el país andino.

La directora del programa de Democracia de la organización feminista Manuela Ramos, Lisbeth Guillén, citó a Efe temas «necesarios» en el debate político como la despenalización del aborto en casos de violación y la subvención estatal del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) o píldora del día después.

Según explicó Guillén, «unos partidos más que otros tienen propuestas para la mujer como Frente Amplio, de Verónika Mendoza o Peruanos por el Kambio, de Pedro Pablo Kuczynski».

Sobre la despenalización del aborto en casos de violación, Guillén dijo que han «avanzado a nivel de opinión ciudadana y esa es la ganancia, porque hay una opinión favorable, con el 54 % de la población a favor de esta medida».

No obstante, lamentó que «muy pocos partidos, solo Frente Amplio y Acción Popular, han hablado de esta cuestión», que valió el veto del arzobispo de la ciudad de Arequipa (sur de Perú), Javier del Río, quien pidió a sus feligreses no votar por Alfredo Barnechea (Acción Popular) ni por Mendoza porque sería «un pecado».

Guillén criticó esta implicación de la Iglesia en la contienda electoral y dijo que son «totalmente críticas a la intervención de la Iglesia» y trabajan «por un Estado laico».

El Código Civil peruano considera el aborto «un delito contra la vida, el cuerpo y la salud», y solo lo despenaliza en el caso de que la vida de la madre esté en peligro y tenga menos de 22 semanas de gestación.

La especialista también habló del acceso a la anticoncepción oral de emergencia, un tema «muy poco abordado» ya que «se prohíbe la distribución gratuita por parte del Estado».

En Perú, el acceso a anticonceptivos es limitado y continúa prohibida la distribución gratuita de tratamientos de urgencia, incluso en los casos de abuso sexual.

En noviembre de 2015, la comisión de Constitución del Congreso peruano rechazó un anteproyecto de ley para legalizar el aborto para las víctimas de violación.

Guillén también habló de las esterilizaciones forzadas que se hicieron durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y que han estado presentes en el debate político.

«Las esterilizaciones forzadas también marcan posiciones encontradas en el debate político y paradójicamente fue Keiko Fujimori (hija del Alberto Fujimori) la única candidata que, tras el debate del domingo, puso el tema en la mesa», explicó.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se comprometió en el debate electoral del pasado 3 de abril, donde participó junto a otros nueve candidatos, a «reparar a las víctimas de la violencia, así como a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva».

Más de 200.000 mujeres fueron esterilizadas en la década de 1990, muchas de ellas sin su consentimiento, en el marco de un programa de planificación familiar, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

En 2015 el Ministerio Público peruano amplió la investigación sobre más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas presuntamente esterilizadas a la fuerza y el Gobierno emitió un decreto que establecía un registro de víctimas de esa práctica, como primer paso para garantizar el derecho a la justicia y a reparación adecuada.

El próximo 10 de abril, casi 23 millones de peruanos elegirán al presidente y dos vicepresidentes para el periodo 2016-2021, así como a 130 congresistas y cinco representantes para el Parlamento Andino.

EFE