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Las mujeres campesinas de América Latina y el Caribe sufren múltiples formas de violencia, entre ellas por parte de las instituciones del Estado, al ignorarles como sujeto de derecho, dijo hoy a Efe Emma Siliprandi, experta de la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Siliprandi participó esta semana en Asunción del primer congreso internacional de comercio justo y soberanía alimentaria, organizado por la Universidad Nacional de Asunción y la española Universidad de Córdoba, y que cuenta con apoyo de FAO y de ONU Mujeres.

La experta, coordinadora de un proyecto de apoyo a políticas de seguridad alimentaria de la FAO en América Latina y el Caribe, explicó que en ocasiones las instituciones públicas no reconocen a las mujeres campesinas como sujetas de derechos y dueñas de sus propias vidas, lo que supone una forma de “violencia estatal”.

“Es necesario que los Estados otorguen a las mujeres rurales la posibilidad de tener tierras a su nombre, que dirijan a ellas los programas de asistencia técnica, que les concedan a ellas la financiación y les ofrezcan sus propios canales de comercialización de productos”, expuso Siliprandi. Según dijo, las mujeres campesinas tienen menor acceso a tierras y apoyo para la producción agrícola, por lo que son “las más pobres entre los pobres”.

Se convierten además en víctimas de la subalimentación, así como de la obesidad y el sobrepeso, la otra cara de la malnutrición en la región, que evidencia su falta de acceso a alimentos de calidad como frutas y verduras. Siliprandi manifestó que es necesario que las campesinas sean vistas como “emprendedoras agrícolas”, y no simplemente como las esposas de los productores. Argumentó que las mujeres, por los roles de género tradicionales que se les asignan en la sociedad, son expertas en las tareas de alimentación y salud, como la preparación de alimentos o el cuidado de las personas enfermas.

Esto hace que sepan cómo trabajar la tierra para producir los alimentos necesarios para sostener a sus familias, y que lo hagan de una manera más sostenible, porque son conscientes de los riesgos que implica para la salud el uso de químicos agrícolas.

“Las mujeres cuidan a los enfermos y tienen mucha más conciencia de cómo están relacionados el uso de químicos con los problemas de salud, por lo que son más reacias a utilizarlos. En cambio, los varones buscan el beneficio económico inmediato, están más preocupados por aumentar su productividad”, dijo Siliprandi. Agregó que las mujeres rurales “piensan más hacia el futuro”, y se resisten a modelos productivos “que pretenden mejoras pero ponen en riesgo la supervivencia de la familia y de todo el campesinado”.

Además, al haber estado excluidas durante mucho tiempo de los sistemas agrícolas comerciales, conservan las semillas nativas y son depositarias de los saberes tradicionales que permiten lograr cultivos más sostenibles. Al margen de la violencia institucional y la marginación de los sistemas productivos, Siliprandi insistió en la necesidad de proteger a las mujeres rurales contra la violencia machista en sus hogares, que en las áreas rurales queda más escondida debido a que las mujeres están aisladas unas de otras.

Las campesinas padecen además violencia económica, ya que se ven privadas del acceso a dinero, a diferencia de las mujeres que viven en las ciudades y pueden disponer de ingresos propios gracias a sus empleos en el sector informal, y gozar así de mayor autonomía con respecto a los hombres.

“La violencia contra las mujeres genera una pérdida de capital humano (…). Es hora de que los Estados dejen de reforzar la imagen de la mujer como un adorno, con un papel subalterno, y empiecen a asumirla como protagonista”, concluyó Siliprandi.

EFE