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A días de que Chile conmemore el 50 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, el presidente, Gabriel Boric, firmó un decreto para oficializar el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante el régimen militar.

«Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra», afirmó el mandatario chileno durante una ceremonia en La Moneda, en la que estuvo rodeado de políticos, activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas.

«Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada», señaló, visiblemente emocionado.

Diversas comisiones oficiales han estimado que en Chile hubo más de 3.200 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante el periodo que gobernó Pinochet, entre 1973 y 1990.

El lanzamiento del plan se realizó durante un acto para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada el 30 de agosto.

En qué consiste el Plan Nacional de Búsqueda
El objetivo del plan es «esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero».

Esta búsqueda -se afirma en su sitio oficial en internet- se hará «de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales».

A través de un comunicado, el gobierno chileno detalló que, además de intentar rastrear a las víctimas, el «Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia» -su nombre completo- beneficiará a sus familiares.

Por un lado, garantizándoles «el acceso a la información y participación» en los procesos de búsqueda de víctimas.

Pero también implementando «medidas de reparación» y ofreciendo «garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada».

«El plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales», aclaró el gobierno.

También señaló que plan tendrá «una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno».

BBC