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Gabriel Boric planea un Estado más potente que se financiará con reformas fiscales que prometen elevar un 5% los ingresos

La lista de la compra del presidente electo de Chile es cualquier cosa menos modesta. Mejorar la salud pública, reformar un sistema educativo que agobia a los licenciados con deudas interminables y devolverle la dignidad a una mayoría de jubilados que en el actual sistema privado de pensiones reciben mensualidades por debajo del salario mínimo, son solo algunas de las amplias demandas sociales que llevaron al progresista Gabriel Boric a la victoria en la segunda vuelta de las presidenciales el pasado 19 de diciembre.

Para hacerlo un poco más complejo, todo eso hay que lograrlo tras un déficit fiscal que en 2020 se disparó hasta el 7,14% del PIB debido a la pandemia, y en un contexto generalizado de inflación que ha hecho pensar en subidas de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, con las dificultades que eso genera en el acceso al capital de las economías emergentes.

Según Stephany Griffith-Jones, profesora en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex y miembro del consejo académico que asesoró a Boric durante la campaña, los objetivos son realizables porque son graduales y porque se van a financiar con reformas fiscales que, al fin del mandato de cuatro años, deberían haber elevado los ingresos tributarios en un 5% del PIB.

Ordenadas por su potencial recaudatorio, esas reformas son: luchar contra la evasión y la elusión impositiva (según el equipo de Boric, representa un 7% del PIB, dos veces el promedio de los países de la OCDE), introducir un impuesto a la riqueza (equivalente al impuesto al patrimonio español), aumentar el royalty que se cobra a los grandes proyectos mineros del cobre, eliminar exenciones tributarias y modificar el impuesto de la renta.

“Algunas de las medidas no requieren de muchos recursos, como por ejemplo terminar con la deuda estudiantil, que representa alrededor del 0,1% del PIB”, explica la economista chilena ­Griffith-Jones. “Otras medidas, como lograr un acceso universal a la salud o mejorar las pensiones de los sectores más modestos, requieren recursos importantes y por ello deben ser financiadas con impuestos; como el presidente electo ha destacado, para aumentar gastos permanentes, hay que financiar con ingresos permanentes”.

El problema es que Chile, como el resto del mundo, viene de casi dos años de pandemia que han vaciado las arcas públicas. Para el académico chileno de la Universidad de Cambridge Gabriel Palma, la situación de equilibrios fiscales es complicada, “y si la balanza de pagos se está salvando es gracias al elevado precio del cobre”, la principal exportación del país. “El cobre tiene dos buenas noticias”, dice Palma. “Una de ellas es que cada día se demanda más por la renovación energética; y la otra, que también crece su uso como activo financiero, los mercados están faltos de activos sólidos y entre las commodities el cobre es uno de los favoritos”.

Además del déficit fiscal, la inflación es otra variable que podría poner piedras en el camino del próximo Gobierno. Alimentado por las transferencias del sector público para estimular la demanda en tiempos de pandemia, el IPC creció en torno al 7% el año pasado. En reacción, el Banco Central de Chile (BCCh) subió en diciembre su tipo de referencia en 125 puntos básicos (1,25%), hasta un 4%. En palabras de Diego Saravia Tamayo, exdirector de investigaciones económicas en el BCCh y actual presidente de la consultora Proficio Investment en Buenos Aires, se trata de un cambio notable. “Cuando yo estaba en el Banco Central, las subidas de la tasa eran de 25 puntos básicos, o de 50 como mucho, pero acá la han subido 125 puntos de golpe”. Una política monetaria contractiva que actuará como un freno sobre la economía. Según las estimaciones del propio BCCh, el crecimiento del PIB chileno oscilará entre el 1,5% y el 2,5% para 2022; y entre 0% y 1% para el año siguiente.

Pero tal vez el político sea el principal desafío que enfrenta el próximo Gobierno para llevar a buen puerto unas reformas que, a juzgar por los estallidos sociales de octubre de 2019, no pueden postergarse mucho más. En el Senado, que en el sistema legislativo chileno es esencial para aprobar las reformas, el partido del presidente (Apruebo Dignidad) y las dos formaciones aliadas en el espectro de la izquierda suman 25 de los 50 escaños. Para aprobar las reformas tributarias, no sólo tendrán que asegurar la disciplina de sus socios sino convencer a representantes de la derecha.

“No hay poca gente en la centroderecha de Chile que crea que el país debe aumentar su recaudación tributaria”, dice Nicolás Grau, profesor de Economía de la Universidad de Chile y miembro del equipo programático de Boric. Los datos de la OCDE para 2019 confirman que la presión tributaria es excepcionalmente baja para una economía con su nivel de desarrollo. Representa solo un 20,9% del PIB, por debajo del 34,7% que se calcula para España en el mismo año y del 28,6% en Argentina. Pero donde más se nota el experimento neoliberal de Chile es en la reducida importancia del gasto en Seguridad Social. Según la ­OCDE, mientras en España ascendía a un 12,3% del PIB y en Argentina a un 5,7%; en Chile oscilaba en torno al 1,5%, un nivel similar al de países mucho más atrasados económicamente, como Costa de Marfil.

Según Grau, que subraya la necesidad de un enfoque gradual con hitos marcados que evite los desequilibrios macroeconómicos y la frustración de la ciudadanía, en Chile hay espacio político para encontrar un punto en común sobre la presión impositiva. “El candidato de centroderecha proponía un aumento del gasto del Gobierno en torno a tres puntos del PIB”, dice. “Él y nosotros tenemos diferencias en los instrumentos, y nosotros también consideramos importante que los impuestos sirvan para corregir ciertas desigualdades, pero yo no diría que estamos a distancias insoslayables que hagan inviables estas políticas”.

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