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El proyecto de ley que abarata despidos y permite jornadas de hasta 12 horas diarias pasa a la Cámara de Diputados de Argentina para su aprobación definitiva

Enfrentamiento durante la manifestación contra la reforma laboral, en Buenos Aires, este miércoles. Juan Ignacio Roncoroni (EFE)

El Gobierno de Javier Milei logró este jueves su primera victoria legislativa de 2026. El Senado argentino dio media sanción al proyecto oficialista en medio de tensas protestas en las calles, que se saldaron con al menos 15 heridos y una treintena de detenidos. Por 42 a favor y 30 en contra, los legisladores de la Cámara Alta aprobaron una iniciativa que busca enterrar el régimen de trabajo que rige, con modificaciones, desde 1974. El Ejecutivo ultra defendió la necesidad de cambios que frenen los litigios laborales y la informalidad laboral, que hoy está en una cifra récord del 43%. La oposición, en cambio, criticó que el proyecto beneficia más que a nadie a las grandes empresas y precariza las condiciones de los trabajadores argentinos. Tras recibir luz verde en el Senado, la reforma laboral pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.

El Gobierno de ultraderecha celebró el resultado de la votación tras una sesión que se prolongó durante más de 14 horas, hasta la madrugada. La Libertad Avanza, el partido de Milei, logró sacar adelante la media sanción con el apoyo del conservador Pro – habitual aliado del oficialismo- , la centrista Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales de distinto signo.

La jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la legislación laboral de Argentina está «obsoleta» porque está pensada para regular el mercado laboral que existía hace medio siglo, muy distinto al actual. «¿Puede un país durante 15 años no crear nuevos puestos de trabajo?», cuestionó Bullrich tras defender la propuesta oficialista: «Esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, un país de futuro».

Entre los cambios contemplados en el proyecto está el abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y el alivio de las cargas de las empresas con la reducción de aportes y la creación de un fondo para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones.

Ese fondo es uno de los puntos más criticados por la oposición. «El FAL (fondo de asistencia laboral) es un escándalo», denunció el senador peronista Mariano Recalde durante su intervención en el debate. Se trata de un sistema de capitalización obligatoria que las empresas financiarán con aportes de entre el 1% y el 2,5% – según su tamaño- de los salarios que hasta ahora destinaban a la Agencia nacional de seguridad social (Anses). «Pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la Anses y los jubilados porque se desfinancia, la plata va a estas administradoras privadas que la van a timbear y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora», continuó Recalde. Según estimaciones oficiales, ese fondo podría inyectar cerca de 4.000 millones de dólares anuales al mercado de capitales local.

La reforma laboral también abre la puerta a que las compañías dejen de pagar las horas extras con un plus y las compensen con días libres o con jornadas reducidas. Las vacaciones, que hasta ahora debían concederse en verano, podrán ser fraccionadas a lo largo de todo el año. Los sueldos podrán pagarse en cualquier moneda, especie, comida o alojamiento.

Límites al derecho a huelga

El proyecto incluye medidas que debilitan el poder de los sindicatos y sus herramientas de protesta. Una de ellas es que prioriza los acuerdos dentro de cada empresa por encima de los convenios colectivos nacionales por rama de actividad. Establece que esos convenios, claves para las negociaciones salariales en un país con alta inflación – en 2025 fue del 31,5%- dejarán de estar vigentes si no hay acuerdo para renovarlos. En caso de rechazo contra las políticas gubernamentales, los sindicatos tendrán difícil recurrir a la huelga porque se deberán garantizar servicios mínimos del 75% para aquellos servicios considerados esenciales – salud, educación, transporte, energía y agua- y un 50% para sectores trascendentales como bancos, minería, industria y comercio electrónico.

El Ejecutivo hizo numerosas concesiones para garantizar el apoyo de parte de la oposición al proyecto. Los gobernadores provinciales consiguieron que se excluyera una rebaja del Impuesto a las Ganancias que hubiera significado una reducción de 3 billones de pesos (más de 2.000 millones de dólares) para las arcas estatales en fondos que son coparticipables, es decir, que se distribuyen entre los 24 distritos federales del país. Los bancos lograron impedir que los sueldos puedan ser acreditados en billeteras virtuales y los gremios mantuvieron los aportes que realizan los trabajadores y las empresas a las obras sociales con las que ofrecen servicios de salud.

La convocatoria de los sindicatos a movilizarse en rechazo a la reforma laboral tuvo un eco importante en las principales ciudades del país. En Buenos Aires, miles de personas se concentraron frente al Congreso argentino con consignas contra el Gobierno de Milei y contra la precarización laboral de un país en el que 38% de la población es pobre. La protesta fue pacífica durante horas, pero pasadas las cinco de la tarde, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y bombas molotov contra los policías que estaban al otro lado de las vallas de seguridad y estos respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma.

Los equipos de primeros auxilios atendieron a decenas de personas por heridas de diversa consideración causadas por la represión policial y el Ministerio de Seguridad informó de cuatro policías heridos. Cerca de una treintena de manifestantes fueron detenidos por los disturbios. La suerte de la reforma laboral está ahora en manos de la Cámara de Diputados. La oposición kirchnerista ha anticipado que, de ser aprobada, la llevará ante la Justicia por considerarla inconstitucional.

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