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La organización humanitaria dijo que las autoridades fuerzan a los menores a «realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos, malos tratos o tortura».

Tres mil menores de edad se encuentran presos en El Salvador bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, afirmó este martes Human Rights Watch (HRW), que denunció «malos tratos», «detenciones indiscriminadas» y casos de tortura en el país centroamericano. En un informe titulado «Su hijo no existe aquí», la organización documentó casos de violaciones de derechos humanos mientras rigen en El Salvador normas extraordinarias que el presidente Nayib Bukele llegó a elevar a la categoría de «guerra contra las pandillas».

«Su hijo no existe aquí»

El documento da cuenta de numerosas redadas de la policía y el Ejército en comunidades vulnerables, donde la violencia de las pandillas era constante, con un balance de más de 80 mil detenidos, incluidos casi tres mil menores. El texto contabiliza más de mil niños que fueron condenados, con sentencias que van de dos a 12 años de prisión, en algunos casos «por cargos definidos de forma excesivamente amplia como el delito de integrar agrupaciones ilícitas, y frecuentemente sobre la base de testimonios policiales no corroborados», según el texto.

«Los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables en El Salvador han sufrido graves violaciones a los derechos humanos debido a las detenciones indiscriminadas implementadas por el gobierno» del presidente Nayib Bukele, dijo la directora de las Américas de HRW, Juanita Goebertus. «El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades», agregó Goebertus.

«Confesiones falsas y torturas»
Un caso documentado por HRW es el de un estudiante de 16 años que fue detenido en mayo de 2022 en Sensuntepeque, unos kilómetros al nordeste de la capital, San Salvador. «Un familiar dijo a Human Rights Watch que los soldados lo obligaron a desvestirse, le quemaron el torso con un encendedor y le ordenaron que confesara a qué pandilla pertenecía», planteó el informe.

HRW sostuvo que el joven fue acusado de integrar agrupaciones ilícitas «sobre la base de un único testimonio de un ‘testigo criteriado’ anónimo, y condenado a seis años de prisión». Todavía está preso. «En muchos casos las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura», dijo la organización.

Las autoridades salvadoreñas «han tomado pocas medidas, si es que alguna», para proteger a los menores de la violencia de otros presos. Se registraron palizas y agresiones sexuales en prisión, según HRW, que explicó: «Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social».

La ONG salvadoreña Cristosal consignó la semana pasada que al menos 176 niños quedaron huérfanos por el deceso de alguno de sus progenitores presos, mientras que 261 adultos murieron bajo custodia estatal entre 2022 y 2024″. «Esas muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción tienen ese alto costo, de dejar a muchos hijos en la orfandad, pues el Estado incumplió su obligación de garantizar su vida, su salud», sostuvo Zaira Navas, jefa de la unidad de Estado de Derecho de Cristosal, quien advirtió que los muertos en prisión «podrían ser más» pero «la falta de acceso a información oficial» impide conocer el número real.

Revisar casos de detenidos sin evidencia

HRW recomendó «establecer un mecanismo» para revisar los casos de detenidos «sin evidencia creíble y disponer su liberación inmediata». En esta línea HRW propuso «dar prioridad» a la revisión de casos de menores presos, así como personas con discapacidad o graves problemas de salud y mujeres embarazadas. Sobre los menores «identificados de forma creíble como miembros de pandillas, los jueces deberían tener en cuenta factores atenuantes como circunstancias del reclutamiento del niño, el contexto familiar y social y su relativa falta de madurez», dijo la organización.

Según HRW, las sentencias «deben promover siempre la rehabilitación y la reintegración de los menores» tal y como exige la Convención sobre Derechos del Niño y otros instrumentos legales. La ONG pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicar «prontamente» un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el país y solicitar permiso al gobierno de Bukele para visitar las cárceles.

Una «guerra» de largo aliento
Bukele lanzó en marzo de 2022 una «guerra» contra las pandillas al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial. Fue decretado por el Congreso tras una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas. Bukele rechaza terminar el régimen de excepción y desestima las críticas de grupos humanitarios, mientras su comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, niega casos de tortura. Con su cruzada los homicidios se redujeron drásticamente.

En febrero Bukele fue reelegido con el 85 por ciento de los votos. Logró lanzarse a la reelección después de que la Corte Suprema, con mayoría de jueces elegidos por los aliados del mandatario en el Congreso, dictaminó que podía buscar un segundo mandato. Varios sectores políticos y sociales cuestionaron la legitimidad del segundo periodo de Bukele, argumentando que contradice las normas constitucionales del país.

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