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El presidente electo del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León, anunció que suspendería «momentáneamente» las mesas de diálogo para la transición democrática con la administración del actual jefe de Estado, Alejandro Giammattei, debido a los constantes ataques de la Fiscalía guatemalteca contra los resultados de las pasadas elecciones. El más reciente, la apertura de 160 urnas electorales por parte de la autoridad judicial sin la aprobación del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El líder del Movimiento Semilla anunció la suspensión temporal de conversaciones con el actual gobierno guatemalteco hasta que se restablezcan «las condiciones políticas institucionales necesarias», pidiendo explícitamente la renuncia de los altos mandos del Ministerio Público: Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana.

Arévalo señala que existen intentos para dar un «golpe de Estado» por parte de «instituciones del Estado guatemalteco», por lo que solamente la renuncia de los responsables de la Fiscalía «permitirá garantizar el orden constitucional» del país centroamericano.

«Insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedades y a que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales», afirmó el presidente electo durante una rueda de prensa.

La decisión de Arévalo se materializa después de que el Ministerio Público condujera un tercer allanamiento a la sede del TSE, en donde procedieron a abrir 160 cajas que contenían votos emitidos en las elecciones generales del pasado mes de junio, en donde un candidato socialdemócrata salió electo por primera vez en la historia del país. Una decisión que el TSE también ha catalogado como ilegal.

«Es algo sin precedentes en Guatemala. La ley electoral no faculta a nadie poder abrir las cajas electorales, aperturar y ver que hay en las mismas, el escrutinio es exclusivo de las juntas receptoras de votos», sentenció Gloria López, directora electoral del TSE, horas después del allanamiento.

Según el Ministerio Público, las pesquisas realizadas en contra de la autoridad electoral guatemalteca se dan a raíz de la «denuncia de un ciudadano» que habría reportado «irregularidades» en el proceso electoral que llevo a Arévalo a la presidencia.

Un «golpe de Estado» institucional
El ganador de los comicios presidenciales del pasado mes de junio ha denunciado en múltiples ocasiones al Ministerio Público por estar organizando «un golpe de Estado» para evitar su instauración democrática como nuevo presidente. El pasado 1 de septiembre señalo especialmente a la fiscal Consuelo Porras, dirigente principal del Ministerio Público, por estar entorpeciendo la democracia en Guatemala.

Desde el pasado 12 de julio, Porras ha emprendido una investigación en contra del partido de Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla, al que señala por un escándalo de firmas falsas para confirmar su registro ante la autoridad electoral en el 2018, año de fundación del partido.

Sin embargo, los alegatos han sido descartados por el TSE, lo que le ha ganado múltiples allanamientos a su sede además de constantes señalamientos por irregularidades en su vigilancia electoral, lo que podría poner en peligro el desarrollo democrático en Guatemala.

Preocupación internacional por el actuar del Ministerio Público
Por otra parte, diversos actores internacionales han manifestado sus consternaciones en relación al proceso electoral guatemalteco, especialmente a la persecución judicial que Arévalo y su movimiento está sufriendo.

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se encuentra en territorio guatemalteco para monitorear las conversaciones de transición, hoy suspendidas, entre Alejandro Giammattei y el electo Bernardo Arévalo. Unas conversaciones que el dirigente regional ha calificado de «importantes», aunque también llama a «detener la judicialización contra las autoridades electas».

«El Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales», indicó la OEA a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Al norte, desde Washington lamentan el actuar de las autoridades judiciales en Guatemala, a las que acusan de «debilitar» la democracia en el país centroamericano.

Desde su cuenta de X, el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Brian Nichols, condenó la apertura de urnas electorales por parte del Ministerio Público, en un acto que, para el funcionario estadounidense, «debilita la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco.»

Estados Unidos ya ha sancionado con anterioridad a miembros del Ministerio Público, como Rafael Curruchiche, por denuncias de «corrupción y socavamiento de la justicia», por lo que los protagonistas del último escándalo en Guatemala, no son desconocidos para la Casa Blanca.

La suspensión de las conversaciones con el gobierno en funciones podría entorpecer la investidura de Arévalo, junto con su compañera de fórmula Karin Herrera, programado para el próximo 14 de enero.

Con EFE y medios locales

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