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El desafío de Evo Morales y el malestar contra el Gobierno colocan al país ante el riesgo de enfrentamiento civil

Bolivia es desde hace semanas un polvorín. El enfrentamiento entre el Gobierno de Luis Arce y el expresidente Evo Morales ha precipitado una crisis de una magnitud solo comparable con el derrocamiento de este último en noviembre de 2019. La arista más visible del conflicto es el atrincheramiento del líder indígena frente a una andanada de resoluciones judiciales que van desde la ratificación de su inhabilitación para presentarse a unas elecciones presidenciales y la pérdida del control del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó hace casi tres décadas, hasta una orden de arresto por un caso de violación de una menor. Pero en el trasfondo hay un malestar generalizado con el actual Ejecutivo, criticado por su gestión de la economía, la escasez de combustible y de dólares y la inflación.

Morales trata de evitar una detención refugiado en el bastión cocalero del Chapare. Allí, grupos de campesinos tomaron durante horas unos cuarteles militares, intensificaron las protestas y bloquearon carreteras hasta paralizar el transporte en todo el país. Arce, que fue aliado de Morales, ha roto por completo con su antiguo valedor. Ahora es su principal enemigo y no está dispuesto a ceder un milímetro de terreno. La disputa por el poder es muy distinta a la que acorraló a Morales hace cinco años y desencadenó su salida, justo después de unas elecciones, a manos de sectores de derecha y ultraderecha. La dirigente que entonces asumió el cargo de presidenta interina, Jeanine Áñez, está hoy en la cárcel por liderar esa asonada. Por otro lado, el conflicto tiene una vez más en el centro al líder cocalero, que aspira a volver al timón.

La Constitución boliviana establece que una autoridad electa no puede estar más de 10 años en su cargo en el poder ejecutivo de forma continua o discontinua. Morales superó ampliamente ese límite al gobernar entre 2006 y 2019, y ese año se postuló a la presidencia pese a haber perdido un referéndum popular sobre la reelección. Su candidatura solo fue posible porque un tribunal controlado por su partido se lo permitió.

Con estas premisas, el exmandatario ha declarado la guerra a Arce y se dice dispuesto a resistir. Hasta hizo una huelga de hambre para llamar la atención sobre lo que él considera una persecución. La huida hacia adelante de Morales ha contribuido a agravar la crisis poniéndola al borde de un conflicto civil. Sin embargo, la obligación del actual presidente, que en junio sufrió un intento de golpe militar, es la de frenar la escalada de la tensión y atender con urgencia las demandas de la población en materia económica. El riesgo de que la situación se salga de control, generando un escenario de caos en amplias zonas del país, es real. El Gobierno tiene que actuar sin más dilación dejando a un lado las luchas internas por el poder.

EL PAÍS