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El 15 de junio, mediante el Decreto Presidencial No. 1074, el Ejecutivo renovó el periodo de estado de excepción que rige en el Ecuador desde el 16 de marzo, a causa de la pandemia desatada por la Covid-19. En el Decreto se señala que el estado de excepción se declara “por la presencia de la Covid-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano”. Según el artículo 182 de la Constitución del Ecuador “el decreto de estado de emergencia tendrá vigencia hasta por un plazo máximo de sesenta días”. El estado de excepción se decreta por tercera vez consecutiva por parte del Gobierno Nacional, el cual bajo las actuales normativas regiría por un periodo total de 180 días.

Adicionalmente, en referencia a la gestión de “la emergencia económica suscitada en el territorio”, el decreto dispone a facultar a las Fuerzas Armadas al reafirmar que “su participación en el restablecimiento del orden público es complementaria a las acciones de la Policía Nacional en cumplimiento del marco legislativo vigente en materia de Seguridad Pública y del Estado y que su participación específica estará relacionada con la colaboración en el control de las limitaciones de derechos dispuestas”.

Las autoridades gubernamentales utilizan la pandemia como excusa para imponer medidas excepcionales y restringir derechos constitucionales, entre los cuales constan la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. Ante la imposición desenfrenada de medidas neoliberales de choque, entre las cuales constan la liberalización de los derechos laborales y políticas de austeridad, con recortes y despidos masivos, el Estado burgués se blinda en contra de un posible estallido social en rechazo a estas medidas, las cuales representan un atentado frontal y directo en contra de la vida del pueblo. Adicionalmente, el Acuerdo Ministerial No. 179, emitido por el Ministerio de Defensa el 29 de mayo pasado, faculta a las FF.AA. a hacer uso de la fuerza letal en contra del pueblo en operativos de carácter interno, dando una carta abierta al exterminio y asesinato sistemático del pueblo en su intento de defender la vida digna. El capitalismo salvaje no respeta ni la vida, ni la salud, ni la educación, ni mucho menos la dignidad del pueblo, fomentando la exacerbación de las condiciones para una multiplicación de los conflictos de clase.

En medio de la tercera declaratoria de estado de excepción, vendrán nuevos golpes antipopulares en contra de lo público, con un reflujo de medidas de austeridad y plomo para cualquiera que se interponga en la intención del Gobierno Nacional de la precarización total de la vida en el Ecuador. Las élites políticas han encontrado en la Covid-19 a una aliada en su lucha en contra de la vida. De tal manera, el capitalismo vuelve a mostrar su cara más cruda y agresiva en contra de todo lo que se llama pueblo.

REVISTA CRISIS