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El peronismo convierte los subsidios estatales en un arma contra la oposición

Argentina

Usuarios del subterráneo bonaerense abordan un tren, en una imagen de archivo.

La discusión sobre hasta dónde llega el Estado argentino ha tomado la conversación a días de las elecciones presidenciales del 22 de octubre. Los discursos del ultra Javier Milei, puntero en las encuestas y ganador de las primarias, han dejado claro que, de triunfar el domingo, buscará una reducción draconiana de la presencia estatal en la vida de los argentinos, una figura amplia que alcanza aspectos que ni los propios habitantes terminan de entender. La prueba de esto ha sido el último debate iniciado a días de que finalice la campaña. El Gobierno de Alberto Fernández anunció esta semana que los usuarios del transporte público que quieran declinar el beneficio de los subsidios estatales podrán hacerlo. Semejante decisión supondrá, en el mejor de los casos, una subida de 800% en el precio del boleto. La jugada intenta visualizar las ayudas del Ejecutivo en la economía diaria de la población y acallar los discursos que critican la presencia del Estado.

«Todo lo que hace el Estado, lo hace mal», dijo Milei hace apenas tres días en uno de los programas televisivos más vistos de Argentina. «Lo hace mal», repitió. Era el último comentario de una serie de mensajes que el líder del partido La Libertad Avanza ha lanzado contra el Estado. El candidato presidencial ha intentado instalar la idea de que el Estado, tal y como existe actualmente en Argentina, es demasiado grande y gasta dinero en exceso. Para eso ha arremetido infinitas veces contra los apoyos estatales, al despotricar por ejemplo contra las ayudas sociales a los más desfavorecidos. Ha prometido incluso que eliminará ministerios como el de Educación y Salud.

Sus ideas han ganado popularidad entre los votantes que piensan que las ayudas que da el Gobierno son un exceso. «Yo no tengo problemas de que me saquen a mí los subsidios si me garantizan el transporte de otra forma», decía un usuario que se oponía abiertamente a las subvenciones al ser entrevistado este martes en televisión nacional. La frase deja ver una nueva realidad: muchos están dispuestos a votar por el candidato que quiere eliminar el asistencialismo, sin darse cuenta de que también son beneficiarios. De acuerdo al el relevamiento realizado por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina en 2022, más de la mitad de los argentinos recibe al menos un tipo de asistencia social por parte del Estado.

Para visualizar esta cifra, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, señaló en el anuncio hecho esta semana que se buscaba informar a la gente sobre qué significa no tener el subsidio al transporte. Los medios alcanzados son los trenes, que pasarían de valer alrededor de 0,5 dólares el pasaje más caro – al cambio oficial- , a tres dólares. En el caso de los colectivos, saltaría de 0,2 dólares a casi dos dólares. La medida no está pensada para recaudar fondos ni para afectar a los trabajadores, dado que solo lo pagarían quienes quisieran abonar la totalidad del pasaje. Es en realidad una jugada política, para enseñar a los trabajadores lo que pagarían en cada viaje de no contar con el apoyo estatal.

«Estamos en medio de una campaña electoral, en donde muchos, o algunos dirigentes han planteado que los subsidios al transporte no son necesarios para los usuarios», señaló Giuliano en la conferencia de prensa. «Esta medida tiene un sentido de sinceramiento y clarificación con respecto a los temas que están en debate público», insistió, «quienes están de acuerdo con la política de no subsidios, deberían renunciar, les damos esa oportunidad».

Los seguidores de Milei han abanderado en la campaña la idea de que el Estado es el enemigo y lo opuesto a la libertad, el valor central que promueve el candidato ultra. Los más críticos le reprochan al economista, un outsider de la política, el desconocimiento de cómo funciona ese enorme aparato estatal. Los alcances de esa presencia, que se extendió mucho durante los años del kirchnerismo y en la pandemia del coronavirus, se juegan su futuro el próximo domingo en las urnas.

EL PAÍS

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